El tribunal de Roma invalidó la detención en Albania de 12 solicitantes de asilo que fueron llevados a ese país en virtud de un acuerdo con el gobierno de Italia.
Conforme a los criterios de
El tribunal invocó una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la lista de países de origen considerados "seguros" por parte los países de acogida, en virtud de la cual los 12 migrantes, procedentes de Bangladés y Egipto, no cumplen los criterios de retención previstos en el acuerdo entre Italia y Albania y deberían en principio ser devueltos a Italia.
"Las detenciones no fueron validadas en adopción de los principios vinculantes para los jueces nacionales y la propia Administración, enunciados por el reciente fallo del TJUE", agregaron los jueces.
Según medios locales, los migrantes serán devueltos mañana a territorio italiano.
El gobierno de Giorgia Meloni, líder del partido Fratelli d'Italia (FDI), firmó en 2023 un acuerdo con Albania, que no forma parte de la Unión Europea, para crear dos centros de acogida allí, desde los cuales los migrantes rescatados en el Mediterráneo pueden solicitar asilo.
Este acuerdo de cinco años, cuyo costo para Italia se estima en 160 millones de euros anuales (unos 173 millones de dólares) se aplica a hombres adultos interceptados por la marina o la guardia costera italiana en su área de búsqueda y rescate en aguas internacionales.
El procedimiento prevé varias etapas. Primero se lleva a cabo la identificación en un barco militar, luego se trasladan los migrantes a un centro en el norte de Albania, situado en el puerto de Shengjin, para una nueva identificación, y finalmente a otro centro albanés, una antigua base militar en Gjader.
Los primeros 16 migrantes llegaron a Albania el miércoles, pero cuatro de ellos fueron devueltos de inmediato a Italia, dos por ser menores y otros dos por necesitar atención médica.
La decisión judicial provocó reacciones y la oenegé Sea-Watch Italia dijo en la red social X que "el espectáculo mediático organizado por el gobierno de Meloni choca con el derecho nacional e internacional".
Por su parte, el partido de la primera ministra protestó contra una decisión judicial que califica de "absurda".
Algunos magistrados politizados han decidido que no hay países de origen seguros: es imposible repatriar a quien ingresa ilegalmente, está prohibido repatriar inmigrantes ilegales
"Algunos magistrados politizados han decidido que no hay países de origen seguros: es imposible repatriar a quien ingresa ilegalmente, está prohibido repatriar inmigrantes ilegales. Les gustaría abolir las fronteras de Italia, no lo permitiremos", indico FDI en X.
El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, aseguró que el Gobierno seguirá adelante con su plan de externalización migratoria en Albania y anunció que apelarán la sentencia.
"No solo iremos adelante con los recursos judiciales, sino que seguiremos adelante también con estas iniciativas porque desde el 2026, aquello que Italia está realizando en Albania, se convertirá en derecho europeo", dijo Piantedosi durante una rueda de prensa en la cumbre italo-francesa sobre migración que se celebra en la ciudad italiana de Ventimiglia, en el norte de Italia.
El vicepresidente del Gobierno y también titular de Exteriores, Antonio Tajani, también presente en la cumbre, dijo que el Ejecutivo continuará defendiendo su plan porque "cree que es justo hacerlo en sintonía" con la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, que vio con buenos ojos el modelo italiano de externalizar la migración en un país fuera de la Unión Europea.
"Estamos acostumbrados a respetar las decisiones del poder judicial, pero querría que se respetaran las decisiones del Ejecutivo y el legislativo porque una democracia se basa en la división de poderes", agregó Tajani.
Por su parte, los partidos de la oposición celebraron la sentencia y pidieron a Meloni que desmantele el sistema creado en Albania y pida disculpas a la población italiana ante los miles de millones de euros gastados en un proyecto que ven ilegal y sin recorrido.
Tras la decisión de la Justicia, parece abrirse una pugna entre el poder judicial y la coalición gubernamental en torno a la cuestión migratoria, uno de los caballos de batalla del Gobierno.