Nuevos permisos y recargos, entre los puntos clave que van aprobados hasta ahora en la reforma laboral

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 64 de los 80 artículos que tiene la reforma laboral, es decir, que ya pasó casi el 80 por ciento del proyecto que busca dar más derechos a los trabajadores formales pero que al mismo tiempo aumentaría los costos de las empresas. Si bien se espera dar luz verde a todo el texto la próxima semana, de llegar a pasar, todavía quedarían otros dos debates más en el Senado antes de convertirse en ley.

La discusión más álgida de los últimos días se centró en el artículo que amplía las licencias que pueden pedir los trabajadores a las empresas. Si bien hoy en día está establecido que las personas pueden solicitar permiso para votar, cuando tienen alguna calamidad doméstica grave, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o asistir al entierro de sus compañeros, la reforma plantea nuevos casos.

Lo aprobado señala que el empleador también deberá conceder licencias remuneradas a las personas que necesiten asistir a las obligaciones escolares de sus hijos, atender asuntos judiciales o legales relacionados con violencias basadas en género de las que sean víctimas o acudir a citas médicas programadas o de urgencia. En este último punto se incluyen los casos en los que la mujer trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada.

Una de las críticas de la representante Catherine Juvinao fue que se aprobaron los permisos para asistir a citas médicas, pero no se exige que la mujer acredite la patología por el médico tratante. “Se aprobó un artículo irresponsable. No se pide la acreditación de la patología de esa incapacidad o de esa enfermedad, lo que llevaría a las empresas a una situación inmanejable y podría llegar a generar discriminación contra las mujeres”, sentenció.

Sin embargo, la coordinadora ponente del proyecto, la representante María Fernanda Carrascal aseguró que no se trata de una licencia menstrual para no asistir al trabajo por cólicos sino que es un permiso para acudir a la cita. “Se hace claridad de que a las personas trabajadoras con esta condición médica diagnosticada se les debe permitir asistir a citas médicas, como a cualquier otra”, argumentó.

Aumento de los costos

Otros de los temas clave que tuvieron luz verde esta semana en el Congreso fueron algunos como el del pago de los recargos dominicales y festivos del 100 por ciento y no del 75 por ciento como sucede hoy en día.

Según el texto aprobado, su implementación sería gradual de la siguiente manera: a partir de julio del 2025 el recargo por laborar en día de descanso obligatorio o de fiesta sería de 80 por ciento, en julio del 2026 se elevaría a 90 por ciento y en julio del 2027 subiría al 100 por ciento.

Este es junto con el artículo aprobado la semana pasada que adelanta la jornada nocturna a las 7 de la noche (hoy empieza a las 9 p. m.) uno de los que más preocupan a los gremios económicos debido a que aumentaría los costos laborales de las empresas, lo que podría llegar a afectar su competitividad y, por ende, el empleo.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, aseguró que la remuneración en día de descanso implicaría un aumento del 25 por ciento de los costos por este concepto y que el alza del recargo nocturno sería del 8,85 por ciento.

“Comienza la cascada de fuertes incrementos en los costos laborales, lo que perjudicará especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, al 97 por ciento del tejido empresarial colombiano”, manifestó el líder gremial.

Esta situación, según el Consejo Gremial Nacional — conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial — sería más complicada en sectores como el de servicios de seguridad privada, comercio, turismo, la industria manufacturera y el sector agropecuario, tanto en producción primaria como en transformación, que son los que operan durante las 24 horas del día todos los días de la semana.

En total, el observatorio de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios (Acopi) que lidera Rosmery Quinero, calcula que de aprobarse la reforma se podrían llegar a aumentar los costos de las pequeñas empresas entre un 17 y un 34 por ciento, lo que elevaría el desempleo entre 1,7 y 3,4 por ciento y reduciría la formalidad entre un 7 y un 14 por ciento.

Adicional a ello, destaca que las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios parecen estar más tensas que nunca pues estos últimos reclaman no ha habido ningún tipo de concertación en la reforma. Además, aseguran que esta no ataca dos de los grandes flagelos del mercado laboral: el desempleo y la informalidad.

“Es sorprendente que se estén ignorando todas las normas del tripartismo. El Ministerio olvidó que existe la obligación constitucional de tratar de buscar una concertación pero la última mesa tripartita realizada fue en febrero del 2023”, alertó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Incluso, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la cual representa los intereses del empresariado en este tipo de debates, le mandó una carta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que expresa su “profunda preocupación” por el actuar del Gobierno y pide su intervención para que se lleven a cabo las mesas de concertación.

“Esta situación nos enfrenta a un temor fundado de que el Gobierno apruebe reformas que no cuentan con las perspectivas de empleadores y trabajadores y que no están enfocadas en abordar las principales problemáticas del mercado laboral”, asegura la misiva que firma su secretario general Roberto Suárez Santos.

Más cambios que vendrían

Dentro de los artículos aprobados en el debate de la reforma también destacan otros relacionados con el derecho al tiempo de descanso o el que establece una estabilidad laboral reforzada para que las mujeres en estado de embarazo y hasta los seis meses después del parto así como los prepensionados solo puedan ser desvinculados si existe una justa causa o una causa legal.

“Hemos avanzado en el debate de la reforma laboral y la próxima semana continuaremos trabajando en la plenaria para dejarle al país la reforma más garantista e incluyente para toda la población trabajadora. Hay que destacar que los contratos sindicales desaparecen como figura”, resaltó esta semana la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

También pasó el artículo que busca la formalización de las madres y padres comunitarios para que sean vinculados a la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el proyecto, se calcula que en el país hay 39.104 madres y padres comunitarios, de los cuales el grupo etario con más representación lo componen los que tienen entre 50 y 59 años de edad, con 12.354, lo que supone un 31,59 por ciento del total.

Igualmente, en este segundo debate pasaron otros artículos como el que busca que las personas no puedan estar más de cuatro años con un contrato a término fijo, pues si se excede ese periodo se consideraría indefinido o lo que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales de reparto, como es el caso de Rappi.

El articulado aprobado establece que los ‘rappitenderos’ podrán ser empleados dependientes con contrato de trabajo tradicional o independientes, según acuerden las partes. De darse este segundo caso, las empresas de plataformas de reparto asumirían el 60 por ciento de los aportes en salud y pensión y el 100 por ciento de los riesgos laborales.

“Con estos artículos vamos a garantizar que 120.000 repartidores queden cubiertos con seguridad social”, señaló José Daniel López, director de Alianza In Colombia, el gremio de las aplicaciones.

Sin embargo, hasta el momento se han caído tres artículos: el que hablaba de la indemnización por despido sin justa causa, algo que habían catalogado como “preocupante” debido a los “altos” montos que contemplaba; el que decía que el personal de vigilancia y seguridad privada tenía derecho a 18 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por año laborado y otro que especificaba los alcances que pueden tener los tribunales de arbitramento.

Lo que falta

La próxima semana la plenaria de la Cámara tendrá que discutir los últimos 13 artículos del proyecto. Hay gran expectativa de lo que pueda pasar con el que busca volver el contrato de aprendizaje uno laboral y a término fijo. Con ello, las personas que están en formación no podrían recibir menos de un salario mínimo y tendrían que estar afiliadas a la seguridad social.

Además, el proyecto indica que las empresas obligadas a cumplir la cuota de aprendizaje tendrían que cancelar al Sena un valor mensual que corresponderá a 1,8 salarios mínimos por cada aprendiz que no contraten.

Según los cálculos del Consejo Gremial, para las empresas obligadas a contratar aprendices del Sena, la implementación de esta modificación implicaría un aumento del costo mensual de un aprendiz de los 870.000 pesos actuales a 1’774.800 pesos, incluyendo las prestaciones de ley y sin contar con los beneficios extralegales que cada empresa podría ofrecer.

Por tanto, si una empresa tiene tres personas bajo contrato de aprendizaje, el costo mensual pasaría de 2’610.000 a 5’324.400 de pesos, lo que representa un aumento del 104 por ciento en su estructura de costos.

También falta ver qué pasará con el artículo que busca aumentar de manera gradual la licencia de paternidad de dos a seis semanas. Pese a que esta fue la propuesta inicial, el Gobierno está barajando la posibilidad de que sea de cuatro semanas y al parecer ya existe consenso.

Igualmente, los congresistas tendrán que debatir esta semana artículos como el que crearía la modalidad de jornal agropecuario, el que habla de la protección laboral ante la automatización de actividades, unos convenios laborales para las víctimas del conflicto armado o los que hablan de los cambios sindicales.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), si llegan a pasar como vienen en la ponencia los artículos del contrato agropecuario ocho de cada 10 trabajadores del campo no tendrían acceso de la manera que se requiere a prestaciones sociales, salud, pensión y riesgos laborales como cualquier otro trabajador. 

“Se desconoce que en el campo también hay trabajadores que por las propias labores tienen que trabajar por hora y que en un día tienen más de un empleador. Esta situación perpetuaría la precarización laboral”, sostuvo.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

@noe_cig