Putumayo va este domingo a elecciones en alta tensión por violencia de las disidencias

Las autoridades gubernamentales, administrativas y la Fuerza Pública vivirán este domingo una prueba de fuego con las elecciones atípicas de Putumayo, uno de los departamentos más azotados por la violencia que ejercen grupos armados, y en el que casi 260.000 personas podrían salir a votar bajo presión.

Existen informes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de ciudadanos y sectores políticos que alertan sobre la intención de grupos armados de interferir en los procesos electorales, pues, además del cargo de gobernador, en Puerto Guzmán deberán llenar el cargo de alcalde.

“Los grupos estarían tratando de influir en la decisión electoral de los votantes”, dijo la Defensoría, que incluyó a Putumayo como uno de los 12 focos de la guerra en el país.

El departamento tiene una fuerte influencia de los Comandos de la Frontera, subestructura de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano al mando de alias Walter Mendoza, creada tras la separación de la ‘Segunda Marquetalia’.

Autoridades blindan a Putumayo 

El pasado martes, por ejemplo, distintos sectores sociales se movilizaron en Mocoa ante la captura de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, quien es el jefe negociador de este grupo armado.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha conocido de presuntos señalamientos en los que se indica que algunas comunidades rurales de los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Caicedo han sido presionadas por los Comandos de la Frontera para acudir a las urnas y favorecer a una de las candidaturas en competencia.

Para la jornada de este domingo habrá 118 puestos de votación; de los cuales, 78 puestos se ubican en zona rural y 40 puestos en zona urbana.

“Es vital que todos los ciudadanos se sientan tranquilos y protegidos al momento de ejercer su derecho al voto”, mencionó uno de los cuatro aspirantes a la Gobernación en diálogo con EL TIEMPO.

Según la MOE, en 2024 se registraron 36 acciones armadas y 5 actos de amedrentamiento en el departamento de Putumayo. De estos, el 90,2 por ciento (37 hechos) ocurrieron en zonas rurales. Los incidentes se documentaron en 9 municipios, siendo Puerto Guzmán con 12 eventos y Puerto Caicedo con 10 los más afectados. “En comparación con 2023, la violencia en el departamento aumentó un 70,8 por ciento”, señaló la veeduría.

Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, donde se concentra la mayoría de los hechos violentos en Putumayo, son áreas estratégicas de tránsito hacia el departamento del Caquetá. En esta región, la violencia es ejercida principalmente por la ‘Segunda Marquetalia’ y el Estado Mayor Central (Emc).

“En Puerto Guzmán y Leguízamo, los ataques se dirigen principalmente contra la comunidad, mientras que en Puerto Caicedo se evidencia una disputa directa entre estos dos grupos armados ilegales (GAI)”, subrayó la MOE.

El general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la brigada 27 de selva del Ejército en Putumayo, aseguró en conversación con este diario que la seguridad para las elecciones de este domingo está garantizada. “Ya están montados todos los puntos y se han organizado puntos de organización mixtos: Ejército y Policía, y otros puntos con Ejército y Armada. Tenemos todo para la ejecución de este plan”, dijo.

El Gobierno ordenó, a través del Decreto 0179 de 2025, el cierre de todos los pasos terrestres y puertos fluviales fronterizos del departamento con Ecuador y Perú. La medida está vigente desde las 6 p. m. de este sábado hasta las 6 p. m. de este domingo.

Para Alejandro Chala, de la línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, la jornada de este domingo será una prueba clave de cara a los comicios del 2026. “Estas elecciones pueden empezar a marcar un poco lo que va a venir en las elecciones nacionales de 2026 y en las elecciones regionales de 2027”.

Las otras regiones en alerta máxima por escalada del conflicto

Además de Putumayo, que es el reto más urgente, las autoridades de defensa se encuentran en medio de la detonación de diferentes crisis humanitarias a lo largo y ancho del país. En Norte de Santander, la ola de violencia se extendió hasta la capital, Cúcuta, donde esta semana se registraron cuatro ataques, al parecer del Eln. El primero ocurrió en el CAI de Villa Antigua, y Lomitas, La Parada (Villa del Rosario) y Los Patios fueron los lugares de los siguientes. Mientras tanto, más de 50.000 personas se mantienen en situación de desplazamiento y las autoridades rastrean el paradero de nueve firmantes de paz tras el inicio de la crisis en el Catatumbo, hace casi mes y medio.

En Chocó, desde el 4 de febrero, la subregión del San Juan ha sido escenario de enfrentamientos entre el Eln y el llamado ‘clan del Golfo, que busca su expansión territorial en la zona. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos en la región. Y el viernes, pese a levantar un paro armado de 72 horas, el Eln habría incinerado tres camiones de carga en la vía Quibdó-Medellín.

“Hemos propuesto al Presidente de la República la planificación conjunta de una estrategia regional de defensa de nuestros territorios. El Presidente ha anunciado la llegada del general Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa -en proceso de retiro-, a quien le solicito arranquemos cuanto antes la atención de la crisis de seguridad del Chocó. El constreñimiento armado no da espera”, manifestó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

Otro departamento que no sale de la escalada de violencia es el Cauca. Popayán viene de ser víctima esta semana de ataques terroristas en el centro transitorio de reclusión Laura Valencia, ubicado en el casco histórico de la ciudad, acto que autoridades atribuyeron a las disidencias de las Farc, que mantienen disputas con el Eln en Caldono, y que han dejado alrededor de 1.200 personas confinadas, así como desplazamientos forzados. Asimismo, se reportan disputas entre alias Iván Mordisco y el llamado frente 57 Yair Bermúdez.

En ese departamento, desde hace más de 100 días, las Fuerzas Militares vienen implementando la operación Perseo, la estrategia militar destinada a recuperar el territorio de las garras de los grupos armados. Sin embargo, el exministro de Defensa Iván Velásquez reveló en el consejo de ministros televisado que no se ha entrado a El Plateado –la puerta de entrada al estratégico cañón del Micay– porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno para entrar.

La alteración del orden público también golpea a Caquetá, Tolima y Meta, específicamente por las acciones de las disidencias. En estos dos últimos departamentos se presenta una fuerte disputa entre las facciones de las disidencias de alias Mordisco y las de alias Calarcá, algo que se siente igualmente en el Guaviare.

En Arauca se prolonga la confrontación entre el Eln y las disidencias bajo el mando de ‘Mordisco’, en el marco de las cuales se han reportado asesinatos, privaciones de la libertad, ataques a la infraestructura y reclutamiento de menores de edad.

“Además del desangre visto en las regiones, la extorsión carcome a la pequeña empresa y a la economía informal”, señaló Jorge Mantilla, politólogo y doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de UIC Chicago.

La situación tampoco escapa del Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y el Bajo Cauca, en Antioquia. En ambas zonas hacen presencia las disidencias y el ‘clan del Golfo’. En Jamundí y el casco urbano de Buenaventura, los problemas tampoco ceden. A este panorama se enfrenta el Estado.

JUAN PABO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política