‘No hay manera de avanzar en la ‘paz total’ si no se cumple el acuerdo’: ministro Juan Fernando Cristo

Al llegar al Gobierno, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se le asignó la tarea de acelerar la implementación del acuerdo de paz. Hoy, al cumplirse ocho años de la firma del Teatro Colón, el funcionario hace un balance de la tarea ejecutada y de lo que viene.

Después de ocho años de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, ¿cuál es el balance en general?

El balance es positivo. La sociedad colombiana comenzó un proceso de transformación. Se profundizó la democracia y abrió las posibilidades para la alternancia de poder en Colombia y que llegara la izquierda democrática a la Presidencia. Hubo una renovación de liderazgos. Hoy estamos debatiendo temas que eran impensables hace unos años. Por otro lado, las cifras de la violencia demuestran que, a pesar del deterioro de la seguridad desde 2018, se ha mejorado. Las cifras de homicidio, secuestro y desplazamiento forzado son sustancialmente mejores que antes del acuerdo de paz. Hemos avanzado en la transformación territorial, aunque a un paso mucho más lento de lo que quisiéramos y de lo que esperan los habitantes de los territorios. Se ha conocido, gracias al sistema de justicia transicional, una verdad que nunca se hubiese revelado si no fuera por el acuerdo de paz. Creo que el balance en general es muy positivo. Habrá quien lo niegue, pues también hay que reconocer que el acuerdo dividió a la sociedad colombiana y sigue habiendo muchos críticos del acuerdo.

Ustedes han señalado al gobierno Duque como responsable del atraso en la implementación, pero uno ve que esta administración privilegió la ‘paz total’ y solo retomó la implementación con su llegada...

Se generó un falso dilema de ‘paz total’ o implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, la ‘paz total’ o cualquier búsqueda de paz en Colombia no tiene posibilidades si no se implementa con éxito el acuerdo de paz con las Farc. Es la misma gente que vive en los territorios la que está sufriendo la acción de estos grupos con los que actualmente se está dialogando. Son los mismos territorios, habitantes, problemas y anhelos de transformación. No hay manera de avanzar en la ‘paz total’ si no se cumple el acuerdo de paz y se impacta positivamente a los territorios. Tampoco avanzamos si los alzados en armas con los que se negocia no ven que se está avanzando con los excombatientes firmantes. Es requisito y condición la implementación del acuerdo para avanzar en la ‘paz total’. En la primera mitad de mandato del presidente Petro, la voluntad ha sido clara por la implementación, pero ha habido problemas de articulación institucional para avanzar, sobre todo en el tema territorial. Una buena noticia es que este aniversario coincide con un renacer del acuerdo de paz tras el compromiso del presidente Petro en las Naciones Unidas. El acuerdo nuevamente está en la agenda pública del país y eso es muy importante. Creo que hay dificultades, siguen existiendo, pero hay una decisión clara de acelerar la implementación.

Usted dijo que los territorios en los que se pensó para el acuerdo son los que están sufriendo de nuevo el conflicto. ¿En qué se falló para que el panorama parezca igual o peor al que había en 2016?

No es peor. En Colombia estamos muy dados al fatalismo y se nos olvida el pasado. Hay un problema serio de seguridad que no podemos desconocer, pero la situación de seguridad es sustancialmente mejor que la de hace 15 años. Aunque sí hay que reconocer que no es mejor a la de 2016, 2017 y 2018. En esos años, el país alcanzó a respirar un clima de paz y tranquilidad. El deterioro comenzó porque perdimos cuatro años de la implementación. Los colombianos eligieron de forma válida y legítima un gobierno cuyo compromiso fue acabar con la paz. No lo lograron, pero sí congelaron sus avances. Es grave porque no implementaron y tampoco desarrollaron una política de seguridad para controlar el territorio. Las cifras están ahí y son del Ministerio de Defensa. El crecimiento del ‘clan del Golfo’, el Eln y las disidencias fue geométrico entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022. Crecieron en presencia en los municipios y en número de armados que entraron a la guerra.

¿Ha faltado que la implementación se articule con presencia de la Fuerza Pública en esas zonas donde hay nuevamente presencia de armados?

La Fuerza Pública ha dado golpes importantes y está haciendo un esfuerzo muy importante. Lo de El Plateado es una operación gigantesca. También se han dado golpes al Eln y a otras estructuras criminales, como el ‘Tren de Aragua’ y el ‘clan del Golfo’. Debe haber un mensaje claro para todos los colombianos, sin importar sus posiciones sobre el Gobierno: tenemos siempre la intención de conversar con los integrantes de los grupos criminales que estén dispuestos a reincorporarse y negociar, pero la respuesta del Estado contra quienes insistan en la violencia será la de una acción militar contundente.

En todo este tema de la implementación en el gobierno Petro se ha criticado a Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación. ¿Cómo van las cosas con ella?

Desde que llegué he dejado claro que el papel del Ministerio del Interior es articular todas las entidades dedicadas al acuerdo de paz. No llegamos a construir una nueva institucionalidad de la paz. Nosotros solo estamos coordinando en el interior del Gobierno con las agencias de la paz y todos los ministerios. En esa tarea estamos y las diferencias son normales, pero a eso no le pongo atención.

¿Cómo ha avanzado el plan de choque que presentó hace más de un mes?

Hay un primer balance que haremos en febrero del año entrante. Vamos avanzando en cada uno de los puntos. Estamos trabajando y articulando. Esperamos que antes de terminar el año podamos firmar los primeros pactos territoriales de las zonas Pdet, que han sido construidos con las comunidades y con los alcaldes y gobernadores. Vamos a definir los procesos de participación que arrojen las obras de impacto para que realmente transformen el territorio. El verdadero nombre de la paz en Colombia tiene que ser territorialización. Es la nueva estrategia tanto de las negociaciones como de la implementación del acuerdo.

Es difícil que un municipio renuncie a los proyectos que tenía planeados con la plata de la paz. ¿Cómo se han desarrollado las negociaciones para consolidar los pactos territoriales y la concentración de recursos en proyectos puntuales?

Ha sido un proceso muy interesante porque desde el comienzo de los Pdet se presentaron 33.000 iniciativas, que son imposibles de abordar. Uno entiende las expectativas de las comunidades en zonas donde no ha existido la presencia del Estado, pero debemos concentrarnos. Ya hemos identificado 400 proyectos puntuales que tienen impacto en los territorios. Ya estamos viendo cuáles están avanzando y así ver qué vamos a hacer de aquí al final del gobierno y cuáles son los que se van a trabajar en el futuro, incluso con vigencias.

Esta semana se conoció un informe de la Contraloría sobre el acuerdo de paz…

Sí, me impresionó que 31 billones de pesos han sido invertidos por el Estado en las zonas Pdet y eso no ha tenido el impacto que debió tener. Eso tenemos que cambiarlo. Debemos orientar los recursos para erradicar cualquier vestigio de corrupción, como sucedió con los Ocad-Paz. También debemos buscar que las obras sean de impacto para los territorios, como lo estamos haciendo. Esperamos avanzar en eso. En temas de seguridad de firmantes y líderes sociales, reunimos a la Mesa Nacional de Garantías y ya hay un plan piloto en los dos territorios más afectados, que son el Norte del Cauca y Santander de Quilichao. Ya presentamos el plan piloto para proteger la vida de los excombatientes de las Farc, que es una prioridad del Gobierno. También hemos venido avanzando en la reforma rural integral. Cada día se titula más y se hacen más proyectos productivos.

¿Cómo va el tema legislativo, usted dijo que iban a retomar los proyectos relacionados con el acuerdo de paz?

En el tema legislativo, que se había dejado a un lado desde hace seis años, la semana que viene comenzamos la discusión de la jurisdicción agraria y tenemos grandes consensos con esa ley. También estamos apoyando el proyecto de ley que presentaron las curules Citrep para prolongar los planes de desarrollo territorial (Pdet) por 10 años más. Estos planes tienen una vigencia de 10 años no más y queremos extender eso por otro periodo igual debido a que no vamos a ser capaces de transformar esos territorios en el plazo original.

Hablando de esa propuesta de ampliar por 10 años los Pdet, varios han dicho que ahí está la puerta para una supuesta búsqueda de prolongar el periodo presidencial. ¿Qué responde a esos comentarios?

Es un cuento chimbo. Pónganse serios y a trabajar en las propuestas para 2026. El Gobierno va a garantizar las elecciones y es una falta de seriedad que, incluso los que han ostentado altas dignidades del Estado, sigan dedicados a esas teorías en vez de decirle al país cómo planean resolver los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Este proyecto tiene un solo propósito y no tiene que ver con la JEP o la vigencia del acuerdo de paz, sino que buscamos cumplir el compromiso que adquirimos con 7 millones de colombianos y que no vamos a alcanzar a cumplirlo si los Pdet se acaban en 2028. Necesitamos 10 años más de vigencia de esta figura para darle prioridad a la inversión en dichas regiones y para desarrollar los pactos territoriales.

O sea, el proyecto no busca prolongar el mandato de la JEP, las curules de Comunes ni nada de ello...

Nada de eso. El proyecto ya está presentado, pueden verlo.

Hablando de la jurisdicción agraria, la oposición sigue diciendo que el proyecto le abre la puerta a la expropiación exprés...

Nadie serio sigue hablando de eso. Quien hable de eso no ha leído el proyecto o quiere generar un titular en los medios. Hemos avanzado muchísimo en la discusión y la semana entrante comienzan los debates. Vamos a lograr que se apruebe en comisiones conjuntas y luego en las plenarias.

Pero aún hay sectores que dicen que están atropellando en el Congreso...

Se les volvió un lugar común y contrasta con la realidad. Les parece que atropellamos porque no aceptamos que no haya reformas en Colombia. Hay sectores que tomaron una decisión de decir que toda reforma es mala. Están tomando la narrativa de que todo en Colombia era bueno antes del 7 agosto de 2022. Hay que dar un debate serio. Este país necesita más reformas, no menos reformas. Una cosa es que no les gustan las reformas, pero no pueden decir que se atropella cuando llevamos dos años tramitando la reforma de la salud, una reforma laboral con año y medio de debate, y una reforma pensional que estuvo más de un año en el Congreso. Pido sensatez en los cuestionamientos.

¿Cómo van las cosas para el último debate del proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones? ¿Hay riesgo de que se cambien algunos puntos acordados?

Se han generado consensos con el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional y otros sectores que tenían reservas. Lo que pasa es que algunos ven un demonio en la descentralización y autonomía territorial. Eso es válido, pero lo que tenemos que hacer es avanzar en acuerdos, como los que ya hemos logrado: no se van a transferir recursos sin transferir competencias a los municipios. Eso quiere decir que hay que adelgazar el Estado central en Colombia y eso es lo que no quieren hacer algunos tecnócratas porque quieren mantener el monopolio del poder en Bogotá. Es una discusión sobre el poder y los recursos, y no lo quieren soltar con un fundamentalismo ético e intelectual que me ha sorprendido. El proyecto es fundamental porque implicará un rediseño del Estado a mediano y largo plazo. Y en el corto plazo hay que ver que fue un verdadero acuerdo nacional, pues lo votan casi que de forma unánime y tiene el apoyo de las bancadas del Pacto Histórico y del Centro Democrático. Es una señal de que podemos construir consensos.

¿Este proyecto ayudará con la implementación del acuerdo de paz?

Claro. Solo con decir, ¿hace cuánto llevamos diciendo que el conflicto en parte es por la ausencia de Estado en los territorios? En esta norma además se les da prioridad a los municipios Pdet en materia de transferencia de recursos. Eso será muy importante.

Hablando del Congreso, ¿cómo lograron voltear de un día a otro el resultado para la elección del magistrado Polo?

Hay unas dinámicas del Congreso. El Gobierno no puso unas mayorías. Recuerden que en esas elecciones siempre se van moviendo los votos. La terna fue magnífica. Era toda conservadora y cualquiera de los tres iba a ser un gran magistrado. Polo es un jurista de profesión. Lleva 18 años en distintos despachos, sean de magistrados liberales o conservadores. Su criterio ha sido estrictamente jurídico y estoy seguro de que va a cumplir una buena tarea salvaguardando la independencia de los poderes y la carta política del 91. No tengo ninguna preocupación. Eso sí, fue una situación rara con el empate y el voto de más, pero pues siempre ha habido elecciones apretadas. Y en cuanto a que el Gobierno mostró interés, todos lo hacen. Eso es legítimo y válido porque los magistrados son elegidos por un organismo político como es el Senado.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política