Pacto Histórico denuncia ante la ONU presunta persecución política contra el presidente Gustavo Petro por investigación del CNE

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El Pacto Histórico denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una supuesta persecución política contra el presidente Gustavo Petro a propósito de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes de gastos.

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22 parlamentarios de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño enviaron una carta a António Guterres, secretario de organismo, en la cual denuncian que se está gestando un supuesto golpe de Estado contra el jefe de Estado.

"Recientemente en Colombia hemos sido testigos de maniobras que no solo buscan socavar la gobernabilidad legítima del presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos, sino que también constituyen un claro atentado contra el Estado de Derecho, los principios democráticos y el mandato popular que él representa", señala el documento.

Los parlamentarios, encabezados por Alejandro Toro y Esmeralda Hernández, agregan que el supuesto golpe es impulsado por "poderosos grupos económicos y políticos que, al no aceptar el resultado democrático han decidido forzar la interrupción del mandato presidencial mediante acciones jurídicas y políticas antidemocráticas".

Además, dicen que les "preocupa profundamente que estas acciones constituyan una violación tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos fundamentales en el ámbito de los derechos humanos y de los cuales Colombia es parte. En particular, estas medidas parecen contravenir el Artículo 21 de la Declaración Universal, que reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y afirma que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, expresada a través de elecciones auténticas que garanticen la libertad de sufragio".

E insisten en que esas supuestas violaciones no solo comprometen los derechos individuales de los ciudadanos, "sino que también erosionan la legitimidad democrática y el respeto al Estado de Derecho en el país".

Solicitudes a la ONU

Los parlamentarios hicieron tres solicitudes a la ONU. En primer lugar, le piden que "manifieste su preocupación por el deterioro del sistema democrático en Colombia y por la vulneración de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas". También insisten en que "haga un llamado internacional para la defensa del mandato popular expresado en las urnas, de acuerdo con los compromisos internacionales que protegen la democracia y el derecho a la libre determinación. Por último, solicitan que se "active mecanismos de observación y seguimiento, como los establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para garantizar que los derechos políticos y democráticos en Colombia sean respetados, y que las instituciones del país actúen conforme a la Constitución y los tratados internacionales".

¿Qué dice la ley?

Aunque el mismo presidente insiste en que el CNE no puede investigar al presidente de la República, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado señalan que el tribunal electoral sí tiene esas competencias. Pero está claro, y el mismo presidente de la entidad insiste en que allí no se hará un juicio político, pues eso es competencia del Congreso de la República.

La Corte Constitucional lo señaló desde mayo, pero hace poco más de un mes publicó un fallo relacionado con un conflicto de competencias entre juzgados. La Corte aseveró que de acuerdo con el mandato del artículo 265 de la Constitución y lo regulado por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 “el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la Campaña Presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente, frente al eventual trámite judicial posterior de una acción popular para reponer la agresión contra los intereses públicos presuntamente afectados por el eventual manejo inadecuado de dineros públicos”.

Mientras que el Consejo de Estado publicó un auto en agosto en el cual informó que CNE "es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República".

E insistió en que "es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza".

Por su parte, César Lorduy, presidente del CNE, dijo en entrevista con EL TIEMPO que EL el tribunal "no tiene competencia alguna para destituir al Presidente. Es importante reiterar que los magistrados del CNE respetamos la institucionalidad de la Presidencia. No tenemos ningún elemento para considerar nada distinto al respeto que esa institución merece".

MATEO GARCÍA

Subeditor de Política

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