Tribunal da plazo de 6 meses a Fiscalía para fallar en disputa por predio de la nación en Cartagena

hace 5 horas 14

El Tribunal Superior de Cartagena tuteló los derechos fundamentales de la nación al debido proceso y acceso a la administración de justicia- los cuales fueron invocados por la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena- y ordena a la Fiscalía 20 Seccional Cartagena que en un plazo máximo de 6 meses emita una decisión de fondo y restablezca los derechos frente a la propiedad de la nación de un predio de 15 hectáreas, presuntamente, propiedad de la Aeronáutica Civil en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en el barrio Crespo; en proceso que tiene engavetado el ente investigador.

El alto Tribunal también ordena a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar que ejecute las actuaciones administrativas que estime necesarias en aras de que, en el término otorgado, la Fiscalía 20 Seccional de Cartagena cuente con las condiciones operativas necesarias para tomar una decisión de fondo en la disputa sobre este predio sobre el cual adelanta un proyecto urbanístico la constructora Bocana Desarrolladora Inmobiliaria S.A.S.

La medida impuesta por el Tribunal Superior de Cartagena responde a una acción de tutela interpuesta por el abogado Javier Pinedo Pérez y la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena, quienes denunciaron la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia debido a las demoras injustificadas en el caso.

El predio en disputa está a un costado de la Vía al Mar, uno de los corredores de mayor proyección urbanística de la nación para estrato 4,5 y 6. y sobre él ya se oferta un proyecto para vivienda de lujo.

Demanda de la Oficina de Transparencia
de la Presidencia de la República

La investigación, con radicado 247.749 y bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 (por ello el pronunciamiento lo debe hacer la Fiscalía) se originó a partir de una denuncia presentada el 29 de agosto de 2012 por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, casi 13 años después, no se ha emitido un pronunciamiento definitivo, lo que ha impedido la recuperación de los bienes en litigio, generando un grave detrimento patrimonial para la Nación.

La principal víctima sería la nación

El 26 de febrero de 2025, la Sala admitió la demanda de tutela y vinculó como terceros con interés a la empresa La Bocana Desarrolladora Inmobiliaria S.A.S., la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Regional Bolívar.

Por suparte, la Fiscalía 20 Seccional de Cartagena informó que la investigación fue precluida por la Fiscalía 40 Seccional en septiembre de 2020, negándose en esa instancia el restablecimiento del derecho solicitado por las víctimas.

Sin embargo, en diciembre de 2020, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena revocó parcialmente la decisión, ordenando nuevas diligencias para determinar la validez de los títulos y registros cuestionados.

Retrasos y Argumentos de la Fiscalía

Pese a estas órdenes, hasta la fecha, el ente investigador no ha emitido una resolución definitiva sobre el restablecimiento del derecho.

La Fiscalía Veinte Seccional responde que el expediente consta de más de 8.000 folios y que carece de asistencia suficiente de personal para gestionar la carga de trabajo. Además, indicó que el caso le fue asignado a finales de 2023, pero solo tuvo conocimiento del mismo en 2024 tras una solicitud de una de las víctimas.

No obstante, la Sala de Decisión Penal concluyó que estos argumentos no justifican la mora judicial, ya que la Fiscalía tiene la obligación de dirigir y coordinar las funciones de investigación de manera eficiente. Además, se enfatizó que los funcionarios judiciales deben cumplir con los principios de celeridad y eficiencia establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Como resultado de la decisión judicial, la Fiscalía 20 Seccional debe emitir un pronunciamiento en el término exigido. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.

El caso ha generado gran expectativa, pues involucra bienes de alto valor patrimonial para la Nación y pone en evidencia las falencias en la administración de justicia. Se espera que la Fiscalía actúe con diligencia para resolver de manera definitiva esta situación y evitar que continúe el perjuicio para el Estado y las víctimas implicadas.