El secuestro en las últimas horas del ganadero Cristian Serrano, en el sur del Cesar, sacude a este sector y a la comunidad del Caribe, en medio de un contexto tenso de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del Gobierno, denunció que el grupo armado sería responsable del rapto, que ocurrió el pasado 7 de noviembre a las 11:15 a. m. en la finca Villa Juliana, vereda Los Ángeles, Río de Oro (Cesar).
La denuncia fue hecha pública por Lafaurie a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde alertó a los ganaderos del Cesar y Norte de Santander.
Según él, la guerrilla del ELN es la principal sospechosa del hecho, a partir de los testimonios de los familiares de Serrano.
"Alertamos a los ganaderos de la zona del Sur del César y de Norte de Santander del secuestro de Cristian Serrano ocurrido hace apenas unas pocas horas por parte del ELN", manifestó Lafaurie. Inmediatamente después del secuestro, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militares y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para coordinar las labores de búsqueda y establecer el paradero del ganadero.
Este secuestro se suma a un clima de tensión ante el reciente comunicado en Caracas donde las delegaciones del Gobierno y el ELN se comprometieron a continuar el proceso de paz. En dicho comunicado, se anunció una reunión entre ambas partes, prevista del 19 al 25 de noviembre, en la que se retomará la visión de paz establecida en marzo de 2023, buscando avanzar en un nuevo modelo de negociación para los próximos 20 meses.
Lafaurie criticó la falta de acciones contundentes de parte del ELN, señalando una contradicción evidente: “Mientras en Caracas emiten un comunicado sobre la continuidad del proceso de paz, el ELN perpetra acciones como el secuestro de Cristian Serrano, lo que nos muestra la gravedad de la crisis en las negociaciones y la falta de garantías para la paz en las zonas afectadas”.
Para agravar la situación, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN decretó un paro armado en Chocó, que iniciará el 9 de noviembre. El cese de actividades fue anunciado solo horas después de que el ELN y el Gobierno evaluaran el proceso de paz, lo cual generó críticas y dudas sobre el verdadero compromiso de la guerrilla en la búsqueda de una salida dialogada al conflicto. "¿Un paro armado en los ríos San Juan, Sipí y Cajón justo después de una reunión en Caracas? Es una burla a la paz que se busca", señaló Lafaurie.
En este contexto, la comunidad ganadera expresa su temor ante el impacto de estas acciones sobre su seguridad y su capacidad de trabajo en una región donde las extorsiones y los secuestros han sido históricamente comunes. Desde Fedegán, Lafaurie anunció que la Federación mantendrá un monitoreo constante de la situación, en solidaridad con la familia de Serrano y en respaldo a las autoridades encargadas del caso.
Por su parte, el ELN ha afirmado en su declaración de principios que busca alcanzar una "democratización" y una solución al conflicto armado mediante transformaciones políticas y sociales. Sin embargo, el accionar reciente de la guerrilla, como el secuestro en Cesar y el paro armado en Chocó, genera escepticismo tanto en los sectores afectados como en la opinión pública.
Las próximas semanas serán determinantes para el proceso de paz, en el que se pretende establecer un acuerdo que dé solución a décadas de violencia en Colombia. Las delegaciones de ambas partes tendrán que lidiar con la presión de una sociedad que exige paz, pero también garantías de seguridad en los territorios afectados. Con la mirada puesta en la próxima mesa de diálogo, persisten las dudas sobre si el ELN está realmente dispuesto a dar un paso definitivo hacia la paz o si el ciclo de violencia continuará como hasta ahora.
Este secuestro y las acciones armadas contrastan con los objetivos de paz anunciados y generan una tensión adicional en el proceso de negociación. La comunidad afectada, junto con líderes gremiales y autoridades, espera que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de un proceso de paz cuya credibilidad sigue siendo puesta a prueba.
Cartagena