Este miércoles, la Cámara de Diputados de México analiza una controvertida reforma en materia de supremacía constitucional, impulsada por el partido oficialista Morena.
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Esta iniciativa busca limitar la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales, algo que ha generado críticas de diversos sectores de la sociedad civil y de la oposición política en el país.
La reforma propone modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución. En concreto, establece que no proceden controversias ni acciones de inconstitucionalidad que tengan como objeto impugnar adiciones o reformas a la Constitución.
Esto afectaría, entre otras, a la reciente reforma judicial, cuya legalidad ha sido cuestionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en al menos cinco ocasiones, de acuerdo con CNN.
Además, la reforma incluiría un artículo transitorio que contempla la retroactividad de la normativa. Esto implica que los juicios, recursos y consultas en curso sobre la validez de reformas o adiciones constitucionales se tendrían que desechar de manera automática, sin posibilidad de seguir en trámite.
Posturas a favor y en contra de la reforma
Para sus defensores, como el diputado de Morena Ricardo Monreal, la iniciativa busca "fortalecer el estado de derecho" y evitar el "activismo político" de los jueces al confirmar que "nada ni nadie está por encima de la Constitución". Según Monreal, la reforma es una respuesta al orden jurídico del país y respalda que el Poder Legislativo tenga la última palabra sobre cambios constitucionales.
Sin embargo, los opositores ven en esta propuesta una amenaza a la democracia y a los derechos ciudadanos. El abogado constitucionalista Miguel Carbonell advirtió a CNN que esta reforma es peligrosa, ya que bloquea los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, dejando a la ciudadanía sin defensas contra posibles abusos de poder.
La reforma es una respuesta al orden jurídico del país y respalda que el Poder Legislativo tenga la última palabra sobre cambios constitucionales
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha defendido la reforma argumentando que no introduce principios nuevos, sino que confirma disposiciones ya previstas en la Ley de Amparo.
Sin embargo, su posición enfrenta la resistencia de diversos jueces y magistrados, entre ellos la jueza Nancy Juárez Salas, quien recientemente ordenó frenar la publicación de la legislación en el Diario Oficial de la Federación.
Si la propuesta es finalmente aprobada, podría representar un retroceso en materia de derechos humanos, según un análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
La imposibilidad de presentar impugnaciones limitaría el desarrollo de la doctrina constitucional de revisión, afectando el marco de protección de derechos que ha evolucionado en México desde 2011.
Para muchos, el proyecto se inscribe en una coyuntura donde el gobierno de Morena ha sido acusado de promover un “régimen autoritario” al restringir los mecanismos de revisión judicial y consolidar el poder legislativo sobre las reformas constitucionales.
Según CNN, la oposición teme que esta medida reduzca significativamente la capacidad de los ciudadanos para cuestionar cambios legislativos que podrían impactarlos de forma directa.
Ana María Vera Bautista - Redacción Internacional - Con información de CNN