Tras ocho años del acuerdo de paz, la violencia sigue asustando en las regiones: estas son las zonas en conflicto

Tras ocho años de implementación y más de 88 billones invertidos, el acuerdo de paz no ha logrado cambios estructurales en el país. Así lo indica la Contraloría General en su más reciente balance sobre el cumplimiento de los compromisos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Su bajo cumplimiento también se evidencia en el deterioro de la seguridad en varias regiones del país y en la crítica situación en que viven los excombatientes que habitan los Espacios de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Ningún episodio ejemplifica más esta situación que el ataque perpetrado por el Eln contra miembros del Ejército que custodiaban la vida de las personas en reincorporación en el ETCR de La Plancha y que les causó la muerte al cabo segundo Fredys David Robles Romero y a los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí y Fabián José Regino Mora.

Al complejo panorama de orden público para las comunidades y para los firmantes, hay que sumarle los enormes rezagos en la reforma rural integral, el aumento del área sembrada con coca en el país que pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 253.000 en 2023 y la demora en la imposición de sanciones para los máximos responsables de graves delitos durante el conflicto.

“El deterioro de la seguridad territorial, la concentración de las entidades en tareas de planeación y no de ejecución, el avance lento de la indemnización a las víctimas, la baja ejecución de los recursos para la implementación, y la falta de acceso a la información y transparencia por parte del actual Gobierno sobre cómo vamos, son algunos de los hallazgos”, dice Carolina Varela, coordinadora de Del Capitolio al Territorio, de la FIP, quien el viernes presentó un balance de estos ocho años de acuerdo.

Tampoco ayudó que durante este Gobierno se le dio prioridad a la política de ‘paz total’ y que la implementación pasó a un segundo plano. Fue durante esta administración que la Alta Consejería para la Estabilización se transformó en la Unidad de Implementación del Acuerdo, una entidad subordinada a la oficina del comisionado Otty Patiño y que simplemente articula a las otras entidades del sector paz.

Para enmendar el error, el gobierno Petro optó por traer a Juan Fernando Cristo, uno de los artífices del fast track que permitió sacar adelante el acuerdo en el Congreso. Meses después de asumir, el ministro del Interior presentó un plan de choque con cinco puntos (incluida la ampliación de las subregiones Pdet por ocho años) con el que promete acelerar el cumplimiento de lo pactado.

Los rezagos en la implementación y el poco plazo para cumplir lo acordado también generaron una ampliación del Plan Marco –la hoja de ruta del acuerdo– hasta el 2038, es decir, ocho años más de lo planteado inicialmente.

A continuación, EL TIEMPO hace un balance de los puntos claves del documento firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón.

La violencia no da tregua

Desde el 2017 han sido asesinados 432 firmantes del acuerdo, y solo 11 de los autores de esos crímenes han sido condenados. Si bien las cifras de homicidios de los excombatientes vienen disminuyendo desde 2019, cuando alcanzó su pico con 80 casos, siguen siendo preocupantes. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las regiones con más casos son Cauca, Nariño, Caquetá y Antioquia.

Igual de preocupante es el panorama para los que viven en los ETCR. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), desde que funcionan estos espacios, en cuatro de los 24 los firmantes han tenido que abandonar el territorio: Yarí (Meta-Caquetá), Santa Lucía-Ituango (Antioquia), Georgina Ortiz-Vistahermosa (Meta) y Mariana Páez-Mesetas (Meta).

“El Gobierno debe hacer una evaluación profunda de su estrategia de paz e implementar, ahora que puede, de manera efectiva y seria el acuerdo. El tiempo está pasando y el Estado debe llegar a los territorios donde hoy la violencia campea con absoluta libertad”, señaló Pastor Alape, ex-Farc y miembro de Comunes.

Además, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, desde la firma del acuerdo hasta agosto de 2024 se han registrado 1.164 homicidios de líderes, incluidos 114 este año (48,2 % en zonas Pdet). Además, entre 2022 y el 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo, el reclutamiento de menores ha aumentado 552 %.

Tampoco hay reducciones significativas en el número de miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio (en 2023 fueron 84, uno más que en 2016), en los hechos de terrorismo (202 en 2016 y 192 en 2023) o en el secuestro (en 2023 se disparó con 338 casos).

Para Alejandra Miller, encargada de la reincorporación en este gobierno, este deterioro es evidente y coincide con Alape en que la no implementación es una de las causas del problema. “Ese factor permitió que muchos grupos armados fueran resurgiendo en esos territorios, regiones donde el Estado no implementó lo que se había pactado, y eso significó por supuesto que estas estructuras armadas tomaran más fuerza y que hoy tengan altos niveles de control territorial”, le dijo a EL TIEMPO.

Pese a esto, la funcionaria destaca que el 87 % de los firmantes, lo que equivale a 12.105 exguerrilleros, siguen comprometidos con el acuerdo adelantando proyectos productivos individuales o colectivos.

La coca todavía es el motor de la guerra

El más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reveló que durante 2023 los narcocultivos se incrementaron en Colombia en un 10 %, al pasar de 230.000 hectáreas a 253.000. La cifra es más alarmante si se tiene en cuenta que en 2016 estas no superaban las 146.000. De hecho, en el último informe del Instituto Kroc señala la persistencia de la erradicación forzada y la falta de claridad en torno a la sostenibilidad y financiamiento de las estrategias propuestas en la política de drogas.

Otro tema que está en deuda es la implementación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). A la fecha, menos del 1,5 % de las familias beneficiadas han completado la estrategia. “Esto tiene que ver con errores de planeación del programa y con las limitadas capacidades del Estado para operarlo en la escala y en los territorios que se decidió intervenir durante la fase temprana de la implementación, desconociendo criterios de priorización”, dice la FIP.

Con respecto a la reforma rural, uno de los grandes inconvenientes radica en la imposibilidad de tener acceso a datos confiables. Aunque la Agencia Nacional de Tierras sostiene que se han entregado más de 200.000 hectáreas para la reforma en los tres gobiernos, la Contraloría afirma que la cifra de adjudicaciones formales solo llega a las 18.201, es decir, el 2,1 % de la meta de tres millones.

En este punto hay avances en la aprobación del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial Agraria (falta solo la ley ordinaria) o en el que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. “Tenemos responsabilidades significativas de cara a cinco planes sectoriales de la reforma ligados al riego y el drenaje, la asistencia técnica, la extensión agropecuaria, la comercialización y la generación de ingresos”, le dijo a este diario Lizeth Montero, asesora de despacho del Ministerio de Agricultura, sobre los retos de la entidad de cara a estos dos años.

Víctimas aún esperan sanciones y reparación

A la fecha, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 159 máximos responsables de los hechos más graves ocurridos durante el conflicto armado. Se imputaron 55 comparecientes de las extintas Farc, entre ellos el último secretariado de esa guerrilla, así como varios mandos medios de la organización.

También se ha imputado a 100 comparecientes de la Fuerza Pública, entre ellos a siete generales retirados, de los cuales dos han reconocido su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, tres civiles y un exagente del DAS fueron reconocidos por el tribunal como sujetos de responsabilidad por hechos relacionados con el conflicto.

Los 14 máximos responsables de la Fuerza Pública que no han aceptado sus responsabilidades están siendo investigados por la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación, UIA). En la actualidad, se adelanta el primer juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía y en los próximos meses se iniciarán otros juicios. Asimismo, todos los comparecientes de las extintas Farc imputados por la JEP como máximos responsables reconocieron sus responsabilidades por las conductas catalogadas.

Sin embargo, el tribunal para la paz sigue sin emitir sanciones tras ocho años de funcionamiento, aunque evalúa la imposición de sanciones propias a 38 comparecientes que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad.

Los últimos meses han estado marcados por la puja entre la JEP y el antiguo secretariado, quienes hablan de supuestos incumplimientos por parte del tribunal de paz e incluso sostienen que el tribunal se está apartando del sentido con el que fue creado. Los comparecientes critican la posibilidad de que, ante la apertura de múltiples macro-casos, se terminen dictando múltiples sentencias, por lo que han amenazado con apartarse de las determinaciones del tribunal. La respuesta de la JEP ha sido clara en que quienes incumplan sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios.

En cuanto a las víctimas, dice el informe de De Capitolio al Territorio, 1’325.542 han sido indemnizadas (el 17,3 por ciento del total). “A este ritmo, el Estado tardaría 52,6 años en cumplirles a las víctimas”, indican. De acuerdo con la Unidad para la Implementación, durante esta administración se han formulado 79 planes de reparación colectiva, no obstante, este asunto sigue presentando retrasos enormes. “Del total de solicitudes enviadas a los jueces de restitución, solo hay sentencia sobre el 8,9 por ciento de ellas”, dice la FIP.

El futuro de Comunes

La firma del acuerdo de paz trajo consigo la posibilidad de que 10 excombatientes llegaran al Congreso. Si bien se les dio dos periodos legislativos para consolidar una base electoral, todo indica que para 2026-2030 no habrá representantes de ese partido en el Parlamento. En la última elección, de hecho, solo sacaron el 0,19 % del total de votos en Senado y el 0,12 % en Cámara.

“Es un partido que tiene unas bases muy estrechas, más estrechas de lo que se pensaba para este punto y eso anuncia un futuro difícil toda vez que en las próximas elecciones ya no tendrá sus cinco curules aseguradas en cada cámara y que no tendrá la personería jurídica asegurada. Es cierto que han podido aprender un poco del juego democrático y han sido importantes para apoyar el Pacto Histórico en esta coyuntura, pero más allá de eso no hay mucho por destacar”, señaló Yann Basset, docente de la Universidad del Rosario.

Entre los aspectos que siguen presentando rezagos en el punto 2 aparece la falta de una reforma política –la propuesta surte su trámite en el Congreso–, los problemas en las garantías de seguridad para quienes presentan sus candidaturas a cargos de elección popular, especialmente el aumento de la violencia contra las mujeres y el limitado funcionamiento de los consejos territoriales de paz.

En cuanto a los avances legislativos, además del acto legislativo de la jurisdicción agraria, siguen pendientes el 23,4 % (25) de las normas necesarias para implementar el acuerdo, según ‘Del Capitolio al Territorio’. “Alrededor del 70 % de los compromisos sobre participación política (disposiciones sin iniciar y en estado mínimo) a esta fecha carecían de evidencia sobre su viabilidad para ser implementados en el tiempo estipulado en el acuerdo final”, indican desde Kroc.

Se destaca la aprobación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio y la continuidad de instancias claves para la implementación como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) en el componente Comunes y la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos.