'Se está saliendo de las manos': la gobernadora del Meta habla sobre la crisis por las protestas en contra de los peajes en su departamento

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se ha pronunciado en múltiples ocasiones, e incluso ha hecho un llamado al Gobierno Nacional, para pedir una pronta solución a las protestas de la comunidad del departamento en los peajes de Puente Amarillo, Ocoa, Iracá y la Libertad, en las vías que conducen de Villavicencio a Casanare, Guaviare y Vichada.

En diálogo con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, la mandataria departamental se mostró preocupada con respecto a esta problemática que ya lleva más de tres meses registrándose en su región, ya que asegura que se han hecho varios esfuerzos para dialogar con la comunidad: “Se han hecho unas mesas de diálogo, según el decreto 003, que es el que regula la protesta como tal; ya van más de 16 mesas. ¿Y eso qué ha generado? Que hoy en día tengamos problemas de orden público. La situación de orden público se ha acrecentado en el departamento de Meta. Hace unos pocos días hubo enfrentamientos, se han sacado niños reclutados, más de 12 niños. La Fuerza Pública calcula, nos cuenta inteligencia, que han entrado más de 300 personas, municiones, carga, o sea, de todo ha pasado, tráfico de estupefacientes”.

¿De qué peaje estamos hablando y qué argumentan los manifestantes que están levantando estas varas de los peajes?

Está el de Puente Amarillo, hacia Yopal, está el de Puente de la Libertad, que es hacia Puerto Gaitán, está el de Locoa e Iracá. El de Locoa es hacia San José del Guaviare y en Iracá hay dos peajes. Los manifestantes tienen levantada la vara, son manifestantes con intereses políticos. Los manifestantes son gente que ha aspirado a Consejos, a Gobernaciones, que ha perdido y que utiliza siempre los peajes para hacer sus actividades políticas. Y, como tú puedes ver, en esos peajes lo que hace la gente es que pasa y monta su cajita y ahí recogen dinero. Y pasan y pasan los tiempos, y se calculan pérdidas millonarias, pero lo que más me está angustiando a mí es la situación de orden público que se está presentando en el departamento abierto.

¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene que no se ejerza un control efectivo sobre estos peajes para la seguridad de su departamento?

Que no hay control en los peajes y que hoy en día se calcula que han entrado más de 300 personas del Cauca que están en una pelea fuerte con ‘Iván Mordisco’, que no está en las mesas de diálogo. Han entrado 300 personas, de las cuales muchas han empezado a enfrentarse con la Fuerza Pública. Ha habido más de 12 niños reclutados que hemos recuperado y se han entregado 15 guerrilleros. Se calcula que se ha dado de baja más de 10 guerrilleros y eso ha generado en el sur del Meta un problema de orden público muy tenaz, porque, como no hay control, entran municiones, cargamento, se entra a los niños reclutados del Cauca y eso con el fin de apoyar a ‘Iván Mordisco’, que está también en una guerra frontal muy fuerte con alias Calarcá, que está aquí en el departamento del Meta, y por supuesto con la Fuerza Pública.

¿A cuánto ascienden los costos de no recaudo en estos peajes, gobernadora?

Lo más importante y lo que más me tiene angustiada es el problema de orden público que se viene presentando en el departamento del Meta

Se calcula que más de 50.000 millones de pesos. Tengo obras paralizadas de las concesiones hacia Puerto Gaitán y también hacia San José del Guaviare. También se habla de que estos manifestantes no saben que se reponen 20 o 30 millones diarios en estos peajes. Entonces, la pregunta mía es: ¿a quién le estamos dando el dinero? ¿A esos manifestantes con intereses políticos que son los que aspiran cada cuatro años, cada dos años, a sus cuestiones políticas, y estamos dejando que el departamento pierda la infraestructura y la conectividad? Pero, lo más importante y lo que más me tiene angustiada es el problema de orden público que se viene presentando en el departamento del Meta.

¿Dónde está la autoridad, gobernadora? ¿Dónde está el Ministerio del Interior? ¿Dónde está el Ministerio de Transporte? ¿Dónde está el Ministerio de Defensa? ¿Dónde está el director de la Policía? ¿Dónde está el comandante del Ejército? ¿Usted ha hecho un llamado a la autoridad o se ha reunido con ellos? ¿Qué le han contestado?

He estado en mesas de diálogo, en mesas de concertación, para ayudar a avanzar en el tema, pero yo no veo ninguna intención de estos grupos manifestantes con intereses políticos de quererla terminar. Se le han propuesto varias opciones de negociación, pero no se avanza. Hemos estado acá con PMU, con los llamados de apoyo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, a todos a que nos ayuden, porque esto se está saliendo de las manos.

¿Ha recibido respuestas del Gobierno Nacional?

Hasta el momento hemos tenido reuniones, reuniones y reuniones, pero yo no he visto la efectividad porque el resultado después de tres meses y medio ha sido el mismo, todavía siguen los mismos peajes con la vara levantada.

¿Esto ya está generando malestar entre los trabajadores de las concesionarias?

Mira, ¿cuántas personas no se han quedado sin trabajo? Y, desafortunadamente, muchos de ellos van a perder su trabajo porque tres meses y medio, ustedes entenderán, para las concesionarias también es un poco complejo sostener estas nóminas. Ya se intentó, la idea es que vuelva y se retome el control de las taquillas. Más o menos se calcula que 1.500 empleos se están perdiendo o tienen riesgo de perderse. La idea es que la Fuerza Pública pueda lograr que estas personas tomen el control nuevamente de estas taquillas, pero reitero que es la situación de orden público la que me tiene muy angustiada.

¿Para usted, no hay un reclamo real por la instalación de estos peajes? ¿Para usted, lo que hay es un oportunismo político de querer alterar el orden público en esas zonas?

La determinación de un peaje, si es ilegal o no, le compete a la Rama Judicial

Cuando se levantó la vara de Puente Amarillo, la Gobernación del Meta mandó un oficio al tribunal para que avanzara en la acción popular que se había establecido porque supuestamente era ilegal el peaje. Se mandó el oficio para que se avanzara en la acción popular, pero no se ha determinado. La determinación de un peaje, si es ilegal o no, le compete a la Rama Judicial. Es un juez de la República el que puede decir si es ilegal o no, pero eso es muy complejo para a decirlo la gobernadora, los alcaldes o la ANI, porque no es competencia de nosotros, lo tiene que dirimir un juez. Entonces, a los manifestantes con intereses políticos se les ha dicho, porque se sabe quiénes son, pero cuando se presenta a una mesa de diálogo una propuesta clara, ni siquiera hay un punto de encuentro. Yo les decía: ‘Hay que sentarnos a negociar porque para concertar hay que negociar’. 16 mesas, cumpliendo el decreto 003, y no ha pasado nada; tres meses y medio y el departamento del Meta sigue perdiendo a nivel de orden público y a nivel de seguridad.

La gobernadora finalizó el diálogo con EL TIEMPO asegurando que denunciará la situación actual del departamento en el encuentro de la Cámara Colombiana de Infraestructura que se va a llevar a cabo este miércoles en la ciudad de Cartagena para lograr acciones concretas por parte de las autoridades nacionales y regionales.