‘No le puedes pedir a una laboral que sea una política de industrialización’: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, asegura que el Gobierno sigue dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos para poder sacar adelante el proyecto de reforma laboral, virtualmente hundido en el Congreso porque ya tiene ocho firmas de senadores para su archivo. En entrevista con EL TIEMPO, responde a las críticas del proyecto y cuenta que esta semana sacarán para comentarios una serie de decretos reglamentarios. De manera adicional, afirma que el diálogo con los gremios es más fluido, pero critica la actitud de Fenalco, al que califica de “enemigo” de la reforma.

Se estrenó en el ministerio con el virtual hundimiento de la reforma laboral, ¿cómo se siente?

Todavía no se puede decir que la reforma laboral esté hundida, pues falta discutirla esta semana y votarla. Lo que pasó fue que la mayoría de senadores firmó una ponencia de archivo, extrañamente dos de ellos sin ser ponentes. Nos están dando argumentos para pensar que hay un bloqueo institucional liderado por Miguel Ángel Pinto. Sin embargo, hay otra ponencia positiva y otras dos alternativas.

¿Todavía tiene esperanzas de sacar adelante el proyecto?

No hablaría de esperanzas, es que hasta que no se vote no sabemos si se hundió o no. Ahora bien, es probable que en la discusión nosotros tengamos que intervenir como autores de la iniciativa. Además, el Ministerio de Hacienda presentará ante el Congreso el concepto de impacto fiscal.

El concepto presentado dice que la reforma podría conllevar en un principio un incremento de los costos laborales y, por ende, de la informalidad, y tampoco especifica de cuánto sería el impacto...

Pero es que la reforma no tiene ningún impacto sobre las finanzas públicas, lo que hace es regular las relaciones laborales. Por lo tanto, no tiene por qué tener el costo.

¿Y han pensado en retirar el proyecto?

No, vamos a dejar que la discusión se dé, y el que la hunda que asuma su responsabilidad política. Es una reforma que le hace bien al país.

Su discusión está anunciada precisamente para mañana, cuando también habría una movilización en apoyo a las reformas...

Sí, me va a tocar marchar un rato y discutir otro (risas).

¿Y no piensan en cambiar artículos para poder llegar a acuerdos?

En el Congreso siempre está la oportunidad de modificar las posiciones iniciales. Yo fui congresista y uno tiene que estar dispuesto a establecer acuerdos. Claro que hay unas líneas rojas, pero hay que estar abierto a encontrar fórmulas que permitan construir. Yo mismo, personalmente, hablé con buena parte de los senadores de la Comisión Séptima, incluso los que no se querían adherir a la ponencia positiva. Nosotros estamos en la disposición a dialogar y buscar puntos de encuentro, pero las ponencias de archivo borran todo.

¿Y podrían ceder en algunos puntos polémicos como el del contrato de aprendizaje?

Me parece una injusticia que los jóvenes que empiezan no tengan un contrato laboral. Ahora bien, nos han pedido que se disminuya el monto de lo que se denomina la cuota de monetización, que es lo que se paga si no contratan. Podríamos verlo.

¿Cuáles serían los escenarios si no hay acuerdo?

Si la reforma se hunde, intentaremos sacar una parte vía decreto y otros temas se irían a la consulta popular. Estamos revisando. Tenemos previsto sacar esta semana un paquete de decretos reglamentarios que estamos examinando muy bien con Jurídica. Estos se colgarán y quedarán para observaciones de los ciudadanos.

¿Pero los artículos más polémicos, como el adelanto de la jornada nocturna o pago del 100 % de los dominicales, no se podrían por decreto?

Estamos examinando los alcances de cada uno porque hay algunos que son materia de una reforma legal y no pueden ser objeto de un decreto que signifique más allá de las competencias que tenemos. Nos toca mirarlo con mucho rigor jurídico.

¿Qué le parece la afirmación de empresarios y expertos sobre que la reforma no ayuda a generar más empleo ni a reducir la informalidad?

¿Pero cómo no va a reducir la informalidad si está estableciendo como regla general el contrato indefinido? Claro que la reduce. Además, contempla, por ejemplo, la formalización de 60.000 madres comunitarias, mejores condiciones para trabajadores de la cultura o del periodismo y para los ‘rappitenderos’. Ahora bien, tú no le puedes pedir a una reforma laboral que sea una política de industrialización del país. El proyecto lo que hace es reducir la informalidad, proteger empleos y garantizar que los que se generen sean dignos.

Hace unos meses, los empresarios llegaron a decir, incluso, que el diálogo tripartito estaba “en cuidados intensivos”. ¿Está mejor la relación?

Me he estado reuniendo con los representantes del sector empresarial e incluso conversamos sobre la posibilidad de reactivar el Comité de Concertación Laboral y estoy pendiente de proponérselo al presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, lo que salió de Cámara contó con la participación de sectores empresariales, pues hubo propuestas de la Andi, Asobancaria, Fasecolda y el gremio de las plataformas Alianza In, entre otros.

¿Y de Fenalco, que ha sido uno de los más críticos?

Bueno, es que Fenalco sí es el enemigo de la reforma. Considero que la actitud de ciertos sectores empresariales de pedir que se hunda el proyecto y de comportarse como fuertes opositores al Gobierno no ayuda a la discusión nacional ni a la construcción de un acuerdo país. Algunos se comportan más como opositores que como líderes de su gremio.

Se tiene previsto que la pensional entre en vigor el primero de julio, pero se está a la expectativa de que la Corte Constitucional pueda tumbar la reforma por vicios de trámite. ¿Tienen un plan B por si se cae?

No creemos que suceda porque no hubo vicios de trámite. El Presidente pidió una audiencia a la Corte Constitucional y estamos a la espera de que la valide para ir a demostrarlo. Además, hay unas realidades que ya están andando. Ya produjimos cuatro decretos reglamentarios, que son como el 80 por ciento de la reglamentación de la reforma, y los fondos privados hicieron inversión a riesgo.

También, más de 60.000 personas se cambiaron de los fondos privados a Colpensiones y hay 100.000 a la espera de hacerlo en los próximos días. Y lo propio está ocurriendo con quienes ya han pasado de Colpensiones a los fondos privados, que tienen ingresos por encima de 2,3 salarios mínimos.

Adicionalmente, los adultos mayores están esperando su bono solidario. Ya hay unas realidades que no debería desconocer la Corte, y no creo que lo haga.

¿Considera que Colpensiones está preparada para recibir a todos los afiliados de menos de 2,3 salarios mínimos?

La entidad se ha venido preparando de manera responsable para lo que va a venir. Hay un comité técnico operativo en donde están Colpensiones, los fondos privados y la Superintendencia Financiera. Cada semana se va examinando la situación y vamos aprendiendo qué cosas hay que mejorar y ajustar, de modo que estaremos preparados para arrancar en julio el nuevo sistema pensional.