Ministro de Minas propone que estratos altos paguen saldos de la opción tarifaria en la región Caribe.

La crisis financiera que afecta a las empresas de energía en la región Caribe ha llevado al Gobierno Nacional a considerar nuevas estrategias para evitar el colapso del sector. En este contexto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció una propuesta alternativa para asumir la millonaria deuda de opción tarifaria, luego de que el Congreso de la República archivara la Ley de Financiamiento.

Durante el Congreso Colombia Genera, de la ANDI que se realiza en Cartagena, Palma expuso la iniciativa del Gobierno, que sugiere que los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, sean quienes asuman el pago de los saldos pendientes de la opción tarifaria correspondiente a los estratos 1, 2 y 3. La medida busca garantizar la estabilidad del sector eléctrico sin afectar directamente a los usuarios más vulnerables.

Una alternativa ante el rechazo del Congreso

El ministro explicó que el Gobierno había contemplado incluir esta deuda en la Ley de Financiamiento, con la intención de que la Nación la asumiera en su totalidad. No obstante, el proyecto no obtuvo el respaldo suficiente en el Congreso, lo que obligó a replantear las estrategias para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico.

Es una propuesta que queda sobre la mesa y que consideramos viable para aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras de energía. Si bien la iniciativa inicial del Gobierno Nacional era incorporar esta deuda en la Ley de Financiamiento, la falta de apoyo político ha obligado a buscar opciones alternativas

Edwin PalmaMinistro de Minas y Energía

Según el funcionario, la deuda acumulada por la opción tarifaria asciende a aproximadamente $3.1 billones a nivel nacional, y su no pago podría desencadenar graves consecuencias para la estabilidad del suministro eléctrico en el país. La nueva propuesta plantea que los estratos altos y los sectores institucional y comercial asuman gradualmente esta deuda en un período de entre 8 y 10 años, evitando así un impacto inmediato sobre la economía de los consumidores.

El antecedente: la propuesta de Petro en Barranquilla

En mayo de 2024, durante una visita oficial a Barranquilla, el presidente Gustavo Petro había propuesto una solución diferente: titularizar la deuda de opción tarifaria, convirtiéndola en un compromiso financiero del Estado. Según su planteamiento, la Nación asumiría la deuda a través de títulos de deuda pública nacional, eliminando la obligación de pago de los usuarios residenciales beneficiados con la opción tarifaria.

“La deuda tiene que titularizarse y convertirse en una obligación del Estado. La opción tarifaria que las familias debían pagar a las comercializadoras de energía debe ser asumida por la Nación mediante títulos de deuda pública. Es la manera correcta de sincerar el pasivo y evitar que los hogares más vulnerables asuman una carga que no pueden pagar”, explicó Petro en aquella ocasión. 

Un debate en desarrollo

La propuesta de Palma abre un nuevo debate sobre quién debe asumir los costos de la crisis energética en el Caribe y otras regiones afectadas. Mientras algunos sectores consideran que trasladar la deuda a los estratos altos y a las empresas es una medida justa y progresiva, otros argumentan que podría generar un efecto adverso en la economía, aumentando los costos operativos para el sector productivo y comercial.

Por ahora, el Gobierno sigue evaluando la viabilidad de esta iniciativa y la respuesta del Congreso ante nuevas propuestas legislativas. La discusión sobre el futuro del sector eléctrico y la solución a la crisis tarifaria continuará siendo un tema prioritario en la agenda nacional en los próximos meses.