Los graves señalamientos a exaltos funcionarios del gobierno del presidente Petro en investigación de la Corte contra Name y Calle

"El otrora ministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves informó que en una Comisión del Congreso, para sacar adelante la reforma a la Salud, le estaban pidiendo en contratación 80 mil millones de pesos para los congresistas, y que frente a esto el hoy ex ministro había hecho una oferta de 35 mil millones".

"Iván Name Vásquez conocía claramente que el origen de los recursos que le serían entregados, es decir, los 3.000 millones pactados, tenían su origen en el patrimonio público de la UNGRD, pues así se pactó en el desayuno, donde además del aforado, estuvieron presentes Olmedo López, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz".

"Se colige de lo anterior que posiblemente si existió un acuerdo delictivo, del cual hicieron parte altos funcionarios del gobierno nacional, y que tuvo entre sus finalidades sobornar congresistas con recursos públicos".

De ese calibre son las afirmaciones que se hacen en el documento de 54 páginas en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Iván Name, expresidente de Senado, y Andrés Calle, de Cámara, por los posibles delitos de cohecho impropio en calidad de autores y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en la calidad de intervinientes, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

El documento de la Corte -como ya lo había hecho la Fiscalía en la imputación de cargos que puso finalmente en prisión a Olmedo López (nombrado directamente en la Dirección de la UNGRD por el presidente Petro) y a Sneyder Pinilla, quienes son hoy los grandes ventiladores en ese proceso- hace graves señalamientos en contra de Carlos Ramón González -exjefe del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia-, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y el exministro Velasco. Los tres, además del recién renunciado exjefe de la Función Pública César Manrique (como Carlos Ramón González y Olmedo López, exmilitante del M-19 y nombrado directamente por el presidente Petro), aparecen en procesos preliminares que vienen avanzando en la Fiscalía y que, según fuentes cercanas a las investigaciones, pondrán en el corto plazo en el banquillo de los acusados a Sandra Ortiz.

Los testimonios de Olmedo y de Pinilla, unidas a las corroboraciones de fechas y sitios realizados por los investigadores de la Corte, llevaron a los magistrados a considerar que hay indicios sólidos para investigar si 4 mil millones de pesos saqueados de la contratación de la UNGRD terminaron en las campañas políticas de la hija de Name, María Clara Name, al Concejo de Bogotá y del padre del representante Calle Aguas, Gabriel Calle Demoya, y su hermano, Gabriel Calle Aguas, a la alcaldía de Montelíbano y a la gobernación de Córdoba, respectivamente.

El documento dice que "Carlos Ramón González Merchán posiblemente orquestó la entrega de la millonaria suma de dinero para su amigo y compañero en el partido Alianza Verde, Name Vásquez, y que Sandra Liliana Ortíz Nova, pudo también ser la mensajera del referido senador para recibir los 3000 millones de pesos".

En el caso del representante Calle, quien forma parte del ala colaboracionista del liberalismo en el Congreso, la Sala dice que de la supuesta entrega de mil millones de pesos en efectivo en su apartamento de Montería de manos del detenido exdirector de la UNGRD no permite dudar que conocía del origen corrupto de los dineros.

Tanto Name como Calle han manifestado su inocencia y aseguran que irán a la Corte a demostrar que Pinilla y López mienten. En el caso de Name, reconocido opositor del Gobierno, senadores como María José Pizarro y otros testificaron en la Corte "que el senador Name Vásquez no mostró durante el trámite de los proyectos de ley radicados por el Gobierno Nacional, es decir, el de la reforma al Sistema a la Salud y al Sistema Pensional, ninguna conducta encaminada a favorecer las iniciativas de origen gubernamental, y que por el contrario, observó un comportamiento hostil frente a estas".

Pero advierte en seguida que esas declaraciones, que corresponden además con la posición pública de Name en los debates, "no desvirtúan de entrada la posible ocurrencia de infracciones punibles como el cohecho impropio, como quiera que es este un delito de mera conducta, y no de resultado": "Implica que una posición adversa de Name Vásquez frente al trámite y aprobación de los proyectos de ley presentados por el ejecutivo nacional no necesariamente es indicativa que este sea ajeno al presunto atentado contra la Administración Pública en referencia, pues precisamente la entrega del dinero pudo tener como propósito que se modificara su proceder desfavorable frente a las iniciativas del Ejecutivo. Y agrega el documento que, "como lo revelan los dos testigos de cargo, el objetivo de la entrega del dinero proveniente del contrato de carrotanques no se agotaba en la posible ayuda que podían recibir de los legisladores en el trámite de los referidos proyectos, sino colaborarles con campañas políticas de familiares cercanos, quienes aspiraban a cargos de representación popular en las elecciones regionales".