Los riesgos que ven los expertos de las preguntas de la consulta popular que reviven la reforma laboral

Las 12 preguntas que el Gobierno Nacional le hará a los colombianos por medio de la consulta popular y que reviven el proyecto de reforma laboral que se hundió por segunda vez en el Congreso prometen mejorar las condiciones de trabajo de los empleados; sin embargo, según los diferentes analistas y gremios económicos, siguen teniendo los mismos problemas pues no buscan crear empleo ni reducir la informalidad. Al contrario, advierten que se aumentarían los costos laborales de tal manera que los más perjudicados serían los pequeños comercios.

En esencia, las preguntas de la consulta popular liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, piden cambiar similares cuestiones del mercado laboral que la reforma hundida, algo que no ha sido bien acogido por los empresarios.

“Pretenden revivir el articulado del proyecto que fue hundido en la Comisión Séptima del Congreso y ninguna de ellas apunta a solucionar el grave problema de desempleo en el país, que hoy tiene a casi 3 millones de personas desocupadas”, afirmó el presidente del gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal.

Y es que según los empresarios la reforma debía dirigirse hacia la creación de empleo y la reducción de la informalidad, flagelo que afecta hoy en día al 57 por ciento del mercado laboral, es decir, no solo mejorar las condiciones de los que ya tienen un empleo formal, sino crear las medidas necesarias para generar más.

Entre las preguntas de la consulta que se radicará formalmente el 1 de mayo están dos sobre recargos nocturnos y dominicales que anteriormente habían generado controversia por aumentar los costos salariales. De un lado, si las personas están de acuerdo con que el trabajo diurno sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. y, del otro, con que se pague un recargo del 100 por ciento por trabajar el día de descanso dominical o festivo.

Cabe destacar que si bien en medio del debate en el Congreso se había llegado a concertar entre el Gobierno y los congresistas que la jornada iría hasta las 7 de la noche, finalmente la pregunta de la consulta popular optó por incluir la propuesta inicial de las 6 de la tarde.

De llegar a materializarse estos cambios, la jornada nocturna pasaría de las 9 a las 6 p.m., con lo cual trabajar después de esa hora tendría un recargo del 25 por ciento, y el del día de descanso obligatorio o fiesta se elevaría del actual 75 por ciento al 100 por ciento.

Analistas consideran que esta situación incrementaría los costos laborales de las empresas y sería mucho más complicado en sectores como el de servicios de seguridad privada, comercio, turismo, la industria manufacturera y el sector agropecuario, tanto en producción primaria como en transformación, que operan durante las 24 horas del día todos los días de la semana.

“La gran crítica que muchos hicimos a la reforma que cursaba en el Congreso es que ese proyecto se olvidaba totalmente de los 3 millones de desempleados y los 14 millones de trabajadores informales, que no son otra cosa que “trabajadores sin derechos”. Para sorpresa de todos, la consulta vuelve a olvidarse de esos mismos colombianos”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruc Mac Master.

Según el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el aumento mensual de la nómina de un microestablecimiento comercial sería del 10 por ciento, lo que generaría un impacto sustancial, pues estas pequeñas empresas tienen márgenes pequeños de entre 2 y 3 por ciento.

“Sería un choque muy negativo que generaría desincentivos a la generación del empleo formal. Las preguntas se enfocan en aumentar el costo del empleo y, por ende, el efecto inmediato será un aumento de la informalidad de 2 puntos porcentuales y una pérdida de unos 451.000 empleos”, proyectó.

Por su parte, Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), afirma que ve con “profunda” preocupación la manera en que se están instrumentalizando legítimos anhelos sociales en favor de objetivos políticos coyunturales, sin un análisis técnico riguroso, sin debate plural, y sin medir el impacto real sobre el tejido empresarial del país.

“El cuestionario propuesto mezcla temas laborales sensibles con reivindicaciones históricas, envueltos en una narrativa seductora, pero carente de propuestas estructurales, de rutas viables, y de sostenibilidad fiscal o económica. Como gremio que representa al 99,5 por ciento de las unidades productivas, reiteramos que el país necesita reformas, sí, pero construidas con todos los actores, no impuestas desde la emoción política o la urgencia electoral”, sentenció.

En la consulta también se les preguntará a los colombianos si están de acuerdo con que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral. Este punto también fue uno de los más debatidos en el Congreso. Mientras que para el Gobierno lo justo es que estas personas tengan un contrato con todas las de la ley, algunos expertos opinan que esta medida podría ser contraproducente.

Según los empresarios, transformar el contrato de aprendizaje en uno a término fijo podría aumentar “significativamente” los costos de este tipo de contratación y desincentivar la vinculación del personal sin experiencia, así como el acceso de los jóvenes al primer empleo. Cálculos anteriores del Consejo Gremial estimaban que para las empresas obligadas a contratar aprendices del Sena esta modificación implicaría un aumento del costo mensual de un aprendiz de los 870.000 pesos actuales a 1'774.800 pesos, incluyendo las prestaciones de ley y sin contar con los beneficios extralegales que cada empresa podría ofrecer.

Adicional a ello, también se incluyó la pregunta de si las personas podrían tener los permisos necesarios para atender a tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Esta cuestión recoge la propuesta que se ya se discutió en el Congreso en medio de un gran debate para que las mujeres puedan ir a citas médicas programadas o de urgencia cuando presenten ciclos menstruales incapacitantes.

Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), las preguntas de la consulta traen serios riesgos para la viabilidad institucional, democrática y fiscal para el país. “Las propuestas implican la no viabilidad de las empresas, al establecer mayores costos y poner en riesgo la pérdida de empleo de muchos colombianos”, manifestó al tiempo que dijo que el alto costo estimado de esta consulta no es coherente con la actual situación fiscal.

Según el exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, las preguntas no solo recogen la mayoría de las inquietudes de la reforma laboral, sino que son tan complicadas que la Corte Constitucional las tendrá que revisar y se generaría un impacto en el mercado laboral. “Me preocupan algunas que podrían tener un impacto fiscal como la de constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Además, es contradictoria que mientras unas ponen recargos para las empresas, otras buscan darles tasas preferenciales”, asegura.

Más noticias en EL TIEMPO: