‘No cuestiono la legalidad de la detención de ‘Araña’, pero la confianza quedó resquebrajada’

En la entrevista con EL TIEMPO, Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en la mesa con la ‘Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano’ habla sobre la captura de alias Araña (Giovanni Andrés Rojas) y del impacto en las negociaciones de paz del Gobierno. Aunque reconoce que la solución a la crisis no depende de él, mantiene su intención de seguir adelante con el cronograma pactado en el tercer ciclo de los diálogos.

¿Cómo fue el momento de la captura de alias Araña?

Estábamos en la rueda de prensa reseñando los acuerdos, leímos la declaración final y cuando salíamos del sótano hacía el primer piso yo recibí la información de que se estaba practicando un procedimiento de detención del señor Giovanni Andrés Rojas, pero no entendí muy bien de qué se trataba. Veníamos de culminar unas conversaciones muy exitosas, en donde logramos tres acuerdos luego de las tensiones que tuvimos el primer día. Siempre estas negociaciones son una especie de carrera contra el tiempo porque los tiempos apremian y ellos podían estar en Bogotá solo tres días, según lo convenido. 

Entonces el señor Rojas toma el ascensor, va al primer piso a tomar la comida y cuando abre la puerta del ascensor encuentra cinco agentes del grupo especializado en CTI. Ellos le dicen que lo van a detener y que tiene una medida de Interpol. Después lo llevan a la mesa del comedor para que firme la autorización para ser conducido a las instalaciones de la Fiscalía, él se opone, empieza a llamar a sus compañeros y ahí es donde yo me entero. Entonces, yo subo, pregunto de qué se trata y me informan que tienen que llevarlo de manera inmediata. Yo llamo al consejero comisionado de paz y le pido al CTI que nos den un momento para que yo pudiera atender esa diligencia junto con Otty Patiño, que llegó unos 30 o 40 minutos después. 

Entre tanto, hubo un fuerte impacto en las delegaciones y en toda la gente que estaba allí porque fue una presencia muy invasiva e intimidante de hombres uniformados y armados, eso nos causó un gran impacto. Entonces llegó Otty, decidimos bajar al sótano para entablar un diálogo con los responsables del operativo. Otty se comunicó con la fiscal general de la nación, parte de esa comunicación con ella alguien la grabó, salió a redes sociales y bueno, estuvimos ahí más o menos hasta las 12 de la noche.

¿Ustedes que le manifestaron al CTI?

Estuvimos en una situación supremamente compleja porque el consejero comisionado planteó que debía respetarse la integridad del señor y que el procedimiento de conducción al búnker de la Fiscalía no debería surtirse en los términos ni en los tiempos que se plantearon. Entonces estudiaron distintas opciones. Incluso los administradores del hotel manifestaron casi que su exigencia era que el hotel fuera desalojado. Entonces ahí hubo una situación bastante compleja. Finalmente, eso se logró resolver y en la madrugada el señor Andrés Rojas fue conducido muy temprano a las instalaciones de la Fiscalía, pero casi que le diría que nos amanecimos en ese forcejeo. Los delegados de ellos manifestaron su temor de que esa misma noche se les aplicaran medidas similares a ellos.

¿Cree que este episodio puede tener un impacto, no solo en este proceso, sino en general en la ‘paz total’?

Hay un elemento, digamos, más allá de cualquier análisis de más largo aliento, sobre el cual estas mesas de diálogo se sostienen y que tiene una incidencia predominante: la confianza. Entonces, con un operativo de esa naturaleza, no estoy criticando la legalidad de la detención o haciendo mención de si se aplica de preferencia la circular roja de Interpol sobre la legislación interna o las resoluciones de suspensión de orden de captura, la confianza quedó fuertemente resquebrajada. Ese es un elemento sin el cual muy difícilmente se puede recomponer un proceso de diálogo. Entonces, hay varias preguntas que surgen de allí. Hay una seguridad en los diálogos que opera de manera externa, que no fue advertida el operativo. En la práctica, yo casi que entendería que fue una especie de allanamiento.

Hay otro elemento. Los países garantes, como su nombre lo dice, son un elemento de garantía para el buen desarrollo de los diálogos de paz. Su presencia no es que genere impunidad, pero sí una inmunidad para que la mesa tenga un principio de intangibilidad en su composición. Entonces, una presencia de esa naturaleza, con las características que tuvo, justo cuando se termina el ciclo, después de que se hace la rueda de prensa, genera una reflexión que es apenas legítima. Los países garantes y las entidades acompañantes como Naciones Unidas y como la Conferencia Episcopal también se preguntan cuál es el rol que cumplen en el acompañamiento de los diálogos.

En tercer lugar, estos señores aceptan desplazarse de sus territorios a Bogotá para adelantar las conversaciones bajo la premisa de que están suspendidas sus órdenes de captura y no es que ellos sean los que nos piden que los traigamos, quienes pedimos que vengan a Bogotá somos nosotros porque es que tenemos aquí unas condiciones para el desarrollo de los diálogos que no existen en los territorios en donde ellos están. Entonces todo eso queda completamente resquebrajado. Casi que se dinamitó la confianza desde adentro del escenario en donde estamos desarrollando los diálogos. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿qué tendríamos que hacer para restablecer esa confianza? Por ahora la respuesta es muy difícil.

¿Usted cree, como el comisionado, que se le está haciendo trampa al proceso de paz?

El comisionado de paz, al igual que yo, estaba muy afectado por lo que pasaba. Yo, que estaba al lado de él, entendí que el reclamo que hacía era justamente en la dirección que yo lo estoy mencionando. Es como si se trajera la delegación de ellos a Bogotá para hacerlos presa fácil de una medida como la que se aplicó con este señor, así lo interpretaron ellos. Entonces, por parte nuestra la medida así aplicada podría ser entendida como un engaño al principio de confianza que se logra construir para llevar adelante las mesas.

Lo pongo en los siguientes términos: si esa delegación de la ‘Coordinadora Nacional’ decide que no vuelve a ningún centro urbano y nos dicen que el único lugar en donde ellos sentirían tranquilidad es en sus zonas de influencia, bajo unas condiciones de seguridad que ellos mismos establezcan, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras garantías de seguridad? Quedamos en el peor de los mundos porque se coloca la mesa de diálogos en una situación en la cual no sería sostenible y por consiguiente, al minarse la confianza, se esfuma la credibilidad y se extingue esa voluntad, de tal manera que no habría que aceptar la muerte de la ‘paz total’, sino registrar que debido a que se ha dilapidado la confianza, deja de continuar el esfuerzo por la ‘paz total’. 

Ese es el tema que tenemos en nuestra mesa hoy y tenemos que pensar de qué forma retomamos esos diálogos que produjeron tan buenos resultados, con tareas concretas en el corto plazo como las que logramos en esta ronda de conversaciones.

La ‘Coordinadora Nacional’ dice que seguirán el proceso si se libera a alias Araña, ¿eso no cierra cualquier posibilidad de avanzar?

Yo creo que ellos se reafirman en su voluntad de paz, manifiestan sus inconformidades, lo que apenas es natural, afirman que el diálogo se condiciona a la liberación de Andrés Rojas, pero nosotros creemos que es posible superar esa situación. Ahora, la solución de la situación jurídica no está en manos de nuestra delegación. Ahí tenemos un problema, un asunto complejo que se adiciona a las complejidades de la mesa. ¿Cómo dar respuesta a esa situación? Nosotros hemos dicho que la respuesta tenemos que encontrarla a través de los mecanismos que ofrece la ley relacionada con los procesos de paz. Por supuesto, eso implica una labor de explicación, de entender bien cuál es el procedimiento que se surtirá ahora en la Fiscalía.

¿Cuál es la situación jurídica de alias Araña?

El señor Rojas está a disposición de la Fiscalía bajo la figura de la aprehensión. Si hay una solicitud de extradición, la Fiscalía tendrá que decidir si dicta una orden de captura y nuestra delegación tendrá que hacerle un seguimiento paso a paso ese procedimiento. No porque, como algunos lo han insinuado, seamos abogados de oficio del señor Rojas, pero la suerte de la mesa depende de que, entre otros, ese asunto se resuelva satisfactoriamente si encontramos una fórmula adecuada. Entonces, tendremos que tener un diálogo con la Fiscalía, empaparnos bien del tema y también tener presente que una decisión de extradición está en manos del presidente de la República. Por supuesto, de parte nuestra entendemos que una solución que no atienda todo este contexto puede frustrar los esfuerzos en la política de ‘paz total’.

Si no liberan a Araña, como parece probable, ¿qué otra salida ven ustedes?

Nosotros lo que vamos a plantear, pero repito, tenemos que darle una mayor elaboración, es que la mesa retome sus conversaciones sin abandonar el seguimiento y la atención a la situación particular del señor Andrés Rojas. Pero eso tenemos que discutirlo porque ahí nos corresponde tener en cuenta no solo la opinión de ellos, sino el marco constitucional en que se mueve la Fiscalía y por supuesto la distribución de competencias que señala nuestra Constitución y la ley, que no es un capricho nuestro. Para nosotros lo prevalente es avanzar en el proceso de paz.

¿Esto pone fin a los acuerdos pactados para ejecutarse en el corto plazo?

Nosotros tenemos un cronograma. Ese cronograma se pactó en este ciclo y a partir del martes ya se inician unas tareas. Ahora tenemos que a partir de estas circunstancias mirar bien de qué manera logramos darle curso a ese cronograma para que el episodio de la detención de Andrés Rojas no lo estropee. Tenemos varias actividades que se programaron en Bogotá, no por solicitud de ellos, sino nuestra porque es más económico traerlos a ellos aquí y más seguro que desplazar la delegación y representantes de entidades a sus territorios. Si no es posible que ellos vengan a Bogotá tenemos que pensar cómo le damos curso a la agenda si ellos se niegan a volver acá o a salir a Tumaco o a salir a Puerto Asís.

¿Y qué le ha dicho ‘Walter Mendoza’ de esto?

Ellos viajaron en la mañana del jueves a sus zonas de ubicación, una parte de su delegación se fue a Putumayo, la otra parte de la delegación se fue a Nariño. Por ejemplo, la delegación de ellos a Nariño tenía que ser retornada a sus puntos de origen en distintos vuelos en helicóptero. Ellos estaban bastante preocupados de que en su retorno pudieran tener episodios como los que se vivieron acá. En la tarde del jueves terminó el operativo de retorno a las 4 o 5 de la tarde. Un miembro de nuestra delegación, el coronel Jaime Ariza, acompañó ese proceso y recibimos el informe al final de la tarde. Después de eso no me he comunicado con ‘Walter Mendoza’, pero voy a hacerlo en el menor tiempo posible para darle curso a la agenda de trabajo que tenemos prevista y también para, en lo posible, atender las condiciones que deben observarse en este nuevo escenario que tenemos.

Uno de los acuerdos alcanzados hablaba de las garantías de seguridad para las partes, ¿en algún momento se planteó que algo así pudiera ocurrir?

Sí, y eso fue lo que nos reprocharon. Ellos insistieron en ese punto y cuando presenciaron el tema de Andrés Rojas nos dijeron: "Es sobre esto de lo que estábamos hablando". Claro, es una orden de la Fiscalía para aplicar una circular roja de Interpol, pero es que el acuerdo de seguridad para que ellos vinieran aquí decía que estaban suspendidas las órdenes de captura. Explicar en ese momento el tecnicismo de que una orden de Interpol prevalece sobre la suspensión de las órdenes de captura fue difícil. Pero ese tema se planteó y ellos lo plantearon con claridad.

¿Para qué negociar con grupos que siguen delinquiendo? ¿Por qué no fijar esos límites desde el inicio?

Pues la mesa es para que no sigan delinquiendo, para que dentro de la mesa se puedan adoptar unas reglas para desescalar las acciones ilegales que ellos cometen en sus territorios de influencia. A eso es a lo que le hemos llamado desescalamiento del conflicto y esas reglas deben estar contenidas en unos protocolos, que en el caso de esta mesa, no se habían abordado antes porque ellos decretaron un cese unilateral de fuego y no combaten a la Fuerza Pública. Además, como no hay cese bilateral, entonces las autoridades militares y policiales no tienen zonas inhibidas en las cuales no pudieran desarrollar sus funciones constitucionales.

Para decirlo en otros términos, en esta mesa es posible negociar en medio de una confrontación, pero ellos decidieron no hacerlo. Una de las características que tienen estos procesos es que ellos ya no confrontan al Estado, sino que se enfrentan entre sí y tienen un control armado sobre las comunidades. Tal vez el lado más débil de la política de ‘paz total’ está en que no se ha logrado, por la dificultad de materializar eso, pactar unas reglas concretas para que cesen sus hostilidades frente a las comunidades, lo cual debe estar acompañado de unos mecanismos de seguimiento y verificación, porque estas estructuras ya no se desplazan con armas y uniformes, sino que operan a la manera miliciana.

¿Aun así, no cree que es necesario establecer líneas rojas?

Es que aquí el Ejército no ha tenido ninguna limitación para actuar. Entonces, la crítica no es a nosotros, es a los que tienen las competencias para actuar. Esas competencias para actuar deben tener en cuenta nuestros avances en la mesa porque, por ejemplo, el año pasado la mesa duró paralizada 4 meses por el problema de Iván Márquez. Cuando reactivamos la mesa se reactivaron los operativos militares. Entonces nosotros insistimos en que no tenemos objeción en que eso ocurra, pero tenemos que tener un diálogo para que la Fuerza Pública esté enterada de qué está pasando en la mesa y ellos dentro de la discrecionalidad que tienen para el uso de la fuerza tengan en cuenta nuestros avances.

Entonces, ¿que extorsionan?. Bueno, en la mesa pactamos una lista de operaciones y acciones prohibidas: no van a extorsionar, no van a reclutar menores y no van a afectar la vida de las comunidades. Eso está acordado. ¿Quién debe hacer cumplir eso? La Fuerza Pública, porque no hay cese bilateral de fuego. Si hubiese tregua, sería el mecanismo de verificación. La Fuerza Pública tiene discrecionalidad para intervenir en esos territorios.

Ustedes hablan de un cese del fuego si esta situación se resuelve, ¿cómo evitar cometer los mismos errores que en otros procesos?

Nuestra mesa tiene en cuenta dos criterios sobre el cese del fuego. Primero que los ceses no se hacen en el aire, no es solamente un acuerdo militar de separación de tropas y unos mecanismos preventivos o correctivos para evitar eso. El cese del fuego implica unos mecanismos de verificación robustos y oportunos que se ponen en marcha si están acompañadas de unos protocolos rigurosos que acepten las partes. Entonces, aquí, como vamos a pasar de un cese unilateral a un cese bilateral, primero debemos atravesar una etapa de elaboración de protocolos en la mesa, de común acuerdo y con el acompañamiento técnico de algunos países que pueden brindarnos herramientas claras y precisas para que esos mecanismos de verificación funcionen. De nada sirve pactar los mecanismos de verificación si no se constituyen y no operan.

No estamos incurriendo en el error de pactar un cese del fuego en el aire. Este tiene dos componentes: uno socioeconómico, orientado a la transformación de las economías, pues estas treguas deben enmarcarse dentro de la política de transformación territorial y abandono de las economías ilegales; y otro militar, que no se limita a la separación de unidades armadas, sino que también garantiza que, en los territorios donde comiencen a operar los programas piloto, haya la debida protección de la Fuerza Pública, ya que, con toda seguridad, pueden existir agentes externos que se opongan a ello.

¿Pero estos protocolos ya están listos?

Esos protocolos tienen que empezar a ser elaborados, para eso el cronograma.

Ustedes hablan de un piloto de sustitución de cultivos y de protegerlos con la Fuerza Pública de agentes externos. ¿Eso no puede interpretarse como que el Ejército va a resguardar a estos grupos armados y sus rentas ilícitas?

Es una buena pregunta. La idea que hay en mente no es decretar cese del fuego para que la Fuerza Pública proteja estas estructuras, como sucede en un cese del fuego clásico. En este caso, el éxito de estos procesos estará en manos de las comunidades. ¿En esos territorios de sustitución de cultivos se permitirá la presencia de organizaciones armadas ilegales? No. La subcomisión técnica, que discutirá este tema a finales de mes, deberá examinar dos asuntos clave. Primero, la mano de obra no podrá estar acompañada de armas. Por lo tanto, si hay unidades de la ‘Coordinadora Nacional’ vinculadas a este proceso, su participación deberá ser sin armas. En estos polígonos no habrá ni armas ni uniformes. Segundo, se garantizará el acompañamiento de los mecanismos de verificación.

En tercer lugar, para nosotros es fundamental recuperar la presencia del Estado en estos territorios. Por ejemplo, en el marco de los ceses bilaterales del fuego, propondremos la instalación de una comisaría de familia, un mecanismo de resolución de conflictos, jueces de paz, conciliadores en equidad y policía comunitaria. No se trata solo del despeje del territorio, sino de elevar los niveles de convivencia mediante instituciones estatales que respondan a las demandas de las comunidades. Esto es importante.

También se ha planteado la posibilidad de coordinación entre mesas para encontrar vías jurídicas que faciliten el tránsito de estos grupos a la vida civil. ¿Considera que esto es viable?

Lo acordado es que estableceremos una subcomisión jurídica para avanzar en la definición de los lineamientos que debería tener una ley de seguridad judicial para los miembros de estos grupos, en el marco de la política de ‘paz total’. Sin embargo, este es un elemento transversal a otras mesas, es decir, también aplica al Estado Mayor de los Bloques (disidencias de Calarcá) e incluso a mesas no solo sociopolíticas, sino también sociojurídicas, donde están presentes grupos GAO de alta criminalidad. Por lo tanto, sería un error limitar la búsqueda de una solución únicamente a esta mesa. Es necesario crear un mecanismo de diálogo dentro de la subcomisión que permita articular un solo proyecto que contemple las distintas situaciones.

Usted planteaba que en el segundo semestre de este año ya se podría tener la implementación de acuerdos. ¿Cómo se llevaría a cabo este proceso?

La ley de ‘paz total’ establece una figura denominada ‘acuerdos pactados, acuerdos cumplidos’. Existen acuerdos parciales en materia de transformaciones territoriales que han surgido del diálogo con las comunidades y que han sido respaldados por la mesa. Sobre estos ya estamos actuando. Por ejemplo, en el triángulo de Telembí, Barbacoas y Magüi Payán, se entregarán 15 ambulancias con características especiales y se mejorarán los centros de atención primaria. Estos acuerdos, aunque se desarrollan en el marco del diálogo, comienzan a implementarse incluso sin un acuerdo definitivo. Sin embargo, hay otros acuerdos que requieren un diseño previo y que, en su momento, formarán parte de un acuerdo definitivo. 

Esto no impide que algunos acuerdos parciales se implementen desde ahora. Cuando se logre un acuerdo definitivo, estos acuerdos parciales podrán avanzar hacia una segunda o tercera fase. Por lo tanto, no son procesos excluyentes, sino complementarios. Nuestra lógica es trabajar sobre los cinco ejes temáticos definidos, redactar documentos de acuerdo y adoptarlos en la mesa con el acompañamiento de las autoridades estatales, locales y departamentales. En este sentido, no es utópico ni ingenuo pensar que podemos construir estos acuerdos para mediados de año.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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