Semana crucial para tres reformas del gobierno de Gustavo Petro: SGP, Justicia y salud

El Congreso retoma funciones después de una semana en la que la atención se la llevó totalmente la COP16; incluso los senadores y representantes se volcaron a los eventos en el marco de esta cumbre, como lo fue el Foro Interparlamentario. La reanudación de las tareas será bastante intensa, pues se entrará a definir el futuro de tres proyectos que le interesan al Gobierno.

Las iniciativas que se espera que tengan un importante movimiento en los próximos cinco días son las reformas del Sistema General de Participaciones (SGP), la judicial y la de salud. De estas, la única que tendrá un trámite oficial en su respectiva instancia es la primera, el resto serán discusiones en las oficinas de los legisladores y de los funcionarios del Gobierno en las que se tomarán decisiones que marcarán su futuro.

Después de la gran polémica que se dio durante toda la semana pasada, la plenaria del Senado retomará la discusión del proyecto para aumentar los recursos del SGP de aquí a 10 años. Está agendada para la sesión de hoy y se espera que se incluyan los acuerdos logrados en el seno del gobierno de Gustavo Petro para lograr el apoyo del primer mandatario al texto. Aunque ya se bajó un poco la agitación, todo apunta a que será un acalorado debate (ver nota anexa).

En cuanto a la reforma de la justicia, el proyecto no tiene ni siquiera la ponencia para primer debate, pero viene antecedido del debate de su artículo 7, en el que se proponen beneficios de rebaja de penas a los procesados por delitos graves contra niños, niñas y adolescentes. “En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, dice el cuestionado punto del proyecto.

Este punto de la propuesta no tiene mucho futuro. Una constancia firmada por 120 congresistas ya hizo saber que no aguantará una votación, sea en la comisión o en plenaria. Gran parte de la polémica alrededor de este asunto es que su debate se da justo en una temporada en la que se han presentado varios casos de violencia contra menores de edad: los asesinatos de la niña Sofía Delgado, en Candelaria, Valle del Cauca, y del niño Alexis Delgado, en San Cayetano, Cundinamarca.

Frente a esta situación, el senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, afirmó que “hay tres caminos que puede tomar la Comisión I. Uno, eliminar todo el artículo 7. Segundo, aprobar lo que presentaron los autores. Y, tercero, que es una propuesta que he presentado, mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trate de desmantelar bandas criminales”.

Desde el Ministerio de Justicia se ha defendido dicho punto como una herramienta para garantizar la resolución de casos en los que los menores son víctimas, pues hay un alto grado de impunidad.

Precisamente, se presume que entre mañana y el miércoles se defina el futuro de este artículo, así lo confirmó el senador Motoa. Los ponentes se reunirán para comenzar a discutir el texto que presentarán ante la Comisión Primera de Senado. Este punto será crucial para definir los apoyos que tendrá el proyecto.

Aunque ha habido gran polémica por el artículo en cuestión, la propuesta tiene buen recibimiento en el Legislativo. Como lo contó EL TIEMPO en la edición de este domingo, la reforma judicial ha generado tranquilidad en el Congreso pues viene impulsada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, más allá de la participación de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la fiscal Luz Adriana Camargo.

Si se elimina o adapta el artículo y se hacen otras modificaciones a otros puntos que generan resquemores, hay un ambiente favorable para que el proyecto tenga un trámite exitoso. De esta forma, se lograría un objetivo que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro desde la época del exministro de Justicia Néstor Osuna.

La reforma de la salud también tendrá avances esta semana con la radicación de su ponencia para el primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. Los ponentes comentaron que estaban haciendo los últimos ajustes para el texto final. Incluso se tuvo contemplado que la propuesta llegara el viernes de la semana pasada, pero los tiempos no lo permitieron.

El contenido de la propuesta será crucial para saber si el texto tendrá los cuatro debates para convertirse en ley o si nuevamente se archivará. A este aspecto de la ponencia hay que sumarle otra discusión en el Ejecutivo y es la posibilidad de radicar mensaje de urgencia para la reforma de la salud. Este diario supo que el asunto se había sondeado con varios congresistas y los ministros de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) y del Interior (Juan Fernando Cristo) confirmaron dicha posibilidad.

Sin embargo, esta movida podría ponerle freno al debate, pues la figura implicaría debates conjuntos, lo que significa que la Comisión Séptima de Senado tendría que hacer el mismo trámite que ya viene adelantado su célula homóloga en la Cámara. Además, podría complicar la agenda en la instancia que pronto tendrá que darle su tercer debate a la reforma laboral. Sin embargo, en el Ejecutivo aún se cuestionan si es viable o no esta movida.

Otros proyectos

Además de la agenda directamente relacionada con el Gobierno, esta semana también está en el orden del día la propuesta de transfuguismo, de la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y que viene impulsada por varios miembros del Pacto Histórico. Está en el primer lugar de la sesión del martes de la Comisión Primera de Senado. La propuesta termina yendo en contravía de la propuesta de reforma política que lidera el ministro Juan Fernando Cristo.

Este texto es muy importante para la coalición de izquierdas, que está buscando consolidarse como un partido único. Sin embargo, varios de sus referentes llegaron al Congreso por colectividades que no quieren renunciar a su personería. Sin este proyecto, el plan ordenado por el presidente Petro se hace más difícil de cumplir.

Las polémicas sobre la reforma del SGP

La discusión de la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) ya pasó su capítulo más complicado la semana pesada. El debate en el seno del Ejecutivo puso en duda su futuro. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro terminó decantándose por la propuesta. Esto le da una especie de vía libre en el Senado, donde ya tenía un ambiente favorable.

Sin embargo, la propuesta aún debe pasar por las adecuaciones del texto para cumplir con el compromiso adquirido con el primer mandatario. Para que le diera su apoyo, Gustavo Petro puso tres condiciones: no puede aplicarse el aumento del SGP si no hay una ley que defina las competencias nuevas que asumen los municipios y departamentos; el incremento en el rubro de educación del SGP deberá destinarse a aumentar de 10 a 14 años la cobertura por persona, y hacer explícito que el aumento se hace con el propósito del cierre de las brechas en los territorios.

Parte de la discusión de estos días será la forma en que se hacen los cambios en el texto para agregar los requerimientos presidenciales. El ponente, el senador Ariel Ávila, señaló hace unos días que el primer punto ya estaba presente en la propuesta original, pero tendrá que hacerse aún más notoria en la redacción para poner como condición que el aumento en los giros a los municipios y departamentos solo se dé cuando se les asignen más competencias.

Desde Cali, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que la propuesta dejará explícita la condición de mayores funciones para que haya más dinero. Asimismo, se le fijará un plazo de dos años al Congreso para que tramite una ley ordinaria en la que fije nuevas competencias y responsabilidad a los gobiernos municipales y departamentales. En esa línea indicó que esta será una de las discusiones del gran acuerdo nacional.

Por otro lado está la controversia frente al porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que implicará el Sistema General de Participaciones de aquí a 10 años, fijados como periodo de transición. La propuesta original llega al 46,6 por ciento cuando se complete el aumento progresivo. Sin embargo, sectores indican que es insostenible ese monto. En esa lógica, piden bajarle. Algunos dicen que debería dejarse en 42 por ciento y otros hacen una reducción mayor.

En ese último grupo está la senadora Angélica Lozano: “Mundo ideal poder pasar del 21 al 46 por ciento como dice la ponencia, el lío es que no es realista poderlo cumplir. Propongo aumentar del 21 al 37 por ciento como dijo la Misión de Descentralización”. Este será el debate más fuerte que se evidenciará hoy en la plenaria del Senado, pues en el resto de aspectos hay más consenso.