¿Prueba de ciudadanía en las escuelas de Estados Unidos? El proyecto de ley que causó debate

En los últimos meses, diversos estados han aprobado medidas con la intención de detectar a migrantes indocumentados. Aunque estas varían de entidad a entidad algunos han ido más allá. Es el caso de Oklahoma en donde pronto podría ser necesario que los estudiantes compartan su estatus migratorio.

El Departamento de Educación del estado de Oklahoma publicó en su sitio de internet una serie de propuestas para cambiar las reglas administrativas e incluye obligar a las escuelas a informar el número de estudiantes indocumentados en su distrito.

De acuerdo con el medio local The Oklahoman, en los cambios se especifica que los estudiantes deberán presentar una prueba de su ciudadanía al momento de inscribirse.

Si bien, el hecho de no poder proporcionar registro de ciudadanía debido al estatus migratorio no llevará a la negación de la inscripción, los colegios sí estarían obligados a tener una lista de los estudiantes sin este requisito.

No obstante, se asegura que la intención no es llevar un registro particular de los alumnos para que puedan ser identificados según su estatus, sino únicamente tener un recuento escolar.

Hasta el próximo 17 de enero de 2025 se recibirán comentarios públicos sobre esta propuesta antes de ser aprobada.

Estudiantes indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a la educación por ley

Cabe recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 determinó que en las escuelas públicas los estudiantes indocumentados tienen derecho a recibir educación.

Por ello las autoridades educativas de Oklahoma aseguran que la intención de agregar el requisito de ciudadanía no es segmentar a los alumnos sino conocer las necesidades estatales y locales en las escuelas; las barreras lingüísticas y culturales que enfrentan; los requerimientos de los profesores; e, incluso, el nivel de financiación.

Aun así, ya se han alzado diversas voces en contra señalando que se trata de una práctica ilegal, especialmente porque su principal proponente, el superintendente de escuelas estatales en Oklahoma, Ryan Walters, ha expresado abiertamente su deseo de documentar cuánto cuesta a los distritos escolares brindar educación a estudiantes indocumentados.