Radiografía del desplazamiento forzado en Colombia: cada día 573 personas son víctimas de este flagelo

El 13 de febrero de este año, tres días después de que el Eln decretó paro armado en la subregión del San Juan (Chocó), y en medio del eco de las balas por los enfrentamientos entre el ‘clan del Golfo’ y la guerrilla, 40 familias de la comunidad Chambacú, jurisdicción del municipio de Sipí, tuvieron que salir huyendo de sus tierras hacia Negría, en inmediaciones de Istmina. Entre los desplazados se encontraban 31 adultos, 28 menores y 4 madres lactantes, quienes desde mucho antes de este episodio ya veían cómo sus derechos estaban siendo vulnerados: tenían restringida la movilidad tanto terrestre como fluvial y las actividades cotidianas estaban paralizadas.

Este desplazamiento masivo evidenció, una vez más, la compleja situación de seguridad en el Chocó, donde los habitantes son víctimas constantes de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Además, es el reflejo de la difícil situación humanitaria en términos de desplazamiento y confinamiento que se vive en las regiones en donde el Estado no hace presencia.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) sobre impacto humanitario en Colombia, en lo corrido del año más de 183.400 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno o confinamiento debido a las acciones de los grupos armados, siendo el Pacifico la región más afectada.

Los datos del organismo, que fueron citados en el más reciente informe del secretario general de la ONU, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indican que entre el 1.º de enero y el 31 de julio hubo 121.659 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 41.974 tuvieron que abandonar sus hogares en un total de 97 eventos masivos (aquellos en los que más de 10 hogares o cincuenta personas sufrieron afectaciones).

Estas cifras equivalen a un aumento del 30 por ciento en número de afectados con respecto al mismo periodo de 2023 cuando 32.395 personas fueron víctimas de desplazamiento masivo. Según la Ocha, los municipios más afectados por la crisis humanitaria son Alto Baudó (Chocó), Argelia, Timbiquí y Suarez (Cauca), Cumbitara, Magüí, Olaya Herrera, El Charco y Policarpa (Nariño), Riohacha (La Guajira), Buenaventura (Valle del Cauca).

Las 79.685 personas que no aparecen en el registro de desplazamiento masivo son víctimas de la expulsión individual de sus territorios, de acuerdo con el conteo de las víctimas de la Unidad para las Víctimas y el análisis realizado por Blumont. Este fenómeno, según explica la Ocha, obedece a una estrategia de los grupos armados para “invisibilizar el desplazamiento masivo”, estrategia que de acuerdo con el organismo genera un subregistro de casos y que dificulta el acceso a la asistencia humanitaria.

El 42 por ciento del total de casos a nivel nacional están concentrados en Nariño, departamento en el que, en el marco de la política de ‘paz total’, se adelanta un proceso de negociación con el frente Comuneros del Sur y en donde hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc y de la ‘Segunda Marquetalia’.

La situación es crítica en los municipios de El Charco (en donde hubo un incremento del 195 por ciento en el número de víctimas con respecto a 2023), Olaya Herrera (80 por ciento) y Magüí (61 por ciento). Los enfrentamientos entre los grupos armados en esta región han generado desplazamientos en municipios en los que antes no se registraban casos como Policarpa, Cumbitara, Leiva, Santa Bárbara (Iscuandé), Samaniego y Mosquera.

“Es importante destacar que si la tendencia de desplazamientos individuales se mantiene, podría llegar a alrededor de 200.000 personas para finales de 2024, lo que constituiría el año con mayor número de registros después de la firma del acuerdo de paz”, dice el informe del organismo.

Los efectos de los enfrentamientos

“Deben abandonar ya mismo el caserío porque el grupo fraccionalista de Calarcá, con apoyo de la Fuerza Pública, se tomó el caserío, por lo que la comunidad debe abandonarlo para que no queden en medio de las confrontaciones armadas”, decía un mensaje recibido por los habitantes de la vereda El Guamo, inspección de Remolinos del Caguán, municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) luego de que hombres del frente Carolina Ramírez, del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, ingresarán a la región en agosto de este año.

'Iván Mordisco' y Gustavo Petro

Foto:EFE / Presidencia

El mensaje hace referencia a la guerra que se desató entre este último frente, leal a alias Iván Mordisco, y el Jorge Suárez Briceño, bajo la sombra de alias Calarcá, tras el fraccionamiento, en abril de este año, de lo que en el pasado se llamó ‘Estado Mayor Central’ (Emc). De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona, recogidos por la alerta temprana 023-2024 de la Defensoría del Pueblo, la población estaba expuesta a las acusaciones directas e indirectas por su supuesta simpatía con un bando u otro y quedó en el fuego cruzado.

Esta situación generó el desplazamiento de 250 personas el pasado 20 de septiembre y obligó a las personas, según testimonios de la propia comunidad, a salir en medio de la noche a la zona selvática en busca de refugio y hacerlo sin suministros.

“Era inminente, era una situación insostenible que iba a generar un desplazamiento forzado. Lamentablemente conocimos, después de que nuestra regional había hecho un comité territorial de justicia transicional para declarar el confinamiento en la zona, que la población recibió un mensaje de voz de las disidencias en las que alertó y les pidieron retirarse porque iba a haber enfrentamientos en la zona. Es un desplazamiento masivo que tristemente había sido alertado por la Defensoría del Pueblo”, señaló Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.

Si bien a la zona fueron movilizadas tropas del Ejército que permitieron el regreso de las familias a sus hogares, el miedo en la región persiste. “No ha habido acciones concretas y contundentes para mitigar definitivamente esta situación”, señaló Edwin Leal, defensor del pueblo de Caquetá a medios locales.

La política de 'paz total' no ha pacificado las regiones

Entre las principales causas de desplazamiento masivo, los enfrentamientos entre actores no estatales concentran el 44 por ciento de los casos, seguidas de las amenazas (22 %), los combates con actores estatales (17 %), los hostigamientos (8 %), las incursiones (6 %) y otros hechos no identificados (4 %).

“La ‘paz total’ y las negociaciones con los grupos armados no han logrado modificar las condiciones del conflicto y la violencia en estas regiones. En las zonas de dominio de las disidencias se consolidó su control social y territorial. Las zonas de disputa continúan generando afectaciones humanitarias y violencia contra la población civil. Se evidencia particularmente un aumento en las acciones de confinamiento, homicidios a líderes y desplazamiento masivo en la región”, plantea el análisis ‘Segundo año de Petro. ¿Dónde está el cambio?’, un documento de la Fundación Ideas para la Paz que hace un balance territorial de la política insignia de este Gobierno.

Pero así como en el Caquetá la situación es crítica, en el departamento de Cauca ya desborda las capacidades del Estado. En ese departamento, entre enero y julio de este año, ocurrieron 24 desplazamientos masivos, hechos que afectaron aproximadamente a 11.779 personas. “17 de estas emergencias fueron provocadas por acciones armadas tras la suspensión del cese del fuego con el Emc”, indica la Ocha. El organismo indica que municipios como Argelia, que tiene 3.911 víctimas de desplazamiento y 400 víctimas de confinamiento; Timbiquí, con 3.600; y Suárez, con 2.065, concentran el mayor número de víctimas en el departamento.

Frente a estos episodios, el Gobierno ha optado por priorizar la implementación del acuerdo de paz, asunto que ven como prioritario en aras de acabar con este flagelo. Para ello el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, firmaron el pasado 30 de septiembre una carta de entendimiento para promover la protección y garantía de los derechos de las personas en riesgo o en situación de desplazamiento forzado interno y confinamiento.

Según la cartera, con la firma de este documento se busca mejorar las capacidades técnicas del Ministerio del Interior para el reforzamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Lo que estamos gestionando con las agencias de cooperación internacional de las Naciones Unidas es que tengan en cuenta el plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz en sus planeaciones de 2025. Así podremos disminuir la conflictividad y proteger de una manera más efectiva a la población que ha sido desplazada”, señaló el ministro Cristo.

Cabe mencionar que con corte al 31 de agosto de 2024, el Registro Único de Víctimas (RUV) indica que el número de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia es de 8’718.931.

CAMILO A. CASTILLO 

Periodista de Política