La reforma al sistema general de participaciones (SGP) comienza en las próximas semanas su recta final en la Cámara. Antes del 16 de diciembre deberá tener sus dos últimos debates para proceder a cambiar la Constitución en cuanto a la cantidad de recursos que se le giran a las regiones para tratar temas de salud, educación, agua y saneamiento básico.
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Actualmente, esta bolsa de dinero que se entrega a alcaldías y gobernaciones equivale al 23,8 por ciento de los ingresos corrientes de la nación, pero con la reforma llegaría al 39,5 por ciento en 12 años. La recepción de la propuesta ha tenido dos panoramas muy distintos. El sector de expertos económicos, en su mayoría, la ha rechazado y considera que pone en riesgo la autonomía fiscal del país. En cambio, en el Congreso ha logrado consolidar una gran acogida.
En la vuelta y media que ha hecho la iniciativa de acto legislativo por las dos corporaciones del legislativo, son contados los votos negativos que ha recibido. EL TIEMPO hizo una revisión de los debates de la iniciativa en Senado y Cámara y no son más de cinco votos en contra los que ha tenido la propuesta en todo su trasegar.
En Senado, apenas se pueden identificar los votos negativos de la senadora Paloma Valencia y de los senadores Humberto de la Calle y Carlos Fernando Motoa. Incluso, en el primer debate que tuvo, en la Comisión Primera no tuvo 'no', solo fue en las plenarias que se vinieron a conocer los primeros conceptos en contra.
Desde el comienzo, Valencia y Motoa se han opuesto a la propuesta que era de origen congresional y que ahora cuenta con el visto bueno del presidente Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático ha hecho énfasis en que economistas y otros expertos han cuestionado el proyecto y no hay claridad de hacia dónde van los recursos que llegarían a las regiones.
“Este gobierno quiere sacar este proyecto porque el proyecto no les va a explotar a ellos (...) Todos los expertos en hacienda pública están diciendo que esto es una locura”, que si este proyecto se aprueba vamos a perder calificación”, dijo Valencia en una de las varias publicaciones que ha hecho en contra del proyecto. Eso se tradujo en su voto negativo en plenaria.
Por su parte, el senador Motoa ha dicho: “voté no al proyecto porque podría afectar la sostenibilidad de las finanzas de Colombia, toda vez que la mayor parte de esos ingresos tienen una destinación específica”. El congresista de Cambio Radical insistió en que es una reforma cuyo costo podría ser de hasta 70 billones, lo que equivale a siete veces más que los recursos que busca el gobierno Petro con su nueva reforma tributaria.
En cuanto al senador Humberto de la Calle, este ha dicho que no se opone del todo a la propuesta, pero votó no en la segunda vuelta en el Senado ante la metodología escogida para votar el articulado. Este buscaba que se discutieran algunos temas por separado, en los que tenía dudas, y la votación en bloque hizo que se apartara del todo de la iniciativa.
El panorama en Cámara
La propuesta no ha dado su segunda vuelta en Cámara, pero un vistazo a la manera en que se dio su primera vuelta podría mostrar cómo puede ser su desenlace. En sus dos debates allí, apenas tuvo un voto negativo y fue en la Comisión Plenaria.
Fue el representante Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo el único que expresó su no a la propuesta. Aunque inicialmente la bancada del Pacto Histórico manifestó sus reparos e hizo eco a un concepto negativo del Ministerio de Hacienda. Solo fue Sarmiento el que se opuso oficialmente.
Este cuestionó que no se tuviera en cuenta el documento final de la misión de descentralización, la velocidad con la que se estaba dando el debate y que la propuesta no tuviese en cuenta otros criterios que tiene el Ejecutivo para entregar los recursos más allá del SGP. Ante esas dudas, intentó presentar una proposición para aplazar la discusión. Sin embargo, ante la negativa de la célula para acoger su pedido, prefirió votar no.
“Entendiendo que no fue aprobado el aplazamiento propuesto por la representante Pedraza, que nosotros acompañamos, pues necesitamos darnos un tiempo más para discutir esto. Yo preferiría que votásemos no el Informe de Ponencia y que no demos debate a este proyecto de acto legislativo”, concluyó Sarmiento Hidalgo.
Este fue el único voto negativo, salvo algunas observaciones de la representante Jennifer Pedraza y otros representantes. En la plenaria de la Cámara el escenario fue aún más favorable para la iniciativa.
El debate se hizo el 19 de junio, faltando un día para el fin de la legislatura. Con la premura que caracteriza esas últimas jornadas, la plenaria acogió de forma unánime el proyecto. La representante Piedad Correal fue la única que hizo algunas observaciones a la propuesta. Advirtió que este proyecto es totalmente necesario, pero recalcó que había un concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda.
“Tiene un impacto fiscal excesivamente alto en relación a las propuestas de transformación constitucional frente al SGP. Venimos construyendo un proyecto de reforma al SGP y requerimos que este proyecto sea discutido en el marco de esta reforma”, dijo correal en la penúltima sesión del semestre pasado.
Bajo la lógica de hace un semestre, es muy probable que la reforma al Sistema general de participaciones tenga un trámite exitoso. Los congresistas son afines a la propuesta y ninguno quiere figurar como contrario a la propuesta que les da más recursos y autonomía a las regiones.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política