'Tenemos que adelgazar el Estado a nivel central': Cristo tras aprobación de reforma

La Cámara de Representantes aprobó la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca darles más recursos a las regiones. Es, sin duda, la modificaciones más trascendental a la Carta Magna de las últimas décadas. 

En entrevista con EL TIEMPO el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre los alcances de la iniciativa, de la que solo falta la conciliación. 

Hacia la medianoche de este lunes se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Esto qué significa para los territorios, para las regiones y parar los colombianos?

Significa, sin lugar a dudas, un paso adelante de Colombia hacia una mayor autonomía territorial con sostenibilidad fiscal en el país. En un anhelo de décadas de las regiones de Colombia. Este es un país que en los últimos 30 años ha venido creciendo de manera muy desigual. Tenemos ciudades que son del primer mundo, con educación bilingüe, con acceso a tecnología, con buena salud, educación, infraestructura. Y, al mismo tiempo, ciudades que parecen del cuarto mundo, donde no hay acueducto, no hay agua potable, no hay acceso a una educación de calidad. Hay toda una diferencia entre un niño que nace en Istmina, Chocó, a un niño que nace en el norte de Bogotá o en Medellín o en Cali. Lo que estamos buscando y lo que el Congreso aprobó, casi que por unanimidad, es avanzar hacia esa autonomía territorial. El acto legislativo lo que significa es un punto de partida para esa discusión, no un punto de llegada.

¿Qué viene ahora? 

Se sientan las bases de un Estado que tenemos que adelgazar a nivel central y fortalecerlo donde más lo necesitan los ciudadanos que es en el nivel territorial. A partir de ahora viene una gran discusión, la oportunidad de un gran acuerdo nacional, con la discusión de la ley de competencias. Este proyecto lo votaron desde la bancada del Pacto Histórico hasta la del Centro Democrático, para que se hagan una idea del sentimiento que hay en todo el país, reflejado en el Congreso, para avanzar en esa autonomía.

Actualmente de cada 100 pesos que tiene la nación, unos 24 se van para las regiones. Con la reforma, serán casi 40...

Pero hace dos años, sin la reforma, estaban recibiendo 19, 20 pesos. En los últimos años ha venido creciendo. Hay que decirlo, desde el 2001 hasta el 2024 el Estado central se ha quedado con más de 350 billones de pesos que si no se hubiera hecho la reforma del 2001, si se hubiera cumplido la Constitución de 1991, se hubieran girado a los departamentos y municipios. El principal propósito de este proyecto es cerrar las brechas territoriales, avanzar en cobertura de calidad en salud, educación y agua potable, y que los municipios y departamentos tengan los recursos para cumplir con esa tarea.

¿Cuándo se va a radicar esa ley de competencias y en qué va a consistir esa iniciativa, en la que se podrían contemplar la desaparición de entidades del nivel central?

Primero tenemos que conciliar los textos. El Senado le dio 6 meses al Gobierno Nacional para presentar la ley de competencias. La Cámara lo modificó y amplió a 12 meses. En ese tema, con el algunos otros puntuales, vendrá la conciliación del texto esta semana para la siguiente votarse. Pero, en cualquier caso, el Gobierno empieza a trabajar desde ya, los ministerios de Interior y Hacienda, y Planeación Nacional, en la preparación del proyecto de ley. Vamos a escuchar a todos los colombianos, la academia, los economistas, los alcaldes, gobernadores, al sector salud, educación, para que podamos hacer una extraordinaria ley que garantice transferencia de recursos con competencias, el control de esos recursos, que se midan en indicadores que puedan demostrar cómo esta autonomía territorial sí va en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos. Tendremos hasta el 31 de diciembre del 2026 para aprobar esa ley y poder comenzar a aplicar esta norma constitucional a partir del 1.° de enero del 2027.

Hay dos temas que preocupan. Uno es el tema de esas competencias, muchos se preguntan por qué no se discutieron primero las competencias que se van a trasladar a los territorios y luego sí hablamos de los montos. El otro, es la transparencia y el manejo de esos recursos, más cuando en buena parte de los municipios esas rentas están capturadas por parte de los grupos violentos, que incluso saben cuáles son los montos que se les están girando hoy y están extorsionando a esas administraciones locales y regionales. Es un fenómeno que no es de ahora. ¿Cómo se van a controlar esos dos temas?

Son temas que se tienen que afrontar con reforma de autonomía territorial o sin ella. Ahora algunos amigos del centralismo pretenden culpar a la autonomía territorial por todos los problemas que el país ha sufrido en un régimen centralista como el de antes. Me llama mucho la atención que algunos hayan pretendido invertir la pirámide de Kensel durante este debate. Para uno expedir una ley de competencias necesita primero una reforma constitucional. Ahora, ni vamos a transferir competencias sin recursos ni recursos sin competencias. Hay leyes de ordenamiento territorial muy bien hechas, perfectamente escritas, que han sido un saludo a la bandera. No nos metamos mentiras, la discusión es sobre el poder y los recursos.

Y sobre los grupos ilegales...

La ley de competencias hay que dejar claramente establecido que esa transferencia de recursos y competencias no puede ser la misma para todos los departamentos y municipios. Tiene que se gradual y diferencial. No solamente por cuestiones de orden público, sino también por cuestiones de capacidad institucional. Una reflexión, todos los días venimos denunciando ese control territorial de los grupos violentos. Acá, la discusión es la del huevo y la gallina. ¿Por qué hay ese control territorial de los grupos violentos? Porque el Estado no ejerce control territorial, porque el Estado no está presente en los territorios. Allí es donde tenemos que llegar con un Estado más poderoso y no raquítico de lo que tenemos hoy.

¿Qué tanto se va a adelgazar la administración central?

Eso lo va a definir la ley de competencias y se tiene que definir técnicamente. ¿Qué competencias se van a trasladar? Les señalo algunas, inicialmente: la educación de 0 a 3 años tiene que ser asumida por la bolsa de SGP por departamentos y municipios, quedó planteado que los departamentos y municipios tendrán que financiar los dos primeros años de la educación superior. Otro caso son las vías terciarias en el país. ¿Quién hace mejor las vías terciarias? ¿Quién sabe dónde es importante y prioritaria una vida terciaria? ¿Cómo puede beneficiar a los campesinos para que saquen sus productos? ¿El alcalde municipal o un funcionario de Invías que no conoce las regiones y que tiene que ir a conocer? Traslademos esas funciones y eso significa una reducción del tamaño de Invías para que haga solo lo que tiene que hacer a nivel nacional y dejemos en los departamentos y municipios las vías secundarias y terciarias. Por ejemplo, el DPS se creó con un propósito fundamental: hacer las transferencias a la población vulnerable. Hoy en día el DPS hace de todo, por todo el país. Esas cosas como plazas de mercado, vías urbanas, las tienen que hacer las alcaldías. Eso significa una reducción del tamaño del DPS y una reorientación de su función.

Si un departamento de aquí a mañana no puede con el manejo de los recursos, si no son efectivos, ¿la ley contemplará alguna acción?

Tiene que contemplar una intervención excepcional con unos requisitos muy claros también para no invadir la autonomía territorial pero tiene que estar contemplado allí.

ERNESTO CORTÉS 

Editor general de EL TIEMPO

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política