Todo indica que están los votos para que la ley sobre el SGP sea aprobada en Cámara

La reforma al Sistema General de Participaciones parece no tener freno. Esta semana, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en su séptimo debate y se espera que en las próximas semanas la plenaria de esa corporación discuta por última vez el proyecto. Y todo indica que los votos estarían para aprobarlo.

No en vano, puso a votar en el mismo sentido al Pacto Histórico y al Centro Democrático, algo que pocas veces se ha visto en los dos años y medio del actual Congreso.

La reforma, que pasó de agache durante sus primeros cinco debates, la viene promoviendo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desde antes de ingresar al Gobierno. Y tras una intensa puja en el gabinete –pues pesos pesados como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director nacional de Planeación, Alexander López, se oponían–, el propio presidente Gustavo Petro la respaldó, tras acordar que las transacciones serían del 39,5 por ciento y no del 45, como se pretendía.

Según el ministro Cristo, este proyecto busca cumplir con la Constitución Política al promover la descentralización y darles más dientes a las regiones para que administren los recursos.

“Me sorprende la irresponsabilidad de algunos tecnócratas encerrados en sus oficinas en Bogotá, con sus proyecciones incompletas sobre la reforma para la autonomía territorial del SGP. Solo suman las transferencias, pero no restan las competencias que la Nación deja de asumir y transfiere a las regiones. Un llamado a la reflexión: ¿Por qué el grito desesperado desde los gobiernos locales por la descentralización? La gente está cansada del centralismo que no soluciona sus problemas y que ha fracasado en responder a las necesidades de los territorios”, dijo precisamente ayer en defensa del proyecto.

La senadora Angélica Lozano ha lanzado serias advertencias sobre el proyecto. Para ella, las transferencias debían ser del 36 por ciento, pero fue derrotada en ese propósito. Tras la aprobación del séptimo debate, aseguró que “es positivo que se busque la eficiencia del gasto y se priorice la educación”, pero alertó que “es negativo que el aval fiscal no sea requisito en la ley de competencias”.

Y es que según está establecido en el proyecto, este solo entrará en vigencia cuando se tramite una ley de competencias que definirá las reglas de este nuevo modelo. Por ejemplo, no se descarta que desaparezcan entidades para evitar duplicidad de funciones.