Paloma Valencia busca sacar al magistrado Vladimir Fernández, exsecretario Jurídico de Petro, de la discusión de la reforma pensional

Uno de los temas centrales que discutirá la Corte Constitucional en el 2025 será la ley de la reforma pensional que aprobó el Congreso el año anterior y que entrará en vigencia el 1. ° de julio. 

Será el round definitivo de la primera reforma social del gobierno del presidente Gustavo Petro y son varios los movimientos que vienen haciendo los opositores para impedir que quede en firme.

La última carta que se ha destapado en este pulso es de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien busca sacar al magistrado Vladimir Fernández, exsecretario Jurídico de la Presidencia, de la discusión.

Hasta el momento, Fernández no se ha declarado impedido para participar de esta discusión y de hecho en su despacho hay varias demandas de las más de 100 que tiene la ley en la Corte.

Valencia quien es precandidata presidencial por su partido, recusó a Fernández y ya envió la comunicación formal a los magistrados del alto tribunal para que discutan esa posibilidad. 

Si bien cuando se aprobó la ley, en junio del 2024, él ya era magistrado, la senadora argumenta que en su calidad de secretario Jurídico de la presidencia emitió conceptos sobre la constitucionalidad de la ley antes de su presentación al Congreso. 

"Se encuentra incurso en las causales de recusación establecidas en el artículo 25 del decreto ley 2067 de 1991, según las cuales es causal de impedimento y recusación "haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada" o "haber intervenido en su explicación" o "tener interés en la decisión".

En su solicitud, Valencia recordó que Fernández se declaró impedido para participar de la discusión en el alto tribunal de la ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad. Lo propio hizo en el caso del Plan Nacional de Desarrollo. 

¿Por qué está demandada la reforma pensional?

Una de las principales razones de la lluvia de demandas a la reforma pensional, que sancionó el presidente Petro en julio del 2024, es que no se habría realizado el trámite legislativo establecido en la Constitución.

La iniciativa fue aprobada en sus primeros dos debates por el Senado. Posteriormente, la Comisión VII de la Cámara de Representantes le dio luz verde en su tercer debate pero en el cuarto y último debate la plenaria de esa corporación, en una jugada por evitar la conciliación, acogió el texto aprobado previamente en Senado. 

Esa decisión se tomó porque, ha dicho el presidente Petro, en Senado se hundiría la conciliación por orden del entonces presidente de esa corporación, el senador de Alianza Verde Iván Name.

Para algunos expertos, el trámite legislativo de una ley debe de constar de cuatro debates, pero en el caso de la pensional no se habría dado. Pero, en todo caso, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra y decida si deja en firme la ley que por estos días tiene a los colombianos que ganan más de 2,3 salarios mínimos buscando el Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política