Tras volver a hablar de paz en Caracas, Eln pone en jaque al Chocó con un nuevo paro armado

No habían pasado seis horas desde que el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) clausuraron la reunión extraordinaria para ponerle fin a la crisis en el proceso de diálogo, cuando el frente de guerra Occidental de esa guerrilla anunció un nuevo paro armado en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, en Chocó.

La ofensiva del grupo armado, que no solo se limita al confinamiento de la población, sino que ya deja cinco miembros de la Fuerza Pública muertos por la acción de sus francotiradores en Norte de Santander, ocurre después de que su delegación en la mesa dio a entender que no habrá acuerdo sobre la terminación del conflicto en la administración de Gustavo Petro y cuando insiste en aplicar un modelo de negociación basado en la implementación inmediata.

Dicho paro armado generaría el tercer episodio de confinamiento en el Chocó en lo que va del año, el más reciente fue en agosto. Estos, según cifras de la Defensoría del Pueblo, han afectado a 85 comunidades afros e indígenas, equivalentes a unas 45.000 personas. “Hacemos un llamado contundente al Eln: revoque el paro armado indefinido anunciado a partir de este 9 de noviembre (...) que afectará gravemente a las comunidades de la subregión chocoana del San Juan”, señaló la Defensora, Iris Marín.

A estas acciones armadas hay que sumarles 19 ataques en contra del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca, y dos más contra el Bicentenario, en Santander, además del atentado terrorista contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca, que dejó tres soldados muertos.

Otra táctica criminal que parecía cosa del pasado pero que regresó a la estrategia criminal es el uso de los francotiradores, en este caso por parte de la guerrilla del Eln, que ha dejado cuatro militares y un policía muertos este año en Norte de Santander. Para el presidente de Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), esta guerrilla está demostrando la capacidad de entrenamiento y adquisición armamentística, con la compra de fusiles de largo alcance, que en el mercado negro cuestan entre 4.000 y 10.000 dólares.

Desde su cuenta de X, el Ministerio de Defensa condenó este tipo de ataques y manifestó que, “de acuerdo con las primeras investigaciones, este hecho estaría relacionado con el denominado ‘plan pistola’ contra la Fuerza Pública” en Norte de Santander.

De ahí que la voluntad de paz y la cohesión interna del Eln ya no solo se pongan en duda, sino que incluso se cuestione la capacidad del Gobierno de lograr un acuerdo en el corto plazo. Lo anterior está ligado a un tema que sigue planteando enormes interrogantes y que tiene que ver con el modelo de negociación que se planteó y que se aplica desde la reactivación de la mesa en noviembre de 2022: la implementación inmediata de lo acordado.

A diferencia de lo ocurrido en la negociación con las extintas Farc, proceso en el que se estableció que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’, la política de ‘paz total’ plantea, en todas sus mesas, la promulgación de acuerdos y su inmediata implementación en los territorios. Bajo este modelo ya se firmaron 28 acuerdos parciales con el Eln y el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad.

Esta hoja de ruta no ha escapado a las críticas, sobre todo porque varios de los espacios de construcción de los territorios de paz pueden darse mientras el Eln sigue empuñando las armas y ejerciendo presión sobre las comunidades.

“Los hechos han demostrado que en asuntos humanitarios no ha sido posible concretar esos acuerdos y aplicar ese modelo. En el caso concreto del San Juan, que es donde yo trabajo, ha habido acuerdos que son básicos no han sido posibles. Hay transformaciones que el Eln está sugiriendo que no son posible hacerlas si no es en un contexto de posconflicto. Con el Eln en armas esas transformaciones regionales no son posibles y ese punto sigue sin tener un asterisco. Además es muy complicado porque es un tema en el que el Eln puede siempre invocar que el que está incumpliendo es la otra parte”, sostiene Diego Arias, analista de temas de conflicto y paz y excombatiente del M-19.

Frente a este asunto, Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ya había planteado preocupaciones similares cuando se anunció la aplicación del mismo modelo en la negociación con la ‘Segunda Marquetalia’. “Empezar a implementar temas como las transformaciones de los territorios en este contexto, sin dejación, también se puede convertir en un escenario de proselitismo armado complejo que puede desembocar en riesgos para la población y en enfrentamientos entre grupos armados”, le aseveró a este diario.

Y no hay que olvidar que el Eln pretende incluir una ‘cláusula sobre incumplimientos’. Al respecto, Carlos Velandia, promotor de paz y exmiembro del Eln, señala que “cuando uno habla de cláusula de incumplimiento inmediatamente se remite a penalidades, es un término que tiene que ver con lo contractual, pero así no funciona una negociación (...). De todas formas, el Eln no es muy explícito y si uno revisa este documento, se da cuenta de que más que una declaración de principios es un glosario de temas”.

Las dos delegaciones se volverán a reunir el próximo 19 de noviembre, cuando se cumplan dos meses desde la suspensión del proceso.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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