¿Qué esperar de la extensión del cese del fuego entre el Gobierno y las disidencias de 'Calarcá'?

En medio del sexto ciclo de negociación y sin información disponible sobre los resultados de la tregua, el Gobierno publicó el decreto 1208 de 2024 con el que se extiende el cese del fuego con las disidencias de alias 'Calarcá', o lo que ahora el Ejecutivo denomina ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc-EP’, por seis meses más. El nuevo decreto, que cobija únicamente a aquellas estructuras que se mantuvieron en la mesa de diálogo, indica que el pacto de no agresión se ampliará hasta el 15 de abril de 2025.

"Las partes se comprometen a cumplir el protocolo de reglas y compromisos suscritos por ellas. Los acuerdos y protocolos firmados y los que se suscriban en la mesa de diálogos de paz, referidos al cese al fuego, son de obligatorio cumplimiento", reza la ordenanza presidencial, en la que se deja claro que la suspensión de las operaciones militares no contradice el principio constitucional de garantizar el orden legal y el ejercicio de los derechos.

Esta extensión es la tercera que acuerdan las partes desde que en octubre del año pasado en Tibú, Norte de Santander, firmaron una tregua que iría inicialmente por solo tres meses. En aquel momento, ‘Estado Mayor Central’ de las Farc parecía un grupo cohesionado y había pocas señales sobre la escisión que ocurrió en abril de este año cuando el Gobierno señaló que ya no negociaba con ‘Iván Mordisco’.

Vale recordar que sectores disidentes de ‘Mordisco’ estaban aprovechando el cese para delinquir en ciertas zonas con total impunidad, de ahí que el Gobierno tomó la decisión de delimitar la tregua en julio. Es decir que este cese incluye únicamente a 16 frentes (siete del Bloque Magdalena Medio, ocho del Jorge Suárez Briceño y al Raúl Reyes) cuya influencia se concentra en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Caquetá y Putumayo. Estas estructuras, según cifras de inteligencia militar, agrupan el 40 por ciento de todos los integrantes de las disidencias.

Pese a que varios analistas reconocen que este fue un aspecto positivo de cara al cumplimiento de la tregua, hubo varios aspectos que se descuidaron. Esto incluye fallos en el establecimiento de reglas claras y límites de la mesa que se puede evidenciar con la captura de varios disidentes en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)-, la falta de un mecanismo de verificación robusto y el bajo cumplimiento de esa organización de las reglas establecidas, fundamentalmente en el suroccidente del país -en donde instalaron un monopolio ilegal con panfletos, extorsiones y amenazas a comerciantes- y en Antioquia -serían los responsables de instalar un campo minado en el que perdieron la vida 6 militares el pasado 4 de julio-.

De hecho, en el más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el cual analiza las acciones cometidas por las disidencias durante los nueve meses posteriores al inicio de la tregua, concluye que entre el 17 de octubre de 2023 y el 12 de julio de 2024 se registraron 120 acciones ofensivas atribuidas a las estructuras que conforman el 'Estado Mayor Central' -sin especificar cuál de las dos facciones- y que de estas 115 son consideradas violaciones y cinco como incumplimientos directos al acuerdo de cese del fuego.

Estos factores han generado críticas por parte de varios mandatarios departamentales y principalmente del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien desde hace semanas venía pidiendo que el cese del fuego bilateral no se extendiera. “El Gobierno Petro prorrogó el cese al fuego con las Farc. Desde Antioquia recibimos esta decisión como una ofensa y un premio a la impunidad”, señaló este miércoles en su cuenta de X.

Del lado del Gobierno sostienen que esta extensión permitirá avanzar en temas cruciales de la negociación como los espacios de diálogo que se vienen adelantando con las comunidades o las denominadas transformaciones territoriales -de las cuales no se conocen grandes avances-; sin embargo, con la publicación del decreto saltan a la vista las mismas dudas que surgieron hace tres meses cuando se realizó la última extensión: ¿Esta tregua puede funcionar sin un mecanismo de verificación robusto?

Para el profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, es claro que para generar confianza en el proceso es fundamental tener una estructura sólida y confiable que permita no solo evitar choques entre las fuerzas, sino hacer un monitoreo regular y transparente para la opinión pública.

“Hay que tener un sistema de vigilancia efectivo que permita conocer los resultados, pero no hay que esperar a que pasen estos seis meses, la tarea debe hacerse ya y de manera continua. Es decir, casi que mensualmente se deberían estar presentando informes y que estos cuenten con la participación de organizaciones interesadas en hacerle veeduría al cese del fuego”, señaló el académico, quien añadió que es clave que en este tipo de acuerdos se empiece a incluir a la población civil y a exigir el final del secuestro y las extorsiones.

No menos preocupantes son las afectaciones que puede generar la guerra entre las dos facciones de las disidencias. Valencia sostiene que es en este punto en donde las fuerzas de seguridad tendrán un reto enorme en términos de garantizar el respeto por las comunidades.

“Eso nos preocupa muchísimo porque se han intensificado esos enfrentamientos y en un corto período se han vivido situaciones muy graves, sobre todo en los enfrentamientos en San José de La Fragua y hacia Putumayo, los cuales han dejado 22 homicidios cometidos de una forma terrible, según nos han informado. También hay situaciones gravísimas de enfrentamientos en el norte de Antioquia y en el Bajo Cauca antioqueño con resultados fatales entre ellos los casos de ocho miembros de las Fuerzas Militares víctimas de las minas, el desplazamiento de firmantes en el bajo Caguán y de comunidades enteras en la zona del Guayabero, en Meta”, reconoció Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.

Un elemento adicional para el análisis es que, a diferencia de la tregua pactada con el Eln, esta no cuenta con la verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, lo que para Valencia es un motivo de preocupación y un tema que se debe resolver pronto. No obstante, y pese a que durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este martes hubo un respaldo unánime al proceso, este acompañamiento depende de la solidez que demuestre el proceso y de los avances que se puedan dar en el corto plazo.

“El Consejo de Seguridad ha expresado siempre su voluntad de considerar la ampliación del mandato para verificar el cese entre las estructuras que forman parte del Emc dentro del proceso de diálogo y el Gobierno. Pero también han señalado la necesidad de que el proceso avance, de que el proceso madure (...) Creo que es importante seguir avanzando para que quede claro que es un proceso sólido”, señaló Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en entrevista con EL TIEMPO.

¿Qué otros temas se discuten en la mesa?

Este sexto ciclo se extenderá hasta el próximo 19 de octubre e incluye la discusión de siete temas. En primer lugar, hablarán sobre el plan de acción para la transformación territorial en zonas priorizadas. Además, durante estas plenarias se tendrán que definir el acuerdo de participación y protocolo correspondiente y la metodología para avanzar en la construcción del acuerdo de paz.

Con respecto al cese del fuego, durante este ciclo se evaluará el cumplimiento de los compromisos y de respeto a la población civil. Esta revisión de la tregua incluye un informe del mecanismo de verificación y recomendaciones de los países garantes. En ese sentido, también se discutirá sobre acuerdos que permitan fortalecer la tregua en el futuro.

Finalmente, se discute el cronograma de los temas de agenda del acuerdo de paz, que incluye programación del ciclo especial sobre tierras, territorio y ambiente y el cronograma de los diálogos sociales que se llevarán a cabo entre noviembre 2024 y abril 2025.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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