El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y "autoridades" del Estado, a penas un día después de que fuese aprobada por el Parlamento.
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"Procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y a la felicidad", dijo Maduro tras firmar la legislación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.
"¡Ejecútese desde este mismo momento!", agregó.
Ley Simón Bolívar responde a un proyecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
El mandatario indicó que esta norma nació luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno del país norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Gobierno chavista. El texto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el Congreso estadounidense se denomina oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés).
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela
"Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer como estamos venciendo y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites", añadió.
"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley.
Inhabilitaciones y otros detalles de la ley Simón Bolívar
La 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela', aprobada por unanimidad el jueves, también contempla multas de hasta 1.055.680 dólares para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno.
La norma, aprobada por unanimidad, incluye además la inhabilitación política de 60 años a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a acudir a las audiencias.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
Más de 900 sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro
Venezuela y altos funcionarios gubernamentales han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como "presidente electo" a Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto en su contra.
Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos.