Trump y la Corte Penal Internacional: un enfrentamiento que reta al liberalismo institucional

El decreto de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI), uno de los tantos frentes que libra el presidente de EE. UU. con varias entidades internacionales, ya cobró su primera víctima.  

La CPI advirtió este martes que seguirá “cumpliendo con su mandato judicial”, después de que Estados Unidos confirmó que el fiscal Karim Khan es el primer objetivo de las sanciones decretadas por Trump, en respuesta a la investigación a Israel por crímenes de guerra en Gaza.

En una breve reacción, el tribunal subrayó que “deplora que el Gobierno estadounidense haya designado al fiscal de la CPI, Karim Khan, como sujeto de sanciones”.

“La Corte se compromete a seguir cumpliendo su mandato judicial en beneficio de millones de víctimas inocentes de atrocidades. La Corte hace un llamamiento a sus 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en favor de la justicia internacional”, instó la CPI, en reacciones a las medidas tomadas contra el fiscal.

Trump sustenta su arremetida contra la entidad, a la que denuncia por emprender “acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”.

El mandatario hizo así referencia a las órdenes de arresto que el órgano internacional con sede en La Haya emitió el año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, ambos acusados de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en la ofensiva contra Gaza lanzada en octubre del 2023. Mohammed Deif, jefe militar de Hamas, también recibió su propia orden de arresto, publicada antes de que se confirmara su muerte en el 2024 en una operación israelí.

El texto, difundido este jueves 6 de febrero por la Casa Blanca, prohíbe la entrada en Estados Unidos a los directivos, empleados y agentes de la CPI, así como a sus familiares más cercanos y a cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal.

El decreto también prevé congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres, a pesar del fiscal Khan, no se publicaron por el momento.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

Fundada en el 2002, la Corte Penal Internacional fue creada con la firma del Estatuto de Roma, donde la comunidad internacional acordó la necesidad -luego de tragedias como el genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994)- de crear una entidad responsable de perseguir y condenar a los individuos que cometan los crímenes más graves en contra el derecho internacional.

Hasta la fecha, la entidad cuenta con 125 estados miembros y sirve como la única instancia internacional permanente capaz de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos de genocidio y agresión territorial, interviniendo solo cuando las autoridades nacionales de sus estados miembros no pueden o no están dispuestos de perseguir estas causas.

“La CPI tiene como objetivo que estos crímenes no queden impunes, lo cual fortalece la justicia internacional”, resalta en conversación con El Comercio la internacionalista de la PUCP Mayte Dongo Sueiro. “Es relevante porque parte de todo un proceso mundial de varias décadas de llegar a una justicia global, en el que las personas respondan por sus crímenes más allá de su país de procedencia”.

Durante su historia, la CPI ha logrado condenar, por ejemplo, a Thomas Lubanga, líder del movimiento rebelde Unión de Patriotas Congoleños, por crímenes de guerra y reclutamiento de niños soldados. También llevó a juicio al expresidente marfileño Laurent Gbagbo en lo que fue el primer caso en el que un exmandatario fue llevado ante el tribunal, aunque el proceso terminó con la exoneración del político de 79 años.

La Corte Penal Internacional también ha emitido órdenes de arresto contra el líder rebelde ugandés Joseph Kony, el expresidente sudanés Omar al-Bashir y el actual presidente ruso, Vladimir Putin, por sus acciones en Ucrania.

Sin embargo, su aprobación no ha sido unánime, y países como Rusia, China, India, Cuba, Iraq y Estados Unidos no son miembros de la CPI, por lo cual no se someten a su autoridad, una cuestión de soberanía que parece también estar en el centro de los más recientes actos de Trump.

Es así que en opinión de César Llona, internacionalista de la Universidad de Lima, si bien podemos interpretar los actos de Trump como un gesto político que coincide con la visita a la Casa Blanca de Netanyahu el martes 4, también podemos ver el caso como un conflicto de jurisdicción. 

“Ya que la Corte ha declarado que tiene jurisdicción sobre lo que está pasando en Gaza debido a que los supuestos crímenes habrían ocurrido en territorio ‘gazatí’, independiente de la nacionalidad de quienes lo cometan”, considera.

Cabe recordar que si bien Israel firmó el Estatuto de Roma en el 2000, nunca lo ratificó, mientras que la Autoridad Nacional Palestina lo firmó en el 2015, por lo que sí cae en su autoridad.

Es algo que el propio Trump hace muy presente en su decreto, en el cual afirma que las acciones del CPI “establecen un peligroso precedente” que pone en peligro a ciudadanos estadounidenses, al exponerlos a “acosos, abusos y una posible detención”, así como “infringe la soberanía de Estados Unidos”, vulnerando la seguridad nacional y la política exterior del país y sus aliados. Además, tacha a la CPI de crear “una vergonzosa equivalencia moral” entre Hamas e Israel al emitir ambas órdenes de arresto al mismo tiempo.

Es también una actitud nada nueva por parte de EE. UU. Aquí cabe recordar que en el 2002 el Congreso estadounidense pasó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que no solo prohíbe a las entidades gubernamentales y organismos federales, estatales y locales el asistir al CPI, sino que también autoriza al presidente recurrir hasta el uso de fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano de su país detenido por la corte.

El propio Trump se enfrentó con la CPI durante su primer gobierno, con el presidente firmando en junio del 2020 una orden ejecutiva que autorizaba sanciones económicas y restricciones de viaje contra algunos trabajadores del órgano judicial involucrados en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán, las cuales fueron retiradas por su sucesor, Joe Biden, en abril del 2021.

La respuesta de la comunidad internacional a las intenciones de Trump

La decisión de Donald Trump de sancionar a la CPI ha sido condenada por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo figuras de la Unión Europea como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes expresaron su apoyo absoluto al organismo internacional.

“La CPI garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales y da voz a las víctimas de todo el mundo”, escribió von der Leyen en un post en X. “Debe poder proseguir libremente la lucha contra la impunidad global. Europa siempre defenderá la justicia y el respeto del derecho internacional.”

Entre las respuestas más robustas estuvo la de 79 países miembros del tribunal, que consideran que las acciones del mandatario estadounidense “aumentan el riesgo de impunidad de los más graves crímenes y amenazan con socavar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad en el mundo.”

El grupo de países, que incluyen al Perú y a aliados históricos de EE. UU. como México, Chile, Francia, Alemania y el Reino Unido, señala también que estas sanciones “socavarían gravemente todos los casos actualmente bajo investigación” y que “podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de las personas involucradas, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte”.

Quizás para sorpresa de nadie, Israel felicitó las sanciones de Trump, con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, calificando las acciones de la CPI como “inmorales y carentes de base legal”. A este se le unió su par húngaro, Peter Szijjarto, quien acusó a la Corte Penal Internacional de ser ser una “herramienta política tendenciosa”.

¿Cómo entender la nueva arremetida contra la CPI? 

Para César Llona, las recientes sanciones contra la CPI son un reflejo de que el liberalismo institucional que el mundo experimentó durante las últimas décadas está “contra las cuerdas”.

“Los países últimamente vienen priorizando alianzas, así como su seguridad y soberanía, ante un entorno geopolítico complejo donde priman las rivalidades entre las grandes potencias”, comenta. 

“Hemos terminado el breve momento unipolar que siguió a la explosión de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, donde teníamos una hegemonía colaborativa que se encargaba de promover y hacer cumplir un sistema liberal basado en reglas y realmente el idealismo institucional está parado sobre sus talones. Y esto va a tener efectos, ya que dudo mucho de que (Javier) Milei hubiese retirado a Argentina de la OMS si Estados Unidos no hubiese dado un paso similar”.

Una opinión compartida por Dongo Sueiro, quien considera que recientes acciones de EE. UU. como su salida del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de Salud, así como los recortes a Usaid y los actos contra los refugiados, se dan en un marco de “cuestionar la existencia de esquemas multilaterales para resolver los asuntos globales” que han funcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Lo que se está haciendo es atacar todo este armazón de reglas e instituciones internacionales que, a pesar de sus fallas y críticas, intentaban mantener la cooperación y resolver los problemas globales a través del diálogo”, resalta. 

“¿Qué sistema podría reemplazarlo? Pues lo que ya hemos tenido anteriormente, la ley del más fuerte, donde los poderosos son finalmente lo que deciden qué es lo que importa. Algo que no conviene a países como el nuestro, porque no somos una potencia”, remata Dongo Sueiro.