'Una dictadura matrimonial': OEA acusa a Daniel Ortega de querer aumentar su control en Nicaragua con otra reforma constitucional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó este miércoles al presidente Daniel Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poder con una nueva reforma constitucional, enviada el martes a la Asamblea Nacional.

"La OEA rechaza y repudia la iniciativa de 'ley de reforma' de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder", apuntó en un comunicado la institución.

El Pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los Derechos Humanos, necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres

Según la OEA, el documento de la reforma es "ilegítimo en la forma y el contenido", "constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático".

"El Pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los Derechos Humanos, necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres. El Pueblo Nicaragüense necesita el fin de la dictadura", apuntó la institución con sede en Washington.

La presión diplomática sobre "el régimen dictatorial conyugal" formado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, "debe redoblarse", apuntó el organismo, "para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado".

Ampliar el periodo presidencial y establecer una 'copresidenta', los ejes de la reforma

En la reforma constitucional número 12 desde su llegada al poder en 2007, Ortega propone, entre otras medidas, ampliar de cinco a seis años el periodo presidencial, establecer la figura de "copresidenta" y que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado.

La propuesta fue sometida a la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) por lo que previsiblemente será aprobada sin problema. 

"La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta", que se designarán en elecciones que se celebrarán "cada seis años", no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto. 

Daniel Ortega y Humberto Ortega

Foto:x: ElPais

Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, es señalado por Estados Unidos, la Unión Europa y países de América Latina de instaurar una autocracia en el país. 

La reforma también consigna que "los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense", tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad tras las protestas de 2018.

Ortega y su poderosa esposa acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

La propuesta establece además controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a "intereses extranjeros", y en el caso de las entidades económicas para que no apliquen las sanciones como las que ha impuesto Estados Unidos. "El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas", subrayó. 

Además, "al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, agrega el texto. 

Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.

En la reforma, el gobierno propone la creación de una "Policía Voluntaria", integrada por civiles, como "cuerpo auxiliar y de apoyo" a las fuerzas de seguridad. Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.

Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado "revolucionario" e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN.