La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que decidir si asume o no la ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en la que piden imputar al presidente Gustavo Petro y al gerente de su campaña en 2022, Ricardo Roa -actual presidente de Ecopetrol-, por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó al primer mandatario al poder.
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EL TIEMPO le cuenta quién es quién en el CNE y cómo está el ambiente de cara a la votación para definir si dicha petición se aprueba o se niega. Hay que recordar que no se ha dado la directriz para reintegrar al liberal Altus Alejandro Baquero (la Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado de apartarlo del cargo por diferencias de criterio en cuanto a su experiencia mientras se pronuncia de fondo sobre una tutela de Baquero). En el consejo electoral hay apenas ocho magistrados y la mayoría de las votaciones en temas contrarios al Gobierno han terminado 5-3, cuando la mayoría requerida es de seis votos.
Una vez Baquero sea notificado, el CNE volverá a contar con nueve votos. Si no se ponen de acuerdo, esto abre el paso a que se tengan que nombrar conjueces para tomar la decisión.
Hay otros dos escenarios que también aplazarían la decisión de fondo por unas semanas más. Por un lado, es posible que la magistrada del Pacto Histórico Alba Lucía Velásquez pida tiempo para revisar la ponencia de manera oficial ya que estaba incapacitada y recién se reintegró el 13 de septiembre. También existe la posibilidad de que se evalúe un recurso interpuesto por el apoderado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, el cual cuestiona la decisión del Consejo de Estado que dio el visto bueno al CNE y a la Comisión de Acusación para investigar al primer mandatario.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)
Durante dos períodos consecutivos fue representante a la Cámara por el departamento del Huila por el partido Centro Democrático. Además, ha ocupado distintos cargos en el sector público: fue director nacional de Registro civil, director de Control Interno y secretario general del IDEAM y secretario de gobierno del Huila, entre otros.
Además, se le recuerda por ser uno de los férreos opositores al plebiscito por la paz. Prada fue uno de los magistrados que radicó la ponencia de imputación y uno de los que votará por la imputación.
Hay que recordar que Prada está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia en el caso de falsos testigos que también tiene en juicio al expresidente y jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal)
El otro magistrado del Consejo Nacional Electoral que radicó la ponencia de 314 páginas fue Benjamín Ortiz Torres, abogado de la Universidad La Gran Colombia y bajo el manto del partido Liberal.
Ortiz Torres es especialista en derecho constitucional, electoral y administrativo y a ejercido como secretario general del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la administración de Alexander Vega.
También trabajó en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Superintendencia de Transporte.
Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico)
Velásquez, abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá, es una de las magistradas cercanas al gobierno Petro que posiblemente votará en contra de la ponencia.
Su carrera política, que incluye su paso por la alcaldía de Cáqueza, siempre ha estado vinculada al Polo Democrático. En las pasadas elecciones, fue una de las personas que hizo parte del equipo jurídico a cargo del preconteo y el escrutinio del Pacto Histórico.
Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico)
Otra de las magistradas con línea cercana a la del presidente Petro es Fabiola Márquez, abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Administrativo.
La otra 'ficha' del Pacto Histórico, trabajó como contratista de la Secretaría de Gobierno durante la alcaldía de Gustavo Petro y además fue delegada del Consejo Nacional Electoral para escrutinios generales en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República 2018.
Además, fue contratista en temas jurídicos de la segunda Vicepresidencia de la Cámara de Representantes cuando esta estaba a cargo de Inti Asprilla (Alianza Verde).
Maritza Martínez Aristizábal (La U)
La elegida por el partido de 'La U' para ocupar un asiento en el CNE, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y de 2010 a 2022 estuvo en el Senado de la República, en donde logró ser primera vicepresidente.
Además, fue magistrada auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado y candidata a la gobernación del departamento del Meta.
Sería uno de los votos a favor de la ponencia radicada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz Torres. Actualmente es la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Alfonso Campo Martínez (Conservador)
De origen Conservador, Campo Martínez, nacido en Valledupar, fue director de la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno de Iván Duque.
También fue presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), fiscal de la Unidad de Activos y Extinción de Dominio y personero de Valledupar.
Es hermano del exrepresentante a la Cámara por el departamento del Cesar, Juan Manuel Campo y logró llegar al Consejo Nacional Electoral luego de ganarle el pulso a la exsenadora Esperanza Andrade.
César Augusto Lorduy (Cambio Radical)
Lorduy, cuota de Cambio Radical, fue representante a la Cámara por el Atlántico para el periodo 2018-2022, curul que obtuvo como fórmula de Arturo Char.
Se lanzó de nuevo en 2022, pero se quemó. Su trayectoria política y empresarial ha estado ligada a los gremios económicos más importantes del Atlántico, incluida la casa Char.
Además, se destacó por ser ponente del proyecto de reforma al Código Electoral que, aunque se aprobó, fue declarado inexequible en la Corte Constitucional. Es otro de los magistrados más lejanos al Presidente.
Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde)
Es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho procesal y derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia y fue durante ocho años director jurídico del partido Alianza Verde, cargo en el que estuvo al frente de los procesos para elegir los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado.
Es uno de los magistrados con línea cercana al gobierno Petro.
Altus Alejandro Baquero (Liberal)
El noveno voto será el de Altus Alejandro Baquero, abogado de la Universidad del Rosario y que llegó al CNE como cuota liberal. Nació en Bogotá y su carrera en lo público inició en 2008 en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como profesional universitario hasta ascender a secretario general en 2015. Fue contratista de entidades como el Congreso de la República, la Unidad Nacional de Víctimas, el Acueducto de Bogotá y la Federación Nacional de Departamentos. En 2020 asumió como secretario general de la Defensoría del Pueblo, bajo la batuta de Carlos Camargo.
En mayo del año pasado la sala de lo contencioso administrativo sección quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral que lo sacó del cargo por supuestamente no acreditar el requisito de experiencia que exige la norma constitucional. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Constitucional de este jueves el quorum del CNE vuelve a quedar completo. Sin embargo, todavía no se ha dado la directriz para reintegrarlo.
REDACCIÓN POLÍTICA