¿Qué fue lo que pasó con el lote que tiene al exalcalde Daniel Quintero y a varios de sus funcionarios imputados?

En 2017, las sociedades Técnicas Constructivas S.A.S. e IDC Inversiones S.A.S. y el señor Juan Manuel Villegas Márquez, cedieron el predio Aguas Vivas, ubicado en la Calle 9a Sur #11-16 entre Las Palmas y el municipio de Rionegro, como parte de la liquidación de futuras obligaciones urbanísticas de los cedentes en Medellín.

Así quedó registrado en los documentos de la denuncia instaurada por la administración actual de Medellín contra Daniel Quintero, exalcalde de la capital de Antioquia, y varios de sus funcionarios que hoy están bajo la lupa de las autoridades por presunto peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, en lo que respecta a la naturaleza de este inmenso predio.

Cesión y primer avalúo

Para el año 2019, más específicamente el 27 de diciembre se suscribió la escritura pública 5762, a través de la cual los dueños de Aguas Vivas, el lote de 146.000 metros cuadrados en cuestión, fue cedido al Distrito de Medellín a título de compensación de obligaciones urbanísticas, una figura por medio de la cual la administración de la ciudad se asegura de que cualquier proyecto de construcción contribuya en la creación de zonas verdes y más espacios públicos para la ciudad.

Los cedentes se obligaron a ceder el predio a título gratuito e irrevocable al municipio. Para esa época, el avalúo catastral anexo en la escritura pública alojada en la Notaría 19 registraba un valor de $2.711.582.000.

Sin embargo, dentro de la operación hubo un factor que puso en el ojo del huracán al exalcalde de Medellín y a sus funcionarios Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Fabio Andrés García Trujillo, Ingrid Vanessa González Montoya, Alethia Carolina Arango Gil, Sergio Andrés López Muñoz, Leidy Jiménez Echavarría y Yina Marcela Pedroza Gómez: un nuevo avalúo realizado al terreno luego de su cesión.

Los nuevos avalúos

En la denuncia instaurada por la alcaldía de Federico Gutiérrez, se relata que tras la cesión gratuita del predio en calidad de compensación de obligaciones urbanísticas, el secretario de Gestión y Control Territorial de la administración Quintero, Carlos Mario Montoya Serna, ordenó realizar un nuevo avalúo comercial del predio en septiembre de 2020.

El resultado de este avalúo concluyó en una diferencia abismal de valores entre el catastro original anexo en la escritura pública de cesión de Aguas Vivas, y la nueva cifra determinada tras el informe técnico: una diferencia de 1.700 por ciento.

Tras el avalúo comercial ordenado por Montoya, el valor total del predio Aguas Vivas pasó a ser de $42.719.344.667, es decir, el valor del predio aumentó en 40 mil millones de pesos.

Y en adición a ello, en la denuncia presentada por la alcaldía se anexó un documento en el que se establece que el secretario Montoya realizó un cálculo de avalúo para el inmueble a partir de la metodología de Zonas Homogéneas Geoeconómicas, a través del cual, estableció el metro cuadrado para la porción de suelo urbano en 986.637 pesos, mientras que para las porciones de suelo rural el valor fue definido en 314.360 pesos.

A raíz de ese parámetro, el precio de Aguas Vivas volvió a aumentar en su avalúo, pasando de los más de 42 mil millones de pesos a $48.234.427.227.

Estos cambios en el valor del lote llegaron a oídos de los anteriores dueños de Aguas Vivas, y a partir de esta noticia llamaron al Distrito de Medellín a una audiencia de conciliación extrajudicial en la que buscaban ser indemnizados, alegando que la ciudad se estaba enriqueciendo sin causa a través de los nuevos avalúos, argumentando que se había incumplido el contrato suscrito a través de la escritura pública y solicitando que se les pagara la suma final que fue definida para el inmueble.

La disputa legal

Así, un Comité de Conciliación del distrito aprobó realizar una propuesta de indemnización a los anteriores dueños de Aguas Vivas por una suma de 40.509.311.965. En ese sentido, se llegó a un acuerdo entre las partes por este valor.

De ese modo, se estableció la realización de una modificación a lo pactado a través de la escritura pública 5761 de 2019. Más específicamente, mutó el acto jurídico de cesión a título gratuito de Aguas Vivas por parte de sus anteriores propietarios, y se estableció el acto como un contrato oneroso entre las partes. Todo esto ocurrió con la noción de que el distrito ya tenía propiedad sobre el lote.

Por ello, un colectivo denunció esta actuación por prevaricato, entendiendo que el Distrito de Medellín había participación en actos manifiestamente contrarios a la ley en materia de pautas para la determinación de la utilidad pública de los bienes y su adquisición voluntaria, como la mutación del acuerdo inicial, así como la conciliación económica realizada posteriormente en el marco de lo convocado por el Comité de Conciliación del distrito.

En ese punto entró en actuación el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien juzgó todo lo sucedido como un controvertimiento de la ley y además, señaló que la conciliación representaba un serio compromiso de recursos públicos que resultaba lesivo para el patrimonio del distrito.

Por eso, el acta de conciliación entre las partes terminó siendo impugnada. Pero ahí no habrían culminado las improcedencias en el actuar del caso. Tras la decisión, y mediante una resolución emitida el 26 de octubre de 2022 por Fabio Andrés García Trujillo, subsecretario de Ejecución Contractual de la Secretaría de Suministros y Servicios, se terminó unilateralmente el contrato de cesión gratuita con los antiguos dueños de Aguas Vivas y se les devolvió el lote.

Este acto también fue irregular, en tanto la posición jerárquica de García no le hacía correspondiente para poder efectuar dicho acto administrativo. Además, esta resolución no fue sometida a un estudio que permitiera establecer la conveniencia de la culminación del convenio, considerando que este ya hacía parte del patrimonio de la ciudad. 

Modificación al POT

Por otro lado, el conflicto con el lote de Aguas Vivas tuvo otra arista de revisión por parte de las autoridades además de lo ocurrido en el acuerdo de cesión del inmueble: la determinación del objeto del mismo en materia de planeación urbana.

La cuestión es que el lote de Aguas Vivas había quedado por fuera de los parámetros de área constructiva comercial de la ciudad en función de lo establecido en el Acuerdo 48 de 2014: el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. En ese sentido, el terreno entró al banco de tierras de la alcaldía de la ciudad.

Con más precisión, el lote Aguas Vivas terminó siendo nombrado Ecoparque las Palmas, y allí, la Alcaldía de Daniel Quintero pretendía darle forma a uno de sus proyectos más ambiciosos, el Parque Ambiental Valle del Software, un gran complejo integrado por todo tipo de estructuras urbanas. Sin embargo, por las características del terreno, (95% rural y tan solo 5% urbano) este planteamiento iría en contra del POT.

En su parágrafo 5, el POT de Medellín establece que cualquier obra debe cumplir con las condiciones determinadas en el mismo en materia de intervención y planeación territorial. Con respecto a esa consideración es que se halló la inconsistencia normativa por la que Quintero y sus exfuncionarios están siendo imputados.

El 12 de mayo de 2023 el exalcalde Quintero firmó un decreto a través del cual se establecían los parámetros que le darían sentido al Valle del Software, la bandera de su administración.

En ese documento, también se planteó la reglamentación del Parque Ambiental Valle del Software, que actuaría como sede de esta iniciativa y que tendría como locación el lote de Aguas Vivas, ya nombrado como Ecoparque Las Palmas.

Entre lo proyectado para el espacio, estaba la construcción de infraestructura pública o privada para el hospedaje permanente o temporal de científicos, estudiantes y/o visitantes que atendieran a las instalaciones principales a colaborar en el proyecto que allí se convocaría. Además, en el Decreto 412 de 2023 se señala que también se construirían hoteles de negociación de tecnología y centros de educación digital.

Según lo planteado, en el Ecoparque Las Palmas se construirían predios de hasta dos pisos en el área rural, mientras que habría espacio para predios de hasta 15 pisos en la zona urbana del lote, esto en seguimiento de lo establecido en el POT.

Sin embargo, la firma del decreto representaba ir en contra, precisamente, de varios artículos del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, en tanto, para darle sentido al uso del lote, se establecieron funciones y objetos que modificaban el uso del suelo reglamentado para Aguas Vivas, que está catalogado como un ecoparque de borde y quebrada, caracterizado por sus múltiples afluentes.

En ese sentido, la norma restringía la construcción de la infraestructura planteada por la administración Quintero previamente para dar rienda suelta al proyecto del Valle del Software, tanto en materia del tipo de edificaciones y del porcentaje de espacio que estás podían ocupar en el lote, como de la altura de las mismas.

Según lo planteado en la Constitución Política de 1991, en su artículo 313, los planes de ordenamiento territorial y la reglamentación del uso de los suelos a nivel nacional son actividades cuya aprobación, expedición y modificación está reservado para los Concejos Municipales.

Por tanto, el Decreto 412 de 2023 firmado por Quintero y un puñado de sus funcionarios entre los cuales están Jasblleidy Pirazán García, Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo, Rivier Hernando Gómez Cueva y Fabio Andrés García Trujillo, resultó ser un acto que va en contra de la ley. 

La defensa de Quintero 

Tras el anuncio de la imputación por parte de la Fiscalía, Daniel Quintero realizó una gran publicación a través de sus redes sociales en la que cataloga el accionar del ente acusador como una persecución política en su contra para sacarlo de la carrera presidencial de 2026.

En la publicación, Quintero anexó varios documentos que indicarían que la adquisición y sobrevaloración del lote fueron realizadas por la administración de Federico Gutiérrez en su primer periodo como Alcalde de Medellín y justo antes de culminar su mandato.

Según los documentos compartidos por Daniel Quintero, las irregularidades encontradas por los entes de control a nivel contractual y por las cuales se le está imputando, se remiten realmente a la administración del actual alcalde de la capital de Antioquia durante su primer periodo al frente de Medellín.

Además, el exalcalde Quintero le hizo frente, punto por punto, a los cargos por los que está siendo imputado:

“La Fiscalía de Medellín dice que hubo una celebración indebida de contratos. Sin embargo, el único contrato firmado aquí fue el que firmó el gobierno de Federico Gutiérrez y que resultó anulado por orden del Consejo de Estado. Llama la atención que en la imputación no se incluya a ningún funcionario del gobierno de Fico”, inició asegurando Quintero.

El exmandatario agregó: “Dice que hubo peculado por apropiación en favor de terceros, sin embargo, nuestra administración evitó que hubiese un peculado al no permitir el redireccionamiento de los recursos de obligaciones urbanísticas, y buscó mediante un proceso de Conciliación que se eliminaran los sobrecostos”.

Finalmente, Quintero hizo referencia al cargo de prevaricato por acción: “Todas las acciones que se han implementado en este proceso se soportaron en órdenes de rango superior, decisiones del Consejo de Estado para anular el contrato, y por la la ley que convirtió a Medellín en Distrito de CTi, y el Plan de Desarrollo para reglamentar el Parque Ambiental del Valle del Software”.

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín.

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