¿Qué significa que Trump criminalice a los migrantes irregulares en Estados Unidos y cómo les afectará?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma dos semanas en el poder con una intensa agenda que, como lo prometió en campaña, hace especial énfasis en el tema migratorio.

A las detenciones de migrantes indocumentados en las principales ciudades del país se sumó la aprobación de la ley Laken Riley, que permite deportaciones exprés de migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos menores, la reversión de la extensión del amparo migratorio para 600.000 venezolanos y la reconstrucción del muro fronterizo con México, frenado hace ocho meses por orden del expresidente Joe Biden.

Incluso, el mandatario republicano ordenó esta semana preparar la Bahía de Guantánamo, usada para detener a personas sospechosas de terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, para albergar hasta 30.000 migrantes que considere “criminales extranjeros presentes de manera ilegal”.

En ese sentido, y pese a que, tanto en campaña como durante los primeros días en el poder, Trump mantuvo que los arrestos se centrarían en las personas con récord criminal violento. Esta semana, la Casa Blanca indicó que considera a los más de 11 millones de personas que viven en EE. UU. como "criminales", porque "rompen con las leyes migratorias".

Según datos filtrados a la cadena NBC News, solo el 52 % de los 1.179 detenidos del domingo -la jornada con mayores arrestos desde que Trump llegó al poder- fueron de personas que habían sido condenadas en el pasado por delitos.

Expertos consultados por este diario coinciden en que la administración Trump está allanando el camino para criminalizar la migración irregular, al tiempo que minimiza las posibilidades para su regularización.

“Con una narrativa antiinmigrante, la Administración Trump usa a estas personas como chivos expiatorios para explicar problemas que tiene Estados Unidos, como el desempleo o la criminalidad, pero sin estar basado en datos”, le explica a este diario Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), al destacar que, al no contar con la coordinación entre agencias ni países de origen, lo que demuestra el presidente Trump es que “está dispuesto a pasar por encima de leyes fundamentales”.

Justamente, la política migratoria de Trump no hará distinciones entre migrantes ilegales que han cometido delitos graves y aquellos que solo entraron irregularmente al país, según aseguró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

“Si un individuo ingresa ilegalmente a Estados Unidos, por definición es un criminal, por lo tanto, está sujeto a deportación. Los traficantes de drogas, violadores, asesinos (...) definitivamente deberían ser prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero eso no significa que los criminales ilegales que ingresan a las fronteras de nuestra nación estén fuera de la mesa”, puntualizó Leavitt.

“Nos parece muy lamentable que tener un estatus migratorio irregular se equipare a la comisión de un crimen o de un delito penado por la ley. El cruce irregular de una frontera puede ocurrir por diferentes motivos, mientras que la comisión de un delito penado por la ley implica un daño o una lesión a otra persona o a una propiedad. Son dos cosas muy diferentes”, señala Jiménez Sandoval al destacar que, con esto, “se contribuye a la percepción de que las personas migrantes son criminales, cosa que va en contra de toda evidencia”.

Un estudio reciente que evaluó datos del Censo federal durante un periodo de 150 años descubrió que, desde 1870, las tasas de encarcelación de inmigrantes son más bajas que las de las personas nacidas en EE. UU., y que esa diferencia se ha agrandado en los últimos años, ya que las personas inmigrantes son un 60 por ciento menos propensas a ser encarceladas que los ciudadanos nacidos en EE. UU.

Del dicho al hecho

Pese a la intensificación de las redadas del ICE en importantes centros metropolitanos como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, donde se estima que arrestaron a más de 5.500 personas hasta el viernes, a quienes califican de "criminales", aunque muchos carecen de antecedentes penales y han denunciado abusos, las autoridades no han entregado más detalles específicos sobre los arrestos.

De hecho, los albergues en la frontera norte de México aún están vacíos.

Nogales, en el estado de Sonora y limítrofe con Arizona, fue la ciudad fronteriza que más recibió deportaciones de connacionales en 2024, según un informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues entre enero y noviembre recibió a 48.960 deportados, un promedio de 134 personas al día. Contrariamente, este mes han llegado menos de 50 por día, a excepción del miércoles, cuando hubo 200 migrantes mexicanos deportados.

Juan Luis Loureiro Esquer, director del Albergue para Migrantes San Juan Bosco IAP, explicó a la agencia EFE que, pese a la retórica de Trump, "el flujo de las deportaciones se ha mantenido bajo" y que las personas repatriadas optan por irse a visitar a sus familiares inmediatamente.

"No hay un incremento que nos pueda agravar la situación, definitivamente el flujo ha estado calmado, hemos estado recibiendo en promedio 50 o menos diariamente", comentó el activista al asegurar que ninguna de las personas deportadas recibidas ha llegado por operativos especiales o redadas de la Administración de Trump.

Lo que sí hace el ICE es compartir la información con medios o de manera pública y, en un cambio con el Gobierno anterior, la entidad ha estado divulgando el número diario de detenciones de migrantes a nivel nacional, destacando incluso el "perfil" de algunas de las personas.

Así, las operaciones en Chicago y Nueva York tuvieron más visibilidad ya que los encargados de la política migratoria, el 'zar de la frontera' Tom Homan y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, estuvieron presentes en los operativos que pretenden hacerse cada semana con el objetivo de arrestar entre 1.200 y 1.500 inmigrantes cada día.

Eso sí, las redadas han afectado a los sectores de la construcción, la limpieza, la agricultura y los negocios de comida, donde los empleadores se enfrentan a la escasez de mano de obra que, incluso por miedo, ha preferido dejar de asistir.

“Los países pierden capital humano cuando las personas se marchan. La salida de la fuerza laboral estadounidense, no solo deja potencialmente un millón de trabajos vacantes, sino que deja a ir a personas que han aprendido ciertas habilidades y que estaban aportando a la economía del país”, comenta por su parte la experta en migración, Cecilia Estrada.

Y mientras que en varios estados del país ha habido decenas de reportes de personas que fueron detenidas incluso a pesar de ser ciudadanos estadounidenses o tener un estatus legal, migrantes de escasos recursos se quedaron sin ayuda legal y por ende "más vulnerables" a las deportaciones tras la orden del Gobierno de cancelar fondos para los grupos civiles y humanitarios que asesoran a estos extranjeros en los centros de detención y las cortes de inmigración.

Se trata de "un ataque total contra los migrantes; tanto en contra de los que están llegando a la frontera, como aquellos que ya viven aquí", dijo Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

Entretanto, sendas demandas ya marchan en las cortes con la intención de bloquear la orden de Trump de incrementar las deportaciones expeditas, una cuestión que represará el sistema judicial entre resoluciones y apelaciones en momentos que, como lo señala Estrada, "la política migratoria de Donald Trump demuestra que todo lo que tenga que ver con extranjeros, le da igual”.