El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una nueva traba en su agenda de deportaciones masivas después de que una coalición de 20 fiscales generales estatales demócratas presentara el martes 13 de mayo dos demandas en conjunto por intentar retener los fondos destinados al transporte, contraterrorismo y ayuda ante desastres.
De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, las demandas fueron presentadas en un tribunal federal en Rhode Island para evitar que el Departamento de Transporte y el Departamento de Seguridad Nacional utilicen ilegalmente fondos federales valuados en miles de millones de dólares para obligarlos a cumplir con sus duras políticas migratorias.
Los fiscales generales que se sumaron a la iniciativa pertenecen a estados mayormente liderados por demócratas. Estos son:
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maine
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Rhode Island
- Washington
- Wisconsin
- Vermont
Aunque los fondos federales no se están reteniendo actualmente, un fiscal general de California calificó a la amenaza como "inminente", según agregó CBS News. Las demandas denuncian a la administración actual de violar la Constitución al ejercer un poder que está en manos del Congreso, y no del poder ejecutivo.
Una coalición de 20 fiscales generales estatales presentó dos demandas contra el gobierno de Trump. Foto:Archivo
¿Qué dicen las dos demandas presentadas por veinte estados de Estados Unidos?
Como continuó informando Reuters, una de las demandas apuntan a los nuevos requisitos que impuso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, según sus siglas en inglés) en apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración. De lo contrario, los estados que se abstengan perderían fondos de subvenciones para la preparación de emergencias, el socorro y la ciberseguridad.
Una segunda demanda responde a una carta del Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien avisó en abril que los estados que no cooperen con los esfuerzos de control de inmigración o no eliminan los programas de diversidad, equidad e inclusión corren el riesgo de perder fondos para el transporte.