¿Qué tan efectivo será el ‘plan de choque’ del gobierno Petro para acelerar la implementación del acuerdo con las extintas Farc?

El gobierno de Gustavo Petro usó como plataforma la entrega trimestral del informe sobre el avance de la implementación del acuerdo con las extintas Farc ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer público el plan de choque con el que buscan agilizar esta tarea de aquí al final del mandato. Fue el Ministerio del Interior, liderado por Juan Fernando Cristo, el que se encargó de formular esta política y también tendrá la misión de coordinar su cumplimiento.

Durante la presentación de la estrategia en el recinto de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller Luis Gilberto Murillo celebró lo planteado y aseveró que es producto de un “análisis transversal y estructural de los desafíos encontrados en la implementación del acuerdo de paz de 2016, así como las iniciativas que no han podido avanzar a pesar de la voluntad de cumplimiento”.

La propuesta ha generado distintas respuestas. En cuanto a las generalidades, se ha destacado que es un cambio de enfoque del gobierno Petro, pues inicialmente hubo prelación a la ‘paz total’ y ahora se está volcando de nuevo a lo que ya se había acordado con las extintas Farc.

"El plan de choque es un ‘mea culpa’, es un reconocimiento de que no se ha implementado como se ha dicho que se iba a implementar. Es una confirmación de lo que ha dicho el Instituto Kroc en cuanto a que los niveles de implementación no han crecido”, expresó el excomisionado de Paz y director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Miguel Ceballos.

Otros puntos de vista, como el de Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), resaltan la intención, pero al mismo tiempo cuestionan el momento en que se planteó.

“Hubiese sido deseable que el gobierno Petro iniciará con este tipo de planes cuando entró al Gobierno. Tenía el capital político y la información suficiente para avanzar en la implementación. Era fundamental para generar esa confianza”, indicó la experta, que al mismo tiempo señaló que en vez de haberse privilegiado a la ‘paz total’ se habría trabajado ambos enfoques de la mano: “La paz total hubiese tenido mayor arraigo. Igual está bien que se inicie ahora”.

El experto en temas de paz Andrés Macías fue otro de los que indicó que es importante el plan, pero era “algo que estaba en mora de ocurrir”. Según el académico, “el gobierno nacional no debió esperar tanto tiempo para empezar a buscar la forma de dinamizar la implementación del acuerdo”.

Macías también fue uno de los pocos que expresó sus dudas ante la totalidad de la propuesta. “No lo veo como un ‘plan de choque’ en estricto sentido, porque no es claro el punto de quiebre o las acciones puntuales y específicas que generen ese ‘choque’ que dinamice la implementación”, concluyó. Ceballos también hizo saber sus reparos en cuanto a que todas las obligaciones son asumidas por el Gobierno y nada por la contraparte, las extintas Farc. Asimismo aseveró que lo planteado se quedó cojo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.

El plan de choque punto por punto

En total son seis ejes del plan de choque que presentó Juan Fernando Cristo este martes. El primero, y más importante, hace referencia a hacer pactos territoriales entre las 16 regiones PDET para definir cuáles son los proyectos de la paz más importantes y de esta manera concentrar los esfuerzos en ellos. El objetivo es focalizar y priorizar los esfuerzos en las obras “que efectivamente tenga el potencial de transformar la calidad de vida de la gente” y que puedan tener un impacto amplio en el corto plazo.

La percepción de ese punto está dividida. Por un lado, se destacó que nuevamente se trate de impulsar los varios proyectos que se han dejado a un lado en los últimos años. “En vez de dejar sentado un tema grande, se privilegió pequeños proyectos”, cuestionó Bonilla frente a las gestiones pasadas, aunque hizo la salvedad de que, contrario a lo planteado por el ministro Cristo, este apartao no debe pensarse solo para los dos próximos años. “El ministro debe dejar claro que se dejan instrumentos para la inversión y debe pensarse para el próximo gobierno”, indicó.

El excomisionado Ceballos no vio con tan buenos ojos este postulado, pues la vio como contraproducente ante la influencia que pueden terminar ejerciendo los armados en las zonas PDET. “Hacer pactos territoriales en zonas donde existen estos grupos armados puede terminar siendo manipulados los ciudadanos. Es un riesgo grande que va a correr el proceso. Si no se logra estabilización y seguridad en esos territorios PDET, habrá mucho riesgo de que no se logre el objetivo de implementación”, dijo el exfuncionario del gobierno de Iván Duque.

Por otro lado, para el profesor de la Universidad Externado Jairo Libreros, termina siendo una reiteración de algo que ya se sabe y está consignado en los mismos acuerdos: es necesaria la prelación de ciertos proyectos. En cambio, señaló que lo verdaderamente novedoso en el plan de choque es que se busca comenzar a cumplir el capítulo de participación política. Precisamente una de las propuestas llevadas ante el Consejo de Seguridad es la prelación de la agenda legislativa relacionada con el acuerdo, que incluye la reforma política.

Desde el Ministerio del Interior han dejado ver que hay una conciencia de que faltan por tramitar muchos proyectos relacionados con el acuerdo, pero sobre todo han centrado su atención en cinco iniciativas puntuales, una de ellas es la reforma política, de autoría de Cristo y que tiene como base el capítulo de participación política. “El punto donde menos desarrollo hay del acuerdo de paz es el de participación política, específicamente dar participación para responder a las demandas sociales. Si se dan respuesta a esas demandas, la sociedad sería diferente”, aseveró Libreros.

Además de la reforma política, el plan de choque busca darles prelación a los proyectos de la ley ordinaria de jurisdicción agraria, reforma al sistema general de participaciones, reglamentación de la protesta social y tratamiento diferencial de los pequeños cultivadores de coca. No obstante, para el excomisionado Ceballos, la idea de darle prelación a los proyectos es un “saludo a la bandera” pues no hay la fuerza en el Congreso para concretarlos.

Otro de los puntos del plan de choque es avanzar en la reforma rural integral, para esto se busca una adecuación normativa y un mayor énfasis en los mecanismos para cumplir. En este aspecto no hubo mayores observaciones pues hubo coincidencias en que el acceso a la tierra es uno de los factores centrales del conflicto colombiano.

La siguiente propuesta es articular la seguridad en el territorio, que va de la mano con la transformación de los mismos. En este sentido se está evaluando la efectividad que ha tenido instancias como el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) para coordinar la seguridad de líderes sociales y firmantes y se estarán haciendo pilotos sobre la aplicación en los territorios de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. Los primeros laboratorios de esta territorialización de la política serán el Magdalena Medio y el Norte del Cauca.

En este aspecto, Laura Bonilla fue crítica sobre lo plasmado en el documento. “El Ministerio del Interior tiene todas las tareas por hacer porque no está funcionando la coordinación en los territorios en temas de seguridad. El Ministerio es la cabeza de los derechos humanos y eso no se ve en el plan sobre la protección”, dijo la segunda cabeza de Pares, que añadió: “No es evidente que se vayan a tomar las acciones necesarias. Si no se tiene un entorno de protección de las personas, se ponen nuevamente en riesgo”.

El quinto apartado del plan de choque hace referencia a la consolidación de un acuerdo político. Bajo la tutela de Cristo, este punto se ha traducido en el gran acuerdo nacional, cuyas cinco tesis estructurales ya fueron presentadas hace dos semanas. Algunos consultados han destacado que esta movida articula la agenda del primer mandatario con la implementación, pero otros ven como contraproducente lo planteado en el documento socializado en la tarde del martes en Nueva York. “Desafortunadamente, yo creo que meter allí el acuerdo nacional, que tanto ha buscado el actual gobierno, politiza aún más la implementación del acuerdo”, comentó el analista Andrés Macías.

El último punto, el sexto, es la creación de las instancias respectivas -gabinete de paz- para hacer seguimiento a la agilización de la implementación. Este último eje del plan de choque incluye cronogramas de trabajo, compromisos puntuales y herramientas que permitan al público medir los avances. Además, se ha centralizado las labores en el Ministerio del Interior. En esa línea, ya se comenzó a designar al ministro Cristo en las juntas directivas de varias entidades relacionadas a la paz, como la Agencia de Renovación del Territorio y el Fondo Colombia en Paz.

A consideración del excomisionado Miguel Ceballos, uno de los grandes aciertos es que sea la cartera de Cristo la que asuma la coordinación puesto que “el planteamiento desde el Gobierno Santos de que el acuerdo fuese implementado por una oficina de la Presidencia fue equivocado. Fue un error que se heredó en el gobierno Duque y no fue adecuado entregar la implementación a una oficina de Presidencia”.