Los hallazgos en Teuchitlán reavivan las sospechas de los campos de exterminio en México

La tragedia de Merari García circula en redes sociales. Los mensajes dicen que tenía 19 años y que había recibido una oferta para trabajar en Jalisco. Que llegó hasta una central de buses, abordó un Uber y se tomó fotos presumiendo los tenis blancos que le había prestado su hermana. Que esas fueron las últimas imágenes que su familia tuvo de ella. Y que desapareció sin dejar rastro.

Merari es una de las posibles decenas de víctimas de un presunto centro de reclutamiento y exterminio recientemente dado a conocer en el municipio de Teuchitlán, en el estado mexicano de Jalisco. Por medio de las fotografías compartidas por las autoridades, los familiares de Merari reconocieron los tenis blancos en una pila de 400 zapatos. También identificaron su biblia, su blusa y su maleta.

A este sitio, conocido como Rancho Izaguirre, se cree que el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevaba decenas de personas a las que había reclutado mediante falsas ofertas de trabajo. Luego las entrenaba como sicarias o las asesinaba cuando resultaban inútiles para las actividades criminales.

El grupo Guerreros Buscadores de Jalisco cumplió un papel crucial cuando, el 5 de marzo, irrumpió en dicho predio y lo dio a conocer por medio de enlaces en vivo para que el país y el mundo supieran del horror que se habría vivido allí. Sostienen que las autoridades sabían de este sitio desde septiembre de 2024, pero nunca profundizaron sus investigaciones. Estas aún no permiten precisar si las actividades que se sospechan se ejecutaban allí cesaron después de esa fecha o si el centro siguió operando hasta cuando lo revelaron los Guerreros Buscadores de Jalisco.

Los hallazgos (de los restos incinerados y que serían de personas dadas por desaparecidas) son una muestra de lo que han sufrido algunas de las más de 124.000 personas que han desaparecido en México, de acuerdo con cifras oficiales. Para el Gobierno, este campo de adiestramiento y exterminio es un hecho inédito. Sin embargo, ya muchos sectores sociales hablaban de la existencia de centros de entrenamiento y aniquilación de personas en otras partes del país.

El periodista Lauro Rodríguez, coordinador del medio digital El Suspicaz y miembro del hub de Connectas, ha investigado las desapariciones en esa zona. Recuerda que, en Jalisco, en 2017, “encontraron y desmantelaron un centro de adiestramiento similar en Tala, un municipio vecino de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara. En el mismo Teuchitlán desmantelaron un centro de adiestramiento en enero de este año. Estaba a escasos kilómetros del que encontraron las buscadoras”.

Otras versiones periodísticas señalan que de este tipo de campos de exterminio se ha hablado desde hace más de dos décadas en al menos cinco estados de la república. Incluso, después del hallazgo del Rancho Izaguirre aparecieron dos centros similares: uno en Tamaulipas y otro en Guanajuato.

Un tema catalizador

Por otro lado, las decenas de maletas y mochilas que estaban en el lugar parecen confirmar un fenómeno ya denunciado en varias ocasiones: el reclutamiento forzado de jóvenes que llegan a Guadalajara en busca de trabajo y desaparecen en la terminal de buses. El crimen organizado los atrae a sus filas con ofertas de empleo, los engañan y luego los secuestran.

“¿Por qué alguien vendría hasta Jalisco a trabajar? –cuestiona Darwin Franco, académico y periodista del portal ZonaDocs–, porque les ofrecen un sueldo superior a lo que le pueden ofrecer en su lugar de origen. Hay una necesidad tan grande de poder subsistir que los jóvenes corren el riesgo”, responde. La pobreza, recalca, “es un terreno fértil para que los criminales puedan convencer a otros de que viajen por trabajo y el caso de Teuchitlán lo confirma”.

Franco lleva años investigando desapariciones y encuentra un componente económico en este fenómeno. “La desaparición de muchas personas tiene alguna utilidad práctica para quien ejerce esta violencia”, dice. Para él, la lógica del crimen organizado detrás de estas desapariciones y muertes es la de cualquier empresa que necesita empleados. “Encontraron en la desaparición el instrumento que les dota de esa mano de obra que requieren para hacer lo que necesitan hacer”.

El periodista señala que para esta industria criminal las vidas no importan. Los narcotraficantes entrenan a los jóvenes y los ponen en la primera línea de combate, porque pueden reemplazarlos. “En esta lógica, si los grupos de narcotráfico necesitan más mano de obra, desaparecen más personas”.

Durante su mandato, el exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro supo del reclutamiento forzado en la central de buses. Lauro Rodríguez recuerda que las primeras veces en las que habló del tema decía que se trataba de jóvenes que se iban de fiesta o se escapaban de sus casas por problemas familiares. Pero algunas víctimas pudieron escapar y relatar su historia. Entonces, “el gobernador salió a decir que él no veía ninguna crisis, porque quienes iban a eso ya sabían a lo que iban. Ya sabían que eran ofertas del crimen organizado. Y nunca hubo ninguna acción para minimizar la crisis en la central de buses”, narra.

La omisión del poder

La desaparición de personas es uno de los capítulos más dolorosos no solo de México, sino de la historia contemporánea latinoamericana. En un artículo publicado en la revista Rupturas, José David Camacho, académico de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, recuerda que en esta región el fenómeno se reporta desde 1932. En países como El Salvador, Nicaragua, México, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras y Haití “se tienen documentadas desapariciones humanas en el marco de controles políticos gubernamentales, que han quedado ampliamente impunes”.

Se trata de una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Brasil desaparece una persona cada seis minutos. En Colombia, a pesar del acuerdo de 2016, “los casos de desaparición siguen siendo frecuentes, debido, entre otros factores, a los ocho conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que afectan a la población”. En Guatemala, hasta diciembre de 2023, había 3.245 personas desaparecidas mayores de 18 años, mientras que en El Salvador se registraron más de 22.000 denuncias de desapariciones entre 2014 y 2019.

El Rancho Izaguirre ha cobrado notoriedad internacional porque, así como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exhibe la responsabilidad, por omisión o por acción, de todos los niveles de gobierno. En septiembre de 2024 se cumplieron 10 años sin saber qué pasó con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en medio de una de las mayores crisis políticas de los últimos años. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) apunta que “nunca se privilegió el desarrollo de capacidades de investigación científicas, sino que lo fundamental era la lealtad para manipular las cosas y construir un resultado al gusto del poder político”.

Por su parte, Enrique Font, profesor de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), no duda en afirmar que en México hay una “fragmentación de las instituciones policiales, municipales, estatales y federales”, por la penetración del crimen organizado y la “corrupción en las administraciones de justicia”. Para sustentar su argumento, pone como ejemplo cómo hasta la Procuraduría General de la República participó en las torturas y encubrió los asesinatos y desapariciones en Ayotzinapa. Por cuenta de eso, los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sufrieron fuertes descalabros políticos.

El Rancho Izaguirre podría esconder un aspecto aún más grave: la colusión entre las bandas criminales y agentes del Estado. Juan Solís, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sostiene que, “si eso fuese así, resultaría aún más escandaloso. Porque estaríamos hablando de corrupción”. Para él, este hallazgo pone “en una posición muy comprometedora” a López Obrador. Algo de lo que no se salva la presidenta Claudia Sheinbaum, quien “salió a defender a López Obrador (de quien es cercana), a pedir que lo dejaran en paz”, añade Lauro Rodríguez.

En octubre de 2024, con motivo de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, Human Rights Watch hizo un balance de las acciones en esta materia del expresidente. En el informe señaló que la nueva mandataria “heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos del crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”. Además, subrayó que el exjefe de Estado “afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente”.

¿Hay colusión?

Juan Solís también considera que lo sucedido en el Rancho Izaguirre refuerza la narrativa del presidente Donald Trump, en el sentido de que en México el narcotráfico ha permeado a los gobiernos. Ello “pone en una situación bastante desventajosa a Sheinbaum, que la hemos visto en los últimos meses moviendo cielo, mar y tierra para mantener contento al inquilino de la Casa Blanca, haciendo bonita la letra para decir que hizo bien la tarea. Creo que esta es una de las peores noticias que le pudieron pasar en el momento en que se encuentra negociando miles de cosas con Estados Unidos”.

Si de verdad el Estado no sabía de esta situación, dice Juan Solís, “podríamos pensar, siendo muy generosos, en una impericia o ineptitud. Porque con las capacidades del Estado mexicano, pues a cualquiera le resulta poco creíble que no tenga los recursos materiales, humanos y económicos para llevar a cabo tareas de inteligencia y poder detectar, desmantelar y rescatar a cientos o miles de personas que pasan por lugares como ese. Debemos ser conscientes de que el Rancho Izaguirre es un botón de muestra de algo que seguramente se reproduce en muchos otros sitios de la república mexicana”.

Ese señalado campo de exterminio también subraya el alto nivel de violencia presente en México y casi toda Latinoamérica, ya que en esta región vive el 8 por ciento de la población mundial, pero aquí “se cometen cuatro de cada 10 homicidios en el mundo”, alerta Juan Solís. Además, señala que los carteles mexicanos tienen alianzas con otros grupos de la región. “Mucha de la violencia en América Latina tiene que ver con la expansión de las bandas criminales y la ilegalidad. Este es el combustible de la violencia en la región”, ahonda el académico.

¿Puede haber una solución para esta enorme crisis de violencia? Enrique Font cree que un primer paso es acabar con la lógica de guerra contra el narco y la prohibición de las drogas. “Esto es parte central del problema. Acabar con el prohibicionismo no nos lleva a un mundo feliz. Nos lleva a un infierno de otra naturaleza, de otra intensidad, pero que tendría un impacto muy significativo en la posibilidad de regular la producción, la comercialización, distribución y el uso de sustancias”.

Frente a la crisis política que le llegó de golpe, el gobierno de Sheinbaum ha decidido emprender acciones distintas a las de López Obrador y sus antecesores en materia de desaparecidos. Para la presidenta, este tema se ha convertido en una “prioridad nacional”. Con ello abre la esperanza para frenar las estadísticas al alza y para que los miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos puedan encontrar un poco de paz.

CARLOS GUTIÉRREZ (*)

Connectas (**)

(*) Periodista mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de Connectas. 

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.

Los detalles del caso de Merari García

La hermana de Merari García, una de las posibles desaparecidas en el Rancho Izaguirre, narró en entrevista con El Universal de México que Merari le contó que una agencia de seguridad privada le ofreció trabajo con un sueldo de 6.000 pesos mexicanos semanales, así como transporte si no tenía cómo trasladarse a la entrevista, ya que era fuera del estado.

También le indicaron que les proporcionaban clases de entrenamiento. Aunque ella le advirtió que era irreal la cantidad ofrecida, Merari decidió empacar su ropa, despedirse de su pareja y su hijo de un año y aceptar la oferta porque “quería un buen futuro para su bebé”.

La última publicación en Facebook de Merari fue el 20 de mayo del año pasado. En ella, la joven compartió fotos de sus maletas, sus tenis y cómo iba vestida.

“Ella no se volvió a comunicar con nosotros desde el día que desapareció”, comentó su hermana. Tras su ausencia, la familia de Merari reportó a la Fiscalía el hecho y esta abrió una carpeta de investigación; tres meses después, la policía cibernética les informó que ubicaron la última llamada de la joven en la central de Tlaquepaque.

A los 10 meses de su desaparición, Rubí se enteró del hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, por lo que vio el enlace en vivo que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y su incertidumbre creció más al descubrir un par de tenis y una maleta iguales a los de su hermana. Aunque en un principio se mantuvo tranquila porque consideró que los tenis eran muy comunes y podrían ser de cualquier otra persona, Rubí también identificó un artículo personal de su hermana que le dio la certeza de que se trataba de ella.

Era una biblia, “una muy particular porque pertenece a una religión que practican mis padres. Mi mamá me confirma que mi hermana había visto esa biblia y se la había pedido regalada a mi mamá y ella se la dio”, contó Rubí.

Los familiares de Merari informaron sobre el hallazgo de estas pistas a la Fiscalía del estado, por lo que les comentaron que deben esperar meses para comprobar que los artículos encontrados en el Rancho Izaguirre pertenecen a la joven.

“Lo más seguro es que no se pueda sacar el ADN de los huesos que encontraron, ya que fueron calcinados a temperaturas muy altas” fue la explicación que les dio el órgano estatal.

La hermana de Merari mantiene la esperanza de encontrar a su hermana, pues argumenta: “No la podemos dar por muerta porque no hay una evidencia que nos compruebe que estuvo ahí (en el Rancho Izaguirre) o si ha sobrevivido, no podemos dejarla de buscar”.

Ariana Paredes y Marco Hernández - El Universal (México). El fragmento de la historia de Merari García fue obtenido del artículo 'Caso Teuchitlán: Biblia, maleta y tenis reavivan búsqueda de Merari; testigo detalla cómo operaba el Rancho Izaguirre' y fue editado debido al espacio. 

La declaración de las Naciones Unidas

Una vez se conoció el hallazgo del Rancho Izaguirre por parte de familias buscadoras, la ONU tachó de perturbador el hecho de que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, donde está ubicado el señalado campo de entrenamiento, inspeccionaran la finca donde se encontraron huesos calcinados y no detectaran pruebas cruciales de delitos cometidos en el lugar.

“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cartel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, subrayó en un comunicado Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”, añadió.

La ONU tomó nota del compromiso de las autoridades federales y estatales “de examinar las posibles omisiones en la realización de la operación de búsqueda inicial”.

El centro clandestino, situado en el municipio jalisciense de Teuchitlán, fue hallado el 5 de marzo por familiares de desaparecidos. El lugar habría sido utilizado por el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para formar a jóvenes reclutados a la fuerza mediante ofertas falsas de empleo, indicó la ONU.

“Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cartel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar”, añadió Throssell.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU abogó por investigaciones “exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre los delitos cometidos en el lugar.

También urgió a “mejorar las medidas preventivas y a garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

AFP-Ginebra