'No son investigaciones contra el Registrador, ni contra la Registraduría': Cielo Rusinque defiende proceso contra funcionarios de esa entidad

La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, asegura en entrevista con EL TIEMPO que la reciente imputación de cargos de su entidad en contra de nueve funcionarios de la Registraduría, a los que señala de presuntamente no entregar información relacionada con una investigación de contratos de la firma de Thomas Greg, forma parte del uso normal de sus competencias y no, como se ha dicho desde varios sectores, de una extralimitación de funciones.

Rusinque asegura que lo que se busca es establecer si en esos contratos hubo una violación al régimen de libre competencia. Esa posición fue cuestionada el jueves por cinco exprocuradores generales de la Nación, que sostienen que el proceso adelantado por la SIC en la Registraduría vulnera la separación de poderes.

¿Por qué la SIC les imputa cargos a los funcionarios de la Registraduría?

Esta imputación de cargos es como un mini proceso dentro del gran proceso que estamos adelantando por una serie de denuncias que han sido presentadas a la Superintendencia desde 2019 --que también han sido públicas y de las que los medios de comunicación también han hablado-- y que han dado cuenta de eventuales violaciones al régimen de la libre competencia en la contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como consecuencia de lo cual desde hace más de 10 años hay un único oferente que se ha visto favorecido a pesar de que existen en el mercado otras posibilidades que brindan esa prestación del servicio. Algo que está enmarcado estricta, exclusivamente, dentro del marco legal de nuestras competencias: es decir, es una investigación que solamente va orientada a esa contratación y para poder determinar eventuales responsabilidades por violación al régimen legal de la libre competencia.

¿Es la primera vez que se adelanta un proceso semejante?

Aquí ha habido muchísima desinformación. Lo primero, que si tenemos competencia o no, estas visitas incluso fueron a solicitud de la Registraduría, fueron acompañadas por la Procuraduría General de la Nación. No es la primera vez que se adelanta: de hecho, ese debate ya está zanjado. Es algo que han dicho y de alguna manera han ratificado anteriores exsuperintendentes. Evidentemente tenemos la facultad para adelantar este tipo de actuaciones administrativas, estas visitas administrativas, y la competencia para investigar agentes, trátese que sean públicos o privados.

¿Qué otras entidades públicas ha visitado la SIC?

Podemos hablar de múltiples antecedentes de este tipo de visitas que ahora resultan causar polémica. En el pasado se han hecho a alcaldías, a la misma Fiscalía en el 2017 (...) Visitas administrativas a Procuraduría, Tribunal Administrativo de Cundinamarca... A Colombia Compra Eficiente también se hizo una visita en su momento. 

(...) Ahora, en cuanto la razón por la que se hace este pliego de cargos a estos nueve funcionarios, eso tampoco es una opinión. No es lo que opine el señor Registrador o lo que digan líderes de opinión en cuanto a si les parece conveniente o no la medida que estamos tomando. Nosotros emitimos un pliego de cargos, que es un acto administrativo que goza de principio de legalidad y que para debatirse se debe hacer en las instancias y conforme a los procedimientos legales establecidos para el efecto. Es un pliego de cargos que tiene toda la demostración, más de 90 páginas, en las cuales se dice específicamente qué se le solicitó a cada quien, la causa o la razón por la que se buscaba esa información, que en ninguna medida estuvo orientada a tener acceso a la información sensible que corresponde al acceso electoral. Y eso no es una opinión, eso se tiene que demostrar. Nosotros lo estamos demostrando, le estamos contestando al señor Registrador, dándole un parte de tranquilidad a la opinión pública de que estamos obrando dentro del estricto marco legal y constitucional y que de ninguna manera eso tiene posibilidad de tener una incidencia en la misionalidad de la Registraduría ni mucho menos en las próximas elecciones.

¿Qué se está investigando?

Aquí lo que se está investigando son contrataciones anteriores, de la administración anterior, hay denuncias formales ante la Superintendencia. Estaríamos faltando a nuestro deber legal si no adelantáramos las investigaciones respectivas solamente por temor a este tipo de campañas de desinformación.

¿Era necesario tener los celulares y computadores de los funcionarios de la Registraduría?

Registrador Nacional del Estado Civil. Hernán Penagos.

Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Eso hace parte de las afirmaciones falsas que se han hecho a lo largo de estos días. Hemos explicado, hemos tenido que emitir dos videos, de hecho, para poder responder un poco a esa avalancha de desinformación: se pidió solo un teléfono. Claro, tenemos la facultad para pedirlo. Nosotros ni hacemos allanamientos ni decomisamos teléfonos, ni nos los llevamos. Hay un protocolo que se utiliza para este tipo de investigaciones que nos posibilita acceder y hacer una copia espejo haciendo uso de un software que se llama TFK, que es un software que garantiza la cadena de custodia, la inalterabilidad de los archivos que allí se reciben y sobre todo que garantiza que solamente accedemos a lo que tiene que ver con el marco de las investigaciones y competencias que tenemos en la Superintendencia. De ninguna manera accedemos a la información privada ni el funcionario que reciba o que haga esa copia espejo puede a capricho escoger información que no tenga que ver con el marco de las competencias. Eso solamente es desconocimiento y desinformación.

Cuando se pide un dispositivo para hacer esa copia espejo, como fue el caso de este único teléfono solicitado a uno de los funcionarios, es porque hay una razón en cuanto a las entrevistas, los indicios, las indagaciones preliminares, en cuanto a que, a través de ese dispositivo, que no ha sido de uso personal, se ha manejado información de carácter público, o en este caso contractual. Puede ser un teléfono desde el cual se tenía comunicación con los contratistas, con los oferentes, en el que había información en cuanto a cómo se manejó ese tipo de contratación.

¿Se llevaron el celular?

No nos llevamos ningunos computadores ni los solicitamos. Una vez más, esto ha sido producto de la información. Nosotros solicitamos acceso a cuatro de los correos electrónicos de algunos de los funcionarios. No los correos personales: los correos oficiales de la Registraduría y además, excepcional y solamente para esta investigación, porque no es algo que tengamos que hacer ni que se haya hecho en el pasado, siendo conscientes de la sensibilidad que existe en este tema por la misionalidad tan trascendente de la Registraduría y lo que corresponde a materia de elecciones. Hicimos un protocolo en el que garantizábamos absoluta confidencialidad de todos esos datos: de ninguna manera requerimos ni teníamos acceso, ni pretendíamos tenerlo,  dándoles todas las garantías de que solamente nos entregaran lo que correspondía al proceso contractual. Aun así hubo reticencia por parte de los funcionarios.

¿En la Registraduría les entregaron la información?

Lo que está diciendo el señor registrador es que a nosotros ya nos entregaron toda la información. Eso no es cierto. Entre otras cosas porque para una investigación de esta envergadura, pues uno no puede dejar que sea el indagado el que discrecionalmente disponga qué entrega y qué no. Si nosotros solicitamos unos elementos puntuales es porque consideramos que por reglas de la experiencia y por lo que ha arrojado siempre la tradición de esta Superintendencia, es en este tipo de comunicaciones donde podemos encontrar los elementos que nos permitan comprobar o no la eventual comisión de conductas que violan el régimen legal de la libre competencia.

¿De quién era el dispositivo que requerían?

El del gerente de informática.

¿Ustedes les dijeron a los funcionarios de la Registraduría que si no les entregaban la información podrían incurrir en sanciones?

Normalmente lo que se hace es informar el deber legal que existe de facilitar la información y normalmente sí se informa las eventuales consecuencias a los funcionarios, como corresponde cuando hay una negativa a facilitar la información. De ninguna manera es una coacción.

Algunas voces señalan que las visitas de la SIC a la Registraduría y también otras acciones del Gobierno hacia la entidad pueden representar una persecución, y estamos llegando al año previo a las elecciones. ¿Qué tiene por decir sobre eso?

Bogotá NOV 14 de 2024. Cielo Elainne Rusinque Urrego Superintendente de Industria y Comercio. Fotos @miltondiazfoto / El Tiempo

Foto:Milton Diaz / El Tiempo

Es lamentable cómo se precariza el debate público haciendo una serie de señalamientos y afirmaciones que no tienen ningún sustento ni posibilidad probatoria. Dicen que a 24 meses de las elecciones pretendíamos tener una incidencia, porque estas visitas no se iniciaron hoy, sino desde el mes de marzo. Según ese calendario en ninguna época se podría adelantar ninguna investigación contra funcionarios, porque no es contra la Registraduría, que han tenido relacionamiento con estos procesos de contratación, para vigilar estrictamente el cumplimiento del régimen legal en materia de libre competencia. Son señalamientos que de alguna manera desorientan a la opinión y desvían el debate. Aquí de lo que se trata, si se tratara de debatir algo, es el por qué se obstruye la función que por sustento constitucional y legal tiene la Superintendencia y siempre ha tenido para poder adelantar sus competencias como le corresponde. Ese es el gran interrogante hoy.

La Procuraduría el 19 de marzo abrió investigación disciplinaria contra los funcionarios de la SIC que realizaron las visitas. Argumentó que habría presuntas irregularidades y “extralimitación de funciones, abuso de poder y coacción”...

Desde el primer momento, la línea que les hemos dado a los funcionarios es que precisamente les brinden a los organismos de control, en este caso a la Procuraduría, la información que requieran. Que ejerzan su derecho a la defensa como corresponde, en los términos que corresponde y en el marco legal, que hagan uso de los recursos y de las vías legales que tienen para su defensa (...) Acá permitimos que todos los organismos cumplan su función y estamos prestos siempre a atender cualquier requerimiento, como corresponde.

¿Hay hallazgos respecto a lo que se buscaba en la Registraduría?

Estamos en el marco de una indagación preliminar. El pliego de cargos es en cuanto al incumplimiento de instrucciones. De lo otro, en este momento no hemos hecho una apertura formal de investigación, precisamente porque para ello necesitamos las pruebas suficientes. Lo bueno es que tampoco estamos solamente basándonos en lo que nos diga la Registraduría: este tipo de visitas se adelantaron --y ahí sí no causó escarnio, ni problema, ni polémica, a la misma Cancillería, que es una entidad también del Gobierno, y también a los privados que tienen que ver con este tipo de contrataciones.

¿Qué hay contra la empresa Thomas Greg en la SIC, pues el Gobierno ha criticado algunos procesos de contratación que tiene esta compañía?

En la actualidad estamos haciendo esta indagación preliminar en cuanto a esas denuncias formales que tenemos, ya que a través de los años (Thomas Greg) ha sido el único oferente o beneficiario, sea directamente, sea a través de esta figura de la unión temporal en este tipo de procesos como los que se adelantan allí en la Registraduría, a pesar de que existen en el mercado otros agentes que estarían en la capacidad de poder brindar este tipo de servicios.

Sea la oportunidad para decir que también desde la Delegatura de Datos Personales se investiga otro tipo de conductas: en este caso la eventual violación al régimen en materia de protección de datos personales. También hemos hecho una serie de requerimientos a la Registraduría para poder determinar si hay violaciones en materia de seguridad de los datos de los colombianos: allí hay una actuación de diferentes empresas privadas que tienen el dominio, el acceso a esa información. Algunas de ellas se han mencionado en los medios de comunicación, y una vez más la Registraduría ha sido absolutamente reticente a facilitarnos esa información por considerar que es la Fiscalía la que tiene que adelantar las indagaciones o las investigaciones. Solamente que la Fiscalía investiga delitos. Nosotros investigamos, y somos en este caso la máxima autoridad en materia de protección de los datos personales; tenemos tan plena competencia que incluso ustedes deben saber que recientemente se dieron una serie no solamente de visitas sino de órdenes administrativas a un organismo como el Consejo Superior de la Judicatura, frente a los cuales no hubo ni oposición, ni polémica.

¿Qué les responde a quienes señalan que usted estaría tomando facultades de policía judicial siguiendo órdenes del presidente Gustavo Petro?

No son tantas las voces. Son públicamente identificadas y son muy contradictorias (...) Hay que ser menos ligeros al hacer este tipo de señalamientos en la medida que no se tiene ningún fundamento, ni se va a encontrar, porque sencillamente estas son averiguaciones y actuaciones que se hacen en el marco de nuestras competencias o por iniciativa nuestra, con base en denuncias formales que nos allegan a la Superintendencia.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política