Reforma laboral: lo que incluyó el proyecto y los riesgos que se advierten para mantener y generar más empleo

La reforma laboral está al borde de convertirse en otra derrota del Ejecutivo en el Congreso de la República, luego de que el martes de la presente semana se radicara en el Legislativo una ponencia de archivo del actual proyecto gubernamental que se discute con 8 de 14 firmas a favor del hundimiento de la iniciativa.

Sí esas mistas firmas que avalan el archivo del proyecto se mantienen el día que se deba votar el proyecto, el hundimiento será una realidad, hasta tanto, se mantiene el curso legal de proyecto. Si se archiva, será la segunda ocasión en la que el Legislativo le dice no a un proyecto de esta naturaleza y alcance.

Pero, ¿qué es lo que tiene tan distanciados a quienes apoyan y a quienes rechazan esta iniciativa que se juega un segundo tiempo en el Congreso de la República y que hoy la tiene al borde de su archivo?

Y es que mientas Antonio Sanguino, nuevo ministro del Trabajo señaló que con esa iniciativa se busca "avanzar en una concertación que ponga al país a tono con las normas y los estándares internacionales democráticos", en materia laboral, del lado de los empresarios colombianos y de entidades como el Banco de la República, no cesan las advertencias sobre el impacto que dicha iniciativa tendría no solo sobre la sostenibilidad de los empleos actuales sino también sobre la generación de nuevas plazas de trabajo, dado el incremento que tendría sobre los costos de las nóminas, que algunos sectores estiman en más del 32 por ciento.

Como se recuerda, la ponencia está para su discusión, claro está, una vez se vote la ponencia de archivo que se presentó el martes anterior, mantiene dos de los artículos clave iniciales: el que adelanta la jornada nocturna de las 9 a las 7 de la noche, lo que implicaría que trabajar después de esa hora tendría un recargo nocturno del 25 por ciento. El otro es el que eleva el recargo del día de descanso obligatorio o festivo del 75 al ciento por ciento.

Su implementación sería gradual de la siguiente manera: a partir de julio de 2025 se incrementaría el recargo a 80 por ciento; en julio de 2026 se elevaría a 90 por ciento; y en julio del 2027 se llegaría al ciento por ciento.

Para los estudiantes en práctica también el proyecto define nuevas condiciones, toda vez que conserva los artículos que indican que el contrato de aprendizaje es laboral y a término fijo, al tiempo que el aprendiz recibirá de la empresa una paga del correspondiente al 60 por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente en la etapa lectiva y de un mínimo en la práctica.

Otro de los aspectos que trae dicha iniciativa apunta a que las empresas obligadas a cumplir on la cuota de aprendizaje deban cancelar al Sena un valor mensual que corresponderá a 1,8 salarios mínimos por cada aprendiz que no contraten.

De otro lado, establece que la licencia de paternidad aumente de manera progresiva hasta llegar a cuatro semanas en el 2026, así: en el 2025 subirá a tres semanas y en el 2026 llegará a cuatro semanas (un mes).

A los puntos anteriores se suman también propuestas como que haya licencias remuneradas para los trabajadores que necesiten asistir a las obligaciones escolares de sus hijos, atender asuntos judiciales o legales relacionados con violencias basadas en género de las que sean víctimas o acudir a citas médicas programadas o de urgencia.

En este último punto se incluyen los casos en los que la mujer trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada.

Adicional a ello, en la ponencia está la nueva licencia remunerada de tres días hábiles por casarse, también se incluyen los casos en los que la mujer trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada.

Los riesgos

Algunos sectores de la economía han venido advirtiendo de los riesgos que se generan con la aprobación de una iniciativa como la que persigue el Gobierno y que podría quedar archivada si se mantienen las firmas que apoyan la ponencia presentada esta semana. 

Análisis elaborados por el equipo económico del Banco de la República indican que uno de los mayores riesgos con un proyecto en esas condiciones es la pérdida de 450.000 empleos, sobre todo, como consecuencia del adelanto en el horario de la  jornada nocturna y el pago de horas extras propuesto en el proyecto actual.

Desde el Observatorio de Gremios prevén que los costos operacionales solo en las Mipymes se elevarían entre 17 y 34 por ciento, similar a lo que plantean los comerciantes del 32 por ciento, lo que dispararía el desempleo entre un 1,7 y un 3,4 por ciento, y reduciría la formalidad de 7 a 14  por ciento.

La gran preocupación de la mayoría de los empresarios colombianos radica en que Colombia es un país en el que el 97 por ciento de su aparato productivo está conformado por pequeñas y medianas empresas.

“Como hemos venido diciendo (la reforma laboral) no tiene en cuenta a los más de 3 millones de desempleados ni a los 14.514.000 colombianos que viven en la informalidad, que representan el 56 por ciento de la población ocupada”, señala Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes, para quien, según datos oficiales, la difícil coyuntura ha acelerado el cierre de empresas. "Entre 2022 y 2024 la creación de empresas cayó 8,4 por ciento; el cierre de empresas se incrementó en 23,2 por ciento y el año anterior se registró el mayor número de cierres de empresas de los últimos ocho años", insistió el vocero gremial. 

En similar sentido se ha pronunciado Bruce Mac Master, quien advierte que la mayoría de los artículos antiempleo del primer proyecto los recoge la iniciativa actual, que no solo pone en riesgo más de medio millón de puestos de trabajo formales actuales, sino que además, deja al país a en una clara situación en la que la informalidad se disparará, de llegar a aprobarse.

Para Andrés Francisco Monroy Fonseca, gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co., aunque es difícil cuantificar el dato exacto de desaparición de empresas por el impacto de la reforma laboral, en especial porque su supervivencia depende de varios factores como la tasa de cambio, el crecimiento de la economía y los impuestos, entre otros, hoy varios estudios y análisis, como los hechos por el Consejo Gremial Nacional, que señalan que al menos entre el 10 y el 15  por ciento de las pymes podrían cerrar como consecuencia de los elevados costos laborales y la reducción de flexibilidad en la contratación.

Y advierte que las pymes que más se afectarían por los efectos de este proyecto de ley, serían las que hacen parte de los sectores industriales y de comercio, de seguridad privada y aseo, y las plataformas digitales de reparto, como Rappi.

Un estudio adelantado por dicha firma, indica que los principales riesgos ocultos que hay detrás de esa iniciativa son el encarecimiento de la la mano de obra en un 20 por ciento, debido al aumento de las horas extras y algunos parafiscales; se limitarían los contratos temporales elevando los costos administrativos un 25  por ciento, dado que el proyecto restringe el uso de este tipo de vinculación laboral con el propósito de fomentar la contratación directa.

También se incrementaría el ausentismo laboral un 10 por ciento, como consecuencia de elevarse las licencias remuneradas;  de igual form se restringiría los despidos de empleados en condición de vulnerabilidad, cuadriplicando el costo de las indemnizaciones, lo que se suma al incremento en el costo de las nóminas debido al aumento en los recargos nocturnos y horas extras.