Trump está obligado a ayudar a estos migrantes por orden de una jueza: ¿hasta cuándo está vigente?

En medio de las políticas estrictas que se están aplicando en Estados Unidos sobre materia migratoria, una jueza federal de California le ordenó a la administración Donald Trump a reestablecer temporalmente la asistencia a miles de niños inmigrantes que se encuentran en el país sin el acompañamiento de padres ni tutores.

Según informó la agencia de noticias Associated Press, fue la jueza Araceli Martínez-Olguín de San Francisco quien dictó la sentencia el martes por la noche. La decisión llega después de que, el 21 de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reubicación de Refugiados rescindieran un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, organización sin ánimos de lucro que brinda asistencia legal a niños migrantes. 

La orden entró en vigor el miércoles y estará vigente hasta el próximo miércoles 16 de abril. Sin los recursos de la entidad, aproximadamente 26.000 menores de edad debían comparecer ante un tribunal de inmigración, de acuerdo a la Fundación UFW. Como consecuencia, los defensores plantearon sobre si EE. UU. violaba una ley contra la trata de personas promulgada en 2008 al cancelar la financiación. 

Como continuó explicando el medio, la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de ese año crea protecciones especiales para los jóvenes que no pueden desenvolverse por sí solos en el sistema de inmigración. Además, le exige al gobierno que les proporcione un abogado que los represente y los "proteja del maltrato, la explotación y la trata". 

En esa sintonía, la orden de la jueza, quien fue designada por el anterior presidente Joe Biden, prohíbe al gobierno retirar servicios o fondos que el Congreso había asignado. El contrato de servicios legales tenía un valor de US$200'000.000, una fracción de los US$5.000'000.000 totales que asignó el Congreso.

Donald Trump enfrenta obstáculos en su agenda política migratoria en Estados Unidos

De acuerdo a AP, esta orden de la jueza Araceli Martínez-Olguín representa el tercer gran obstáculo que enfrentó el presidente Donald Trump en menos de una semana, complicando así su agenda política migratoria para completar una campaña de deportaciones histórica en Estados Unidos. 

El primer revés surgió el viernes, cuando un juez federal en Boston dictaminó que las personas sujetas a deportación deben tener una "oportunidad significativa" para presentar su testimonio. Este lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para eliminar las protecciones a cientos de miles de inmigrantes venezolanos.