El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha dado inicio a una serie de jornadas informativas para socializar el proceso de la Contribución Nacional de Valorización en la región Caribe, en particular en la vía Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad.
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Según el invias, estas jornadas, que comenzaron el 30 de octubre en Cartagena y continuarán en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, buscan informar a la ciudadanía y facilitar la actualización del censo predial en la zona de influencia del proyecto vial.
Juan Carlos Montenegro Arjona, director general de Invías, destacó que el propósito principal es que los propietarios revisen y actualicen su información catastral en la plataforma en línea de la entidad, valorizacion.invias.gov.co, o en las jornadas presenciales.
“Hemos publicado el censo predial para que todos los propietarios o poseedores hagan la verificación de la información asociada; esta condición le permitirá al Estado identificar las condiciones de los predios para la contribución”, afirmó Montenegro, quien también enfatizó que los asistentes tendrán acceso a descuentos en el pago de valorización.
Trascendió que los recibos, para que los usuarios paguen el impuesto, se comenzarán a entregar en la primera semana de noviembre.
Este impuesto, fundamentado en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1255 de 2022, tiene como objetivo recaudar fondos destinados a mejorar la infraestructura vial en la región Caribe. Las obras contempladas, incluyendo proyectos vinculados a los Caminos Comunitarios de la Paz Total, pretenden aumentar la conectividad y desarrollo en áreas vulnerables, lo cual forma parte del plan de desarrollo regional en coordinación con gobiernos locales.
Las primeras socializaciones en Cartagena, el 30 de octubre en la Universidad de Cartagena (Sede Zaragocilla) y el 31 de octubre enBarranquilla en la Corporación Universitaria Reformada, respectivamente.
Reacciones y controversia ante el cobro de valorización
A pesar de los objetivos de desarrollo regional esbozados por Invías, el cobro de valorización ha generado tensiones entre los líderes locales y gremios de la región. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, expresó su aceptación resignada al impuesto, aunque puntualizó que “el cobro de valorización en la vía Cartagena - Barranquilla es inevitable”.
Para Turbay, es crucial que los recursos recaudados se destinen a finalizar la doble calzada de la Vía al Mar, insistiendo en que Cartagena, siendo el mayor contribuyente, debe ver una retribución significativa en su infraestructura vial.
La primera semana de noviembre, Turbay sostendrá una reunión con la Ministra de Transporte, María Constanza García, para discutir el destino de estos fondos y evitar que se redirijan a otros departamentos.
La Ministra García declaró en agosto que el total de lo recaudado por valorización se destinará a la Costa Caribe, con el cobro efectivo a partir de marzo de 2025.
Según la funcionaria, este impuesto afectará a 143,000 predios en diez municipios de Atlántico y Bolívar. Sin embargo, gremios empresariales han cuestionado la legalidad de la medida.
Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol, calificó el cobro como “ilegal” y mencionó que ya han presentado demandas contra el mismo. "Esperamos medidas cautelares porque el perjuicio va a ser muy grande para muchos predios de Atlántico y Bolívar", comentó Segebre.
Por su parte, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, solicitó al Gobierno Nacional la derogación de las resoluciones que sustentan este cobro, alegando la falta de garantías de que los recursos se destinen a la región.
Cepeda Tarud subrayó que existen tres demandas de nulidad contra este gravamen, las cuales están siendo evaluadas por el Consejo de Estado.
El cobro de valorización en el corredor vial Cartagena-Barranquilla ha desencadenado un amplio debate en la región Caribe.
Mientras Invías asegura que los recursos serán clave para el desarrollo vial y social, alcaldes y gremios locales argumentan que la medida afecta injustamente a los propietarios de predios y solicitan que el recaudo beneficie exclusivamente a las áreas afectadas.
La expectativa sobre el resultado de las demandas de nulidad y las negociaciones con el Gobierno Nacional mantiene en vilo a la ciudadanía y a los empresarios, quienes exigen transparencia y una inversión equitativa de los fondos recaudados.