‘Se perderían 451.000 empleos con las preguntas de la consulta popular’: Fedesarrollo

Lejos de ayudar a generar empleo y reducir la informalidad, dos de los grandes flagelos del mercado laboral colombiano, las 12 preguntas de la consulta popular que anunció el Gobierno para revivir la reforma laboral podrían llevar a complicar aún más las cosas. Así lo asegura Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, quien en entrevista con EL TIEMPO dice que el mayor impacto lo sentirían los pequeños establecimientos comerciales a los que el costo mensual de la nómina se les elevaría un 10 por ciento.

¿Resuelven las preguntas de la consulta popular los problemas del mercado laboral? 

No, las preguntas que ha publicado el Gobierno van en la misma línea de la laboral que había propuesto anteriormente y que fue hundida en dos ocasiones por el Congreso. Como el espíritu es exactamente el mismo, las consecuencias serían iguales. En particular, vemos que se enfocan en aumentar el costo del empleo formal y, por ende, el efecto inmediato será un aumento de la informalidad de 2 puntos porcentuales y una pérdida de unos 451.000 empleos. Además, se dejan de lado los costos asociados a la formalidad laboral.

En definitiva, siguen los mismos problemas del proyecto original. Tal vez la única diferencia es que no se incorpora el elemento del aumento en los costos de la indemnización por despidos sin justa causa, que era bastante costoso.

¿Cuáles son las preguntas que más le preocupan y que considera que se deberían replantear? 

El espíritu debería ser distinto, porque cuando uno lee las preguntas están alineadas con la propuesta original del Gobierno que pretendía aumentar el costo del empleo formal. Recordemos que la propia exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez dijo en su momento que la reforma no estaba enfocada en generar empleo. Entonces, diría que es una reforma que hay que replantear completamente para tocar temas de fondo como la informalidad.

Si bien vale la pena discutir elementos ahí planteados como hasta dónde debe ir la jornada diurna o cuál debe ser recargo dominical o festivo, ese no puede ser el componente central de un proyecto que pretende resolver dos grandes problemas, que son las tasas de desempleo de largo plazo de 10 por ciento y una informalidad del 57 por ciento. Hay preocupaciones específicas sobre muchas de estas preguntas. Por ejemplo, estos recargos suenan bien para el trabajador, pero van a tener una afectación importante, en especial, para el sector del comercio que depende de operaciones en horarios nocturnos y en dominicales.

¿Cuánto calculan que se incrementarían los costos laborales de llegar a materializarse las preguntas planteadas?

Estamos calculando los costos que generaría a nivel general. En concreto, para un microestablecimiento comercial estimamos que el aumento del costo mensual de la nómina sería del 10 por ciento, lo que generaría un impacto sustancial pues estas pequeñas empresas tienen márgenes pequeños de entre 2 y 3 por ciento. Sería un choque muy negativo que generaría desincentivos a la generación del empleo formal.

¿Qué implicaciones considera que podría tener la pregunta del contrato laboral de los aprendices del Sena?

Cuando uno revisa los indicadores del mercado laboral, las tasas de desempleo más altas las tienen los jóvenes. Con esta medida que tiene un objetivo loable, que es aumentar la remuneración de los aprendices, se generaría el incentivo completamente contrario y las pequeñas o medianas empresas que estén en el margen de decidir si volverse formales o mantenerse en la informalidad. Al ver que cuando son formales deben cumplir con regulaciones de este estilo y contratar aprendices a un costo similar al de un empleado de salario mínimo tendrían menores incentivos. Este tipo de medidas generan infortunadamente más barreras al empleo formal para aquellas personas o grupos etarios que tienen más problemas para acceder.

¿Qué le parece la pregunta que dice que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas deberían recibir tasas preferenciales?

En algunos elementos de la política pública ya existen medidas de este estilo, por lo que no debería ser parte de las 12 preguntas de la consulta. El Gobierno Nacional, a través de la política pública, puede cambiar ese mecanismo de incentivos y tratamiento preferencial a través de la banca de segundo piso. Por ejemplo, de Bancóldex o Findeter. Entonces es una medida que luce razonable y hay que mirarla en detalle, pero no creo que debería ser parte de esta consulta.

¿Qué elementos cree que hicieron falta incluir en la consulta?

Nuestra visión es que el mecanismo para discutir una laboral no debería ser una consulta popular. Entonces más que pensar en preguntas para incluir o sustituir, nuestro llamado es a que se haga un debate de una reforma en el Congreso, pero una que aborde no solo los elementos relacionados con aumentar el costo del empleo formal, sino especialmente cómo eliminar barreras al empleo formal y cómo generar más incentivos para aumentar la demanda de trabajo.

¿Qué considera que se debería hacer para reducir informalidad, generar empleos de calidad y aumentar la productividad?

La informalidad en Colombia es del 57 por ciento y la gran mayoría de independientes son cuenta propia, con bajos niveles de educación y menos de un salario mínimo. En ese sentido, el componente de calidad, formación y pertinencia para el trabajo va a ser fundamental para que las personas tengan habilidades requeridas por el mercado laboral. Una parte de la alta tasa de desempleo se debe a que hay una diferencia entre las habilidades con las que salen muchos jóvenes y la demanda del sector productivo. Por tanto, esta debe ser una política de Estado.

En segundo lugar, se tiene que pensar en mejorar la protección de los trabajadores formales. En vez de tratar a través de una reforma de forzar un poco aumentos del costo del empleo formal, una alternativa que se puede pensar es crear un seguro de desempleo no contributivo que permita que personas, especialmente entre uno y tres salarios mínimos, puedan acceder a un seguro a cargo de un financiamiento público.

Y el tercer elemento tiene que ver con una reforma a nuestro sistema de cotización de seguridad social. Infortunadamente tenemos un sistema regresivo en el que un independiente debe contribuir mucho más proporcionalmente frente a su ingreso que aquellas personas que tienen salarios más altos, lo que implica repensar las contribuciones especialmente de salud. Hemos hablado de poner tarifas de contribución progresivas que incentiven a que la gente pueda pensar que hay beneficios por ser formal y no como es hoy que la regulación le obliga a un independiente a pagar casi el 30 por ciento de sus ingresos.

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