Problemas de caja en Hacienda también generan retrasos en desembolsos para reincorporados del acuerdo de paz

A las dificultades para pagar los honorarios de los contratistas de Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Dane y el Icbf, entre otras entidades, se les suman los problemas por parte del Fondo Colombia en Paz - instrumento para la administración de los recursos para la implementación del acuerdo de paz de 2016- para desembolsar los montos que deben recibir las personas en proceso de reincorporación y a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La información fue dada a conocer el pasado 20 de diciembre por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en un comunicado en el que mencionan que los inconvenientes tienen que ver con los retrasos en la aprobación de los recursos dentro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). “Esto es necesario para continuar con los desembolsos de la asignación mensual y otros apoyos económicos”, sostuvo la entidad.

Además, agregaron que si bien los desembolsos ya están programados, estos se realizarán tan pronto como haya disponibilidad de recursos. “Es importante aclarar que esta situación no implica una suspensión definitiva de los desembolsos ni un cambio en la normativa vigente”, indicaron desde la entidad.

“El Dane ha gestionado el trámite para el pago de todos sus prestadores de servicio, pero debido a la restricción relacionada con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) asignado mensualmente por Hacienda, algunos pagos de los contratistas no podrán ser efectuados”, señaló dicha entidad el pasado lunes.

Esta iliquidez ha sido uno de los argumentos del Ejecutivo para pedir más recursos, por ejemplo, a través de la recientemente hundida reforma tributaria. Aun así, luego del naufragio de este proyecto, el pasado 16 de diciembre, la Contraloría le pidió al Gobierno hacer ajustes fiscales enfocados en el recaudo y la ejecución.

Los reincorporados piden honrar los compromisos

En un comunicado de prensa publicado el pasado 23 de diciembre, el Consejo Nacional de Reincorporación expresaron su preocupación por los resultados del proceso de tránsito hacia la vida civil debido a los recortes presupuestales en la ARN.

En su pronunciamiento afirman que más del 85 por ciento de las personas que dejaron las armas siguen en proceso de reincorporación, pero que menos del 10 por ciento de las solicitudes de acceso a tierras presentadas por los firmantes han sido atendidas, lo que dicen “constituye un obstáculo estructural para la estabilidad de sus proyectos productivos”.

“A esto se suma que cerca del 76 % de esta población enfrenta desempleo, mientras que un número preocupante de proyectos productivos individuales ha cerrado, y los colectivos están en riesgo de seguir el mismo camino debido a la falta de sostenibilidad. Este panorama se agrava en un contexto de inseguridad”, dicen.

Asimismo, reconocen los avances alcanzados durante este Gobierno, como la firma del Decreto del Programa de Reincorporación Integral (PRI), la creación del Sistema Nacional de Reincorporación, entre otros, pero dicen que “las restricciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República amenazan la continuidad de estos esfuerzos”.

“En particular, el recorte del presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que pasará de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025, pone en grave riesgo la implementación de la política de reincorporación. Asimismo, la desfinanciación de la ARN y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han tenido serias repercusiones, como la imposibilidad de adquirir predios clave”, concluyen.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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