Los detalles del proyecto de ley que busca más garantías para los defensores de Derechos Humanos en Colombia

En lo que va del 2024, a corte del 17 de noviembre, han asesinado a 158 defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. El último caso fue el de Manuel Moya, el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Trébol en el municipio de El Banco, Magdalena.

Las amenazas continúan siendo la agresión más frecuente, con 607 reportes, concentrados principalmente en Antioquia, Norte de Santander y Cauca.

Diversos informes oficiales, como de la Defensoría, y de organizaciones de la sociedad civil coinciden en señalar que el contexto electoral de 2023 exacerbó esta violencia, registrándose un aumento del 698 por ciento en los incidentes contra personas defensoras en comparación con ciclos electorales anteriores.

Con base a estas cifras la senadora Jahel Quiroga junto con otros congresistas radicó un proyecto de ley que busca proteger y reconocer a los defensores de Derechos Humanos.

El objetivo del proyecto

Durante la radicación estuvieron presentes la directora de la Unidad para las víctimas, Lilia Solano; el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina; la viceministra de promoción de justicia, Helen Ortiz y la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero.

El proyecto de ley tiene por objeto “establecer el marco jurídico para el reconocimiento, respeto, garantía, prevención, promoción y protección del derecho a defender derechos y la labor de defensa de derechos humanos que realizan las personas, sus procesos organizativos y/o comunitarios, conforme a las obligaciones del Estado que se derivan de la Constitución Política y los tratados internacionales".

En esta misma línea plantean declarar el 24 de marzo de cada año como el Día Nacional para reconocer y conmemorar a quienes defienden derechos humanos, sus procesos organizativos y comunitarios.

Así mismo, establece las obligaciones estatales para las autoridades nacionales y territoriales garanticen la protección de estas personas. Por esta razón les piden activar la presunción de riesgo “en la formulación, implementación y seguimiento de las acciones o medidas que adopten para atender las situaciones que se presenten con las personas en relación con las comunidades y los procesos organizativos de los que hagan parte”.

También, las autoridades deberán “garantizar espacios, canales y mecanismos de participación oportuna, efectiva y adecuada de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos individual o colectivamente”.

La protección

Este es el proyecto de ley que busca garantías a defensores derechos humanos.

Foto:Archivo particular

Con base a las alarmantes cifras de asesinatos de defensores y amenazas por realizar sus labores, en el artículo 28 plantean que el Estado tiene el deber de reforzar las medidas de seguridad.

“Las autoridades deberán actuar de manera oportuna, diligente y eficaz para prevenir riesgos, amenazas, ataques o situaciones de vulnerabilidad que obstruyan o impidan el ejercicio del derecho a defender derechos y las actividades de quienes ejercen este derecho”, se lee en el documento del proyecto radicado.

Y agrega: “Este deber debe entender de manera amplia sin limitarse a las medidas materiales de protección, abordando de forma integral y desde el enfoque de seguridad humana la atención de las diferentes dimensiones de los riesgos y amenazas”.

Además, plantean que estas medidas de protección no solo sean para los defensores, sino que también cobijen a sus familiares cuando corresponda. Así mismo, para las comunidades y colectivos que se encuentren en riesgo.

En ese mismo sentido, busca que el Gobierno, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, cree un fondo económico destinado a la financiación de:

Del mismo modo, el ministerio deberá diseñar e implementar, un sistema de recopilación y análisis de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra los defensores con el fin de que se pueda evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia en contra de las personas.

También, para establecer el lugar en donde se presentaron los hechos y la cantidad de casos que fueron efectivamente judicializados.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política