El reciente nombramiento de Edwin Palma Egea como nuevo ministro de Minas y Energía de Colombia, en reemplazo de Andrés Camacho, plantea una serie de desafíos que diversos gremios y expertos del sector han destacado como prioritarios.
De acuerdo con las voces, Palma enfrenta una agenda compleja que requiere equilibrar la transición hacia energías limpias con la estabilidad económica que proporcionan los hidrocarburos y la minería.
Para el desarrollo de la misma, la colaboración con los gremios y la definición de políticas claras serán fundamentales para abordar estos desafíos y asegurar un desarrollo sostenible del sector energético en Colombia.
Según el exministro de Minas y Energía, Tomás González, y director del del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el nuevo ministro tiene la gran ventaja de conocer de cerca el tema de hidrocarburos y los problemas financieros de las distribuidoras de energía.
“Esto es fundamental en un momento en que el petróleo y el gas van a ser indispensables para enfrentar la crisis fiscal y para asegurar que no haya un apagón financiero del sector”, manifestó.
El ministro Palma recibe, según señaló González, un sector marcado por los problemas de suministro de electricidad y gas, una inversión debilitada, trabas para el desarrollo de nuevos proyectos y una bomba de tiempo financiera en el sector eléctrico.
“Tiene una oportunidad de oro para demostrar que el pragmatismo y una agenda de trabajo efectiva con la empresas no son incompatibles con las banderas políticas del Gobierno de descarbonización y protección de los más vulnerables. Todo lo contrario: no solo no son incompatibles, sino que ambas agendas pueden reforzarse mutuamente”, argumentó.
En ese mismo sentido, el expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, enumeró cuatro retos para el ministro: “el primero es no mentirle al país como lo hicieron su antecesores; el segundo es no negar la difícil situación en el abastecimiento de gas y tomar medidas que le permitan al país garantizarlo hasta 2030; y el tercero es no asfixiar financieramente al sector eléctrico, poniéndose al día en deudas y subsidios, y dejar de hacer populismo con las tarifas; buscar soluciones. En cuarto lugar está el reto de rectificar la política de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, que destruirá a Ecopetrol, al país, y a los trabajadores de la industria, afiliados aún algunos a la USO que él presidió”, manifestó.
Andrés Camacho es el exministro de Minas y Energía. Foto:Mauricio Moreno
Por su parte, Luis Guillermo Acosta, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), enfatizó en la necesidad de definir una hoja de ruta clara para la transición energética.
“Es crucial reconocer al sector de los hidrocarburos como un pilar fundamental de la economía nacional, representando un promedio anual del 5,3 por ciento del PIB, aproximadamente el 42 por ciento de las exportaciones totales, el 22 por ciento de la inversión extranjera directa y el 9 por ciento de los ingresos del Gobierno”, dijo.
Frank Pearl, el actual presidente de la ACP explicó que ya han compartido espacios de diálogo sobre la seguridad energética del país y el camino para una transición energética ordenada y responsable con los territorios, las comunidades y trabajadores.
“Le reiteramos el compromiso de la industria del petróleo, gas y combustibles líquidos con ser parte de las soluciones que requiere el país para garantizar el abastecimiento energético y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Este sector es un actor clave en la construcción del futuro energético. Estamos listos para seguir trabajando de manera articulada con el Gobierno, la industria y las comunidades, en un marco de diálogo y cooperación, para afrontar los retos energéticos con visión de largo plazo”, apuntó.
Los servicios públicos requieren un cambio. Foto:iStock
Mientras que Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), subrayó la importancia de avanzar en la reforma de la Ley 142 de servicios públicos.
“Es esencial continuar con proyectos de energía eólica y solar en regiones como La Guajira para materializar los objetivos de la transición energética”, señaló.
Además, Sánchez resaltó la necesidad de fortalecer el uso del gas como componente clave en este proceso.
La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), espera que, con el nombramiento y gestión de Edwin Palma, se fortalezca la seguridad energética del país.
”Juntos, trabajaremos en seguir impulsando un suministro confiable y asequible para los colombianos. El gas representa bienestar y calidad de vida para más de 36 millones de colombianos e impulsa la movilidad de cerca de 350.000 vehículos en el país. Además, es un recurso clave para la competitividad de más de 5.000 industrias y comercios, y juega un papel fundamental en la reducción de gases emisiones al tiempo que impulsamos tecnologías como el biogás, biometano e hidrógeno”, destacó el gremio .
En el sentido de las preocupaciones, la Asociación Colombiana de Minería, ACM, ha expresado preocupación por un decreto gubernamental que permite al Ministerio de Ambiente declarar zonas ambientales transitorias por cinco años, renovables.
Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, advirtió que esta medida genera incertidumbre legal para los inversionistas y podría paralizar el sector minero.
“Esta situación es especialmente relevante en regiones como Santurbán, Santander, donde hay interés en la exploración de oro”, destacó el líder gremial.