Niños golpeados, enjuiciados y sin defensa: la realidad de los menores presos en Venezuela acusados de protestar contra Nicolás Maduro

Pensaron que la prisión sería momentánea, como un “susto” o “escarmiento”. Pero ya han pasado más de 60 días y casi 100 niños y jóvenes permanecen presos en Venezuela acusados de terrorismo, incitación al odio y violencia, además de ser señalados de protestar en contra de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Casi todos fueron apresados entre el 29 y el 30 de julio, aunque sus familias no supieron de ellos hasta varias horas después e incluso días.  En esta semana, más de 20 niños fueron llevados a juicio, algunos extorsionados para “bajarles las penas de cárcel”, pero todos acusados de terrorismo. Muchos de ellos ni siquiera estaban en medio de protestas, solo estaban en las calles.

Las madres que viven en Caracas y el estado La Guaira introdujeron este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la libertad de todos los niños y jóvenes. Muchos de ellos -según los testimonios- han sido golpeados.

Todos tienen defensa pública, pues el Estado no ha permitido que los defienda un abogado privado. “Nos han pedido hasta 3.000 dólares para agilizar el expediente”, dijo a EL TIEMPO un familiar, que prefirió resguardar su identidad por temor a más represalias.

En Carabobo, un estado a dos horas de Caracas, la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el paso a juicio de siete adolescentes, de entre 15 y 17 años, todos presos desde el 29 de julio. Familiares denuncian que han sido golpeados, les han sacado dientes y les han quemado las tetillas con electricidad.

También se supo que los han obligado a grabar videos admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones.

Según reseñó el diario El Carabobeño, en la audiencia la jueza les ofreció que se declararan culpables y así sólo pagarían una pena de seis años. Pero los menores no aceptaron la extorsión, por lo que probablemente serán sentenciados.

En Tocuyito (Carabobo) hay muchachos que tienen depresión, están desnutridos y con problemas graves de salud. Algunos han intentado suicidarse y muchas madres pueden dar testimonio de ello

Además de niños, también hay adultos presos. "En Tocuyito (Carabobo) hay muchachos que tienen depresión, están desnutridos y con problemas graves de salud. Algunos han intentado suicidarse y muchas madres pueden dar testimonio de ello", dijo Wendy Liendo, representante de 49 adultos apresados en La Guaira y recientemente trasladados a la cárcel de Tocuyito.

Junto a Marelys Ruiz, Liendo introdujo el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y recordaron la detención arbitraria de ocho adolescentes en la Casa de Atención 431 en El Cementerio, en Caracas.

"Estamos dispuestos a llevar paquetería, medicinas, pero a algunos les han llevado medicinas y ni siquiera se las dan", puntualizó Liendo.

Con pancartas, consignas y gritos, las madres, hermanas y demás familiares se apostaron a las afueras del TSJ, llorando por los menores. La mayoría son personas de bajos recursos y que solo con gran sacrificio pueden trasladarse todas las semanas a los centros de reclusión.

Adultos inocentes y con defensa pública

A José Gregorio Pérez Maita, de 25 años y exseguidor de Nicolás Maduro, lo detuvieron la noche del 29 de julio cuando caminaba a su casa en Charallave, a una hora de Caracas. 

“Unos sujetos encapuchados, vestidos de negro, sin ningún tipo de identificación y portando armas largas le dieron la voz de alto, él siguió caminando hasta que le dijeron que si no se detenía lo iban a matar (...) se lo llevaron detenido. Supimos de él después de 12 horas”, contó a EL TIEMPO su hermano Diego Casanova.

Pérez está detenido en el comando de la Policía Municipal de Charallave y su familia pudo conversar con él luego de 15 días preso. 

“Él nos cuenta que cuando lo llevaron al comando policial lo golpearon y estaba el alcalde y le dieron cachetadas. Les preguntaban cuánto les habían pagado, que quienes los habían contratado para protestar”, relata Casanova con la voz quebrada y un cartel con la foto de su hermano.

“Mi hermano tiene más de 50 días preso y no nos han permitido un abogado privado”, insiste Casanova, quien se sumó al recurso de amparo introducido ante el TSJ.

El Gobierno de Venezuela, a través del fiscal general Tarek William Saab, ha insistido en que los presos no son niños y que estaban participando de protestas violentas. Pero no ha dado garantías de respeto de derechos humanos para los prisioneros. 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - CORRESPONSAL EL TIEMPO - CARACAS