Dos años duró Carlos Fernando García Monsalva en la dirección de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la autoridad migratoria encargada de ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio nacional. El funcionario presentó su renuncia, la cual se hará efectiva desde este viernes 27 de septiembre.
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Su dimisión, de acuerdo con versiones oficiales, se debe a asuntos personales. Aunque la Unidad Investigativa de este diario encontró que se habla también de una inconsistencia en su hoja de vida.
García, con cercanía al presidente Gustavo Petro -fue militante del M-19 y asesor del hoy mandatario en varias etapas de su carrera política- asumió su cargo en septiembre de 2022 y tuvo que lidiar con temas sensibles como el flujo migratorio de venezolanos en medio del restablecimiento de relaciones entre los dos países y el tránsito irregular en el Tapón del Darién.
Ahora bien, el saliente director de Migración Colombia ha estado en el centro de varias polémicas. Su gestión estuvo constantemente bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República. Estas fueron algunas de las razones.
Caos en la expedición de cédulas de extranjería
Uno de los motivos por los cuáles el órgano de control dirigido por Margarita Cabello Blanco fijó su atención en García se debe a los problemas que se han venido registrando en torno al proceso de elaboración y entrega de las cédulas de extranjería.
Se trata de un convenio interadministrativo que fue suscrito con la Imprenta Nacional que comenzó a ejecutarse desde el primero de mayo de 2024 en el cual se le terminó entregando gran parte de elaboración de los documentos de manera directa a la firma mexicana Accesos Holográficos.
Por eso se le abrió una investigación disciplinaria a García y al ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves, por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un total de 6.600 millones de pesos.
El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia.
Asimismo, se indaga si las afectaciones en el servicio obedecen a estos subcontratos. De acuerdo con los mexicanos, el proceso de elaboración de estos documentos se ha visto afectado por fallas atribuidas a las máquinas de la Imprenta Nacional -encargad a partir de septiembre de 2025 de la elaboración de los pasaportes-, lo que ha generado un tire y afloje con el Gobierno.
Igualmente, es objeto de la investigación disciplinaria una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes, pues el contrato se adjudicó de manera directa, lo que pudo vulnerar los intereses de posibles competidores del mercado.
Control migratorio en el Darién
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría, una de las grandes dificultades que tuvo el país en los dos primeros años del gobierno Petro fue la falta de información oficial en temas migratorios y el imperante subregistro en puntos de ingreso terrestre y fluvial al país.
La crítica en este punto se centró en lo correspondiente a los flujos en el Darién y en los municipios colombianos receptores de personas en tránsito irregular, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano.
De hecho, la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría lo incluyó a García en un expediente de indagación por presuntamente haber dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién.
Y aunque la estrategia de diálogos fronterizos por la vida fue “una iniciativa de participación para la integración de la población migrante que buscaba reconocer y estudiar las causas y efectos del fenómeno migratorio", este diario pudo conocer que la justicia disciplinaria se pregunta si Migración Colombia se enfocó en desarrollar eventos de política pública, en lugar de fortalecer el control migratorio del país a través de capacidad humana y técnica.
Según Cancillería, Migración Colombia ha dispuesto un espacio para el centro de atención migratoria en Necoclí y Turbo. "Próximamente, el centro facilitador de servicios migratorios entrará en funcionamiento en Necoclí, ampliando así la capacidad de atención y gestión migratoria en la región", expusieron en un comunicado.
Un informe de Migración Colombia con corte al 8 de septiembre de 2024 señala que los flujos hacia El Darién han registrado 289.419 migrantes. En este punto habla de un "contraste con la dinámica presentada en 2023" y "la tendencia que se venía dando entre 2021 y 2023", en donde el tránsito aumentó significativamente cada año, pasando de 106.840 en 2021 a 203.385 en 2022, y casi triplicándose en 2023 donde el flujo alcanzó 539.959 migrantes.
Además, el documento muestra que entre enero y agosto de 2024, se detectaron 206.995 migrantes venezolanos en tránsito irregular en la zona del Darién.
Congestión en aeropuertos
Durante estos 24 meses, usuarios han denunciado largas filas en los filtros de migración, especialmente en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Se han denunciado demoras de hasta dos horas. Sin embargo, la entidad migratoria se defendió y aseguró que el ingreso al país por la terminal aérea está funcionando con normalidad.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) explicó en su momento que el colapso se ha debido a la falta de funcionarios de la entidad. En respuesta, Fernando García anunció refuerzos a la planta de personal. "La incorporación de estos cargos es el resultado de nuestra gestión para obtener nuevos recursos que permitirán fortalecer los equipos de trabajo y ofrecer una atención más ágil a nuestros usuarios”, dijo García.
REDACCIÓN POLÍTICA