ONU insta al Gobierno a ajustar ‘paz total’: dice que debe priorizar mesas con grupos que han demostrado compromiso

Aunque la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur y la decisión de esta estructura armada de avanzar en el proceso de negociación representa un paso significativo para la golpeada política de ‘paz total’ del Gobierno Petro, el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado este lunes, señala que, en general, las negociaciones de paz de esta administración no han producido “resultados claros y sostenibles”.

Además, el secretario general António Guterres hace un llamado en el documento a “optimizar” las políticas de seguridad y defensa centradas en la protección de las comunidades, las iniciativas de paz en curso y las estrategias contra las economías ilícitas.

El documento, que analiza el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 y el 26 de marzo de 2025, será presentado el próximo 22 de abril ante el Consejo de Seguridad del organismo, y pone el foco en la crisis desatada por la arremetida del Eln en la región del Catatumbo. 

“La crisis del Catatumbo ha puesto de relieve la persistencia de desafíos y factores estructurales subyacentes a la violencia en curso en las regiones afectadas por el conflicto. (...) La situación (...) ha generado un debate sobre el difícil panorama que enfrentan los diálogos con los restantes grupos armados en el marco de la política de ‘paz total’ del Gobierno”, dice el documento.

Citando cifras de la Defensoría del Pueblo, el informe reseña que la ofensiva del Eln y la posterior respuesta de las disidencias de las Farc (Estado Mayor de los Bloques y Frentes, como se conoce para efectos de la negociación) dejó 60 muertos en la primera semana y que algunas de las personas asesinadas habrían sido ejecutadas.

Reportan, además, que entre las víctimas mortales se encontraban cuatro niños, cuatro líderes sociales y seis excombatientes de las Farc. Siete firmantes están desaparecidos y con respecto a la cifra de desplazados, indican que más de 50.000 personas fueron expulsadas de sus hogares forzosamente, la mitad de ellas mujeres, y 180 exmiembros de la extinta guerrilla.

Pero el informe no se detiene en la región del Catatumbo. También alerta sobre la expansión del ‘clan del Golfo’ y su lucha por corredores estratégicos para las rentas ilícitas con el Eln en Antioquia, Bolívar y Chocó, así como los enfrentamientos entre las facciones disidentes de ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, que dejan 27 muertos y al menos seis menores de edad.

“La situación actual de seguridad en varias regiones del país es preocupante y requiere atención urgente”, afirma el secretario general en el informe. En ese sentido, Guterres dice que confía que el Gobierno haga los ajustes necesarios para priorizar aquellos procesos de diálogo político con actores que han demostrado su compromiso con la paz y aquellos con potencial para proporcionar beneficios tangibles a las comunidades afectadas.

Rezagos y retos en la implementación

Para la misión, la expansión de los grupos armados en zonas de Colombia donde se esperaba que la paz se consolidara tras la firma del acuerdo de paz es una realidad latente y una amenaza para los compromisos pactados entre el Gobierno y las extintas Farc. De hecho, el informe indica que la implementación del acuerdo presenta un panorama mixto, con avances notables en algunas áreas, pero también desafíos estructurales persistentes.

“Las instituciones del Estado deben cumplir de forma urgente y eficaz las promesas del acuerdo, las necesidades de las comunidades rurales y las expectativas de la sociedad colombiana en general”, dice el secretario general.

Entre los desafíos señalados por la misión en Colombia, destaca la urgente necesidad de avanzar en la reforma rural integral, un punto clave del acuerdo que, aunque el Gobierno ha priorizado, solo ha logrado avanzar un 6% de la meta de 3 millones de hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura.

El informe también destaca los esfuerzos para sacar adelante el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, al que están vinculados cerca de 99.000 hogares, pero advierte que su éxito ha sido limitado, en parte debido a la falta de seguimiento por parte del Estado a la asistencia prometida para el desarrollo de los campesinos que erradicaron voluntariamente la coca.

No obstante, la Misión destaca el compromiso mayoritario de los excombatientes con el proceso de reincorporación (aproximadamente 12.000 excombatientes), la aprobación de un plan de inversión del Fondo Multilateral de la ONU para la Paz en Colombia para 2025-2026, y el apoyo a excombatientes afectados por la crisis en Catatumbo.

Además, menciona la imputación de antiguos miembros del Secretariado de las Farc y de miembros de la fuerza pública por crímenes de guerra y lesa humanidad, así como la reducción del 14,9% de la pobreza rural en los municipios PDET entre 2018 y 2023.

Balance de la ‘paz total’

El informe hace un repaso de los avances y dificultades de la política de ‘paz total’. En primer lugar, recuerda que la mencionada ofensiva del Eln en Catatumbo llevó a la suspensión de las conversaciones en un momento en que las delegaciones estaban a punto de encontrarse para destrabar el proceso. Además, esta crisis paralizó las actividades de las delegaciones de Gobierno y del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de Calarcá).

Asimismo, reconocen los avances con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y que, pese a la detención de alias Geovany Andrés Rojas, alias Araña, al cierre del tercer ciclo de negociaciones, las partes acordaron seguir en la mesa.

Sobre los espacios de conversación socio-jurídicos, afirman que, si bien se logró reducir la violencia en Quibdó y Medellín, el proceso en Chocó se vio afectado por la expansión del ‘Clan del Golfo’, y en Buenaventura la tregua terminó con nuevos enfrentamientos. Además, hacen énfasis en la falta de un marco legal claro para el tránsito de estas estructuras y la necesidad de acelerar la implementación de acuerdos parciales.

Persisten los retos en la justicia transicional 

La Misión de Verificación aplaudió los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, pero mencionó la inestabilidad de la situación jurídica de muchos comparecientes, principalmente de las extintas Farc. Naciones Unidas aseguró que un número importante de excombatientes permanecen encarcelados por presuntos delitos relacionados con el conflicto.

Este cuestionamiento también se ha hecho desde el núcleo del último secretariado de las Farc. Según sus cuentas, hay más de 105.000 expedientes que siguen en la justicia ordinaria y por los que muchos exguerrilleros de sus bases siguen con pendientes con la justicia.

También encendió las alarmas sobre las agresiones contra los participantes del sistema de justicia transicional. Con respecto a la emisión de la primera sentencia, la misión dijo: “La Misión de Verificación continuó verificando los preparativos para la implementación de las sentencias restaurativas de la JEP. Este tribunal adoptó directrices sobre sentencias restaurativas y se reactivó el trabajo conjunto con el Gobierno en esta materia”.

Aún así instan a acelerar el ritmo para cumplir con el objetivo primordial para el que fueron creados: impartir justicia, mediante acciones restaurativas, a los responsables de los crímenes más graves.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)