Los cambios que le quieren hacer los empresarios a la reforma tributaria que tendrá que pasar en el Congreso

La ley de financiamiento, o mejor conocida como reforma tributaria, que el Gobierno quiere sacar adelante en el Congreso de aquí a que se acabe el año para poder financiar 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación del 2025 tiene al empresariado en contra. 

El Consejo Gremial Nacional, conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, envió un documento a los congresistas en el que piden modificar algunos de los puntos que están próximos a discutirse en la iniciativa legislativa.

Hay que recordar que la reforma busca 12 billones de pesos de los que 5,6 billones provendrían de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025 y los restantes se obtendrían a través de nuevos impuestos.

El mayor recaudo sería gracias al IVA que pagarían las plataformas de juegos de suerte y azar en línea y a la subida del 5 al 19 por ciento en los vehículos híbridos. Igualmente, se contempla un impuesto al carbono, cambios para el tributo al patrimonio y en ganancias ocasionales, entre otros.

“No es conveniente presentar una nueva tributaria y mucho menos en las condiciones económicas actuales”, asegura la misiva, que lidera Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo Gremial. 

Según los empresarios, la tributaria presentada en el 2022 impactó de forma negativa en la economía, lo cual se ve reflejado, según resultados de un modelo de equilibrio general, en una disminución de 0,1 puntos del PIB, brecha que se incrementa en el 2024 y el 2025, alcanzando una diferencia de hasta de 0,4 puntos. Adicional a ello, indican que la tasa de inversión experimentó una disminución entre el 2023 y el 2025 de entre 1,6 y 1,9 puntos por cuenta de su aprobación.

“El proyecto, tal y como está planteado, nos parece inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica. Al aumentar la carga tributaria y generar incertidumbre se podría frenar la inversión y el crecimiento, lo que a la larga perjudicaría a todos los sectores de la economía. Es necesario, replantear las medidas de la reforma y buscar alternativas que promuevan un crecimiento económico más sostenible”, aseguran.

“El proyecto, tal y como está planteado, nos parece inconveniente e inoportuno para impulsar la reactivación económica", dice el Consejo Gremial.

Además, según los empresarios la implementación de nuevos impuestos, especialmente sobre sectores que dependen de combustibles fósiles, podría incrementar los costos de producción, afectando el empleo y reduciendo el atractivo para la inversión. Adicional a ello, la distribución de la carga fiscal en la ley podría exacerbar las desigualdades sociales.

“Si los impuestos no se aplican proporcionalmente a la capacidad de pago es probable que los sectores más vulnerables sean los más perjudicados, agravando problemas de pobreza y desigualdad. Esta percepción de inequidad fiscal podría generar resistencia social y afectar la legitimidad de las políticas tributarias”, señalan.

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) señala que el país ha experimentado 21 reformas fiscales entre 1990 y 2022. En ese sentido, los empresarios afirmaron que la constante modificación de las reglas del juego tiene un impacto importante en las finanzas públicas. “La incertidumbre sobre el sistema tributario desaliente la inversión a largo plazo, un factor clave para el crecimiento económico sostenido y la generación de empleo en el país”, indicaron.

Lo que piden cambiar de la reforma tributaria

1. Cambios en el impuesto al patrimonio: 

El proyecto busca ampliar la base gravable del impuesto al patrimonio. En concreto, indica que se reduciría el umbral de entrada desde 72.000 UVT hasta 40.000 UVT, es decir, de 3.388 millones de pesos a 1.882 millones de pesos, lo que permitiría que 75.341 contribuyentes lo paguen, es decir, el 1,3 por ciento del total de los declarantes de renta. Además, la tarifa marginal para el tramo más alto subiría de 1,5 a 2,0 por ciento y se incluirían como sujetos pasivos a personas jurídicas nacionales para que paguen este impuesto sobre sus "activos improductivos" o no relacionados directamente con su actividad económica.

Los empresarios aseguran que este impuesto resultaría “inconveniente” porque podría generar distorsiones sobre el ahorro y la inversión. Por ejemplo, dicen que las personas podrían buscar endeudarse más para disminuir su patrimonio líquido y así no ser sujetos pasivos del impuesto, lo que resultaría en un recaudo relativamente bajo con un efecto adicional contraproducente, en la medida que desincentiva el ahorro y, por ende, la inversión. Además, señalan que solo en cuatro países del mundo tienen este tributo: Noruega, Suiza, España y Colombia y en el caso de los tres primeros solo recae sobre personas naturales.

“Es importante tener presente que en Colombia los niveles de ahorro e inversión son muy bajos. De acuerdo con cifras de Fedesarrollo, el ahorro bruto como porcentaje del PIB no alcanza a ser el 11 por ciento, frente a niveles cercanos al 20 por ciento en países como México, Chile o Perú. Esta situación es un desafío, ya que la inversión fija juega un rol crucial en el crecimiento económico a largo plazo, impulsando la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo económico y social”, opinan.

2. El impacto del impuesto al carbono:

El proyecto también propone triplicar la tarifa del impuesto al carbono e incluir al carbón dentro de su base grabable. Aunque el objetivo es mitigar las emisiones, los empresarios aseguran que el incremento previsto no tendría un impacto significativo, pero sí generaría efectos negativos en la competitividad de sectores clave como el acero, el cemento, los materiales de construcción, la agroindustria, etc. Además, su implementación podría exacerbar los costos de producción y contribuir al aumento de la inflación, afectando a toda la cadena económica.

Por ejemplo, calculan que el incremento en el valor del impuesto al carbono se traduciría en un aumento en el precio final del galón diésel de 487 pesos (lo que representa un aumento de 258 por ciento) al pasar del actual de 189,57 pesos por galón a 677,74 pesos por galón, bajo la vigente mezcla con biocombustible del 10 por ciento.

“Este cambio implicaría que el precio a grandes consumidores ascendería a 12.559 pesos por galón a 13.067 pesos por galón. Por lo tanto, tendría efectos sobre el costo logístico nacional que a 2022 es de 17 por ciento sobre el porcentaje de ventas (muy por encima del estándar Ocde) debido a la alta participación de este rubro dentro de la matriz de costos del transporte terrestre de mercancías (40,20 por ciento)”, señalan.

3. Creación de una Regla fiscal verde

La reforma también busca modificar la regla fiscal para garantizar que las “inversiones verdes” no sean contabilizadas dentro del límite de lo que el Gobierno puede gastar. Desde el Consejo Gremial, esta idea se considera inconveniente pues abre una puerta para que el gasto se desborde y deje de ser completamente efectiva esta ley, ya que la definición de qué es y qué no es verde podría entrar en un terreno subjetivo y a discrecionalidad del Gobierno.

“Esto, frente a los mercados internacionales, le resta credibilidad al Gobierno en cuanto a su disciplina fiscal aumentando la prima de riesgo del país, lo que automáticamente se traduce en aumentar los costos de financiamiento para el Gobierno, y en general, para el país”, afirman.

"Debería reconsiderarse eliminar el Régimen Simple de Tributación porque estas empresas pasarían a pagar una tasa de renta corporativa del 27 por ciento".

4. Adiós al Régimen Simple de Tributación

La ley de financiamiento también busca eliminar el Régimen Simple de Tributación —permite consolidar varios impuestos en una sola declaración anual con tasas diferenciales en función de los ingresos— en el que están inscritos más de 132.000 pequeños empresarios porque, según el Gobierno, este no ha sido realmente aprovechado por los informales.

Sin embargo, el Consejo Gremial considera que esta decisión debería ser reconsiderada porque con esta medida estas empresas pasarían a pagar una tasa de renta corporativa del 27 por ciento.

“Trasladar a las empresas al régimen ordinario donde la carga impositiva es considerablemente mayor no solo aumentaría los costos administrativos también incrementan los gastos de cumplimiento fiscal. Estos factores crearían una presión adicional sobre las pequeñas y medianas empresas, que ya luchan por mantenerse competitivas en un entorno económico desafiante”, dice la misiva.

5. Cambios para las empresas

La reforma también propone bajar la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento, y crear un esquema de tarifas en función de los ingresos. Por ejemplo, las que tengan una renta entre 6.285 y 120.000 UVT, es decir entre 295 y 5.647 millones de pesos, tendrían una tasa de 34 por ciento en 2025, de 33 por ciento en 2026, de 32 por ciento en el 2027, de 31 por ciento en el 2028 y de 30 por ciento en el 2029. Y las pequeñas empresas, aquellas con una renta inferior a esos 295 millones de pesos, quedarán con una tarifa permanente de 27 por ciento.

Aunque reconocen que esta reducción es un avance significativo hacia una estructura tributaria más competitiva, aseguran que la tarifa corporativa seguiría siendo superior al promedio regional. Además, dicen que se deberían introducir tasas marginales crecientes para las empresas, similares al esquema aplicado a las personas naturales, como una herramienta para equilibrar la carga tributaria.

“Si bien la reducción gradual de la tarifa corporativa del impuesto de renta es deseable, teniendo en cuenta que en Colombia es de las más altas del mundo, esta propuesta debe ser analizada con referencia al cumplimiento de la regla fiscal y del Marco Fiscal de Mediano Plazo, de tal manera que su implementación no afecte negativamente la confianza de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, se puede leer.

Puntualmente, el proyecto también propone mantener la tarifa nominal del 35 por ciento para los sectores extractivos de minas e hidrocarburos y sugiere equiparar la tabla de sobretasas para el sector carbonífero con la utilizada en el sector petrolero, lo que según el Consejo Gremial genera un desincentivo en el crecimiento económico.

“La tarifa prevista para hidrocarburos y carbón, 23 puntos superior a la menor tarifa propuesta dentro de los rangos establecidos por la ley, resulta confiscatoria para la actividad extractiva”, declaran.

Sobre la sobretasa de 5 por ciento aplicada al sector financiero, que incluye al sector asegurador, opinan que no tiene justificación y debería eliminarse para fomentar una mayor equidad y competitividad en el sistema tributario. “Esa sobretasa, originalmente introducida para aumentar el recaudo en momentos específicos, genera una carga fiscal adicional que coloca a este sector en desventaja frente a otros”, dicen.

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