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Al Congreso de la República llegó un proyecto que ley que tiene como propósito promover la protección integral de la violencia de género digital. La iniciativa fue presentada esta semana por las senadoras Ana María Castañeda (Cambio Radical), Clara López Obregón (Pacto Histórico) y la representante a la Cámara Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana).
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"En un esfuerzo por abordar y combatir la incesante problemática de la violencia de género en el ámbito digital, se ha radicado un proyecto que busca establecer medidas de sensibilización, prevención, protección y reparación para garantizar los derechos fundamentales de dignidad, intimidad y una vida libre de violencias en entornos digitales", informaron las congresistas en la presentación de la iniciativa que deberá superar cuatro debates para convertirse en ley.
El principal objetivo del proyecto es penalizar las conductas que constituyen violencia de género digital a través del uso indebido de la tecnología. Se contemplan sanciones que pueden ir de 16 a 54 meses de cárcel, así como multas entre 13 y 1.500 salarios mínimos legales vigentes para quienes ejerzan algún tipo de violencia digital.
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“Es fundamental que como sociedad reconozcamos la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la que se presenta en el entorno digital. Estamos seguras que esta es la ley que necesitamos, una iniciativa consensuada con expertas para dar un paso decisivo hacia la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de un ambiente digital seguro y respetuoso”, complementaron las parlamentarias.
Las claves del proyecto de ley
- La creación de estrategias de sensibilización sobre el uso responsable de las TIC desde los ámbitos educativos, laboral y salud. Esto incluye en el primer caso, la capacitación de docentes y la inclusión de contenidos sobre violencia de género digital en los planes de estudio.
- La puesta en marcha de una Ruta Única de Atención para las víctimas de violencia de género digital, que integrará servicios de asesoría, apoyo psicológico y legal. Además, se establecerán mecanismos de protección de urgencia para garantizar la seguridad de las víctimas.
- La posibilidad de realizar audiencias cerradas en casos de violencia de género digital para proteger la identidad de las víctimas.
- La implementación de mecanismos que faciliten la denuncia y el acceso a la justicia para las personas afectadas. Además, ordena a las entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, a aplicar la perspectiva de género en todas las actuaciones relacionadas con la violencia de género digital, asegurando que se tomen en cuenta las particularidades de cada caso.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política
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