Los argumentos de Covimar ante las advertencias de la Contraloría sobre el proyecto Mulaló-Loboguerrero

La semana pasada la Contraloría General de la República advirtió sobre las graves afectaciones económicas y ambientales que traería una eventual terminación anticipada del contrato de concesión del proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, ubicado en el Valle del Cauca.

Este proyecto, que fue adjudicado en el 2015 a la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), permitiría mejorar la competitividad de esta zona del país. Además, reduciría en 52 kilómetros el recorrido por la vía actual entre Cali, Mediacanoa y Loboguerrero, lo cual representaría un ahorro de tiempo de 1,5 horas.

De acuerdo con la Contraloría, la terminación anticipada de este contrato de concesión le implicaría a la Nación pagar 700.000 millones de pesos sin haber recibido a cambio ni un metro de vía.

Ante estas advertencias, Covimar decidió ahondar en las razones que han impedido que el proyecto Mulaló-Loboguerrero se comience a construir, pese a que han pasado nueve años desde su adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En una carta dirigida al contralor Carlos Hernán Rodríguez, la gerente general de Covimar, Adriana Fawcett Vargas, aseguró que el no inicio de construcción del proyecto se debe a las dificultades que se tuvieron con el trámite de las consultas previas con las comunidades.

Además de la oposición de la comunidad de Pavas y con el cambio de las normas para el trámite y obtención de la licencia ambiental del proyecto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Ante estas circunstancias y la negativa de la ANI para llegar a un acuerdo directo que permitiera resolver la situación, Covimar convocó en dos oportunidades (2016 y 2021) el Amigable Componedor, quien reconoció en ambas ocasiones la existencia de la Fuerza Mayor Ambiental.

La licencia ambiental finalmente fue aprobada en noviembre de 2021, con varios requerimientos que en su momento impedían el inicio de obras y más de tres meses después de haberse convocado un primer tribunal de arbitramento que definiría la terminación anticipada del contrato de concesión.

No obstante, el tribunal no reconoció la terminación anticipada, pero sí sugirió que la demora de siete años en la obtención de la licencia ambiental afectó gravemente el equilibrio económico del contrato por el incremento de los costos tanto de operación como de capital muy por encima de la inflación, así como la pérdida de valor de los aportes ANI.

La gerente general de Covimar también le manifestó al contralor general de la República que la concesionaria siempre ha tenido interés de ejecutar este proyecto y muestra de ello es que se han tenido múltiples reuniones en los últimos cuatro años con la ANI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y con representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.

Es así como durante el primer semestre del 2022, la ANI y Covimar llevaron a cabo más de 40 reuniones con el fin de llegar a un acuerdo para poder desarrollar el proyecto, con base en los resultados de unos informes técnico y financiero.

Hemos demostrado que tenemos todo el interés de solucionar los problemas

"Estos informes demostraron de manera contundente el desequilibrio del contrato por el tiempo transcurrido desde la firma del contrato, por causas ajenas a la voluntad de la concesionaria, que motivaron exageradas demoras y la necesidad de recursos adicionales por parte de la ANI", comentó Adriana Fawcett Vargas.

Sin embargo, en una carta de agosto de 2022 el Ministerio de Hacienda le manifestó a la ANI la imposibilidad de aportar recursos adicionales para desarrollar el proyecto. Esta respuesta fue ratificada por la entidad el 14 de agosto de 2024 cuando la ANI volvió a hacer la misma petición.

Pese a estas respuestas, Covimar reiteró que mantiene su decisión de colaborar con la ANI para la ejecución de las obras, y que para esto ha venido cumpliendo todas sus obligaciones contractuales con aportes de capital de los socios.

Estos recursos han sido usados para los temas ambientales, compra de predios, consultas con las comunidades, pagos de la interventoría designada por la ANI, elaboración de estudios y diseños, incluido el estudio de impacto ambiental, fondeo de las subcuentas ANI, entre otros.

"Durante todos estos años hemos buscado el apoyo regional en múltiples reuniones con la Gobernación del Valle del Cauca y los empresarios de la región, donde hemos demostrado que tenemos todo el interés de solucionar los problemas, y buscar el equilibrio económico del contrato después de la demora exagerada e inusual", aseguró la gerente general de Covimar.

Sin embargo, también manifestó que, teniendo en cuenta las respuestas que ha emitido el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional no cuenta con "la disponibilidad fiscal y política para el restablecimiento económico del contrato".

Esta es la carta enviada por Covimar al contralor general de la República

Dados los recientes comunicados a la opinión pública sobre el Control de Advertencia al Gobierno Nacional por el Proyecto de Mulaló- Loboguerrero, la Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. (Covimar) quiere presentarle a su Despacho los siguientes argumentos.

Desde que se suscribió el contrato de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el año 2015, para adelantar la ejecución del Proyecto Mulaló-Loboguerrero, Covimar ha venido adelantando completamente todas las obligaciones a su cargo.

Debe recordarse que el no inicio de construcción del proyecto Mulaló-Loboguerrero se debe a las dificultades que se tuvieron con el trámite de las consultas previas con las comunidades (Mulaló y Loboguerrero), con la oposición de la comunidad de Pavas, y con el cambio de las normas para el trámite y obtención de la licencia ambiental del proyecto por parte de la Anla.

Ante estas circunstancias y la negativa de la ANI para llegar a un acuerdo directo que permitiera resolver la situación, Covimar convocó en dos oportunidades el Amigable Componedor en los años 2016 y 2021 en estricto apego a las reglas del contrato, quien decidió en ambas ocasiones en favor de la concesionaria, reconociendo la existencia de la Fuerza Mayor Ambiental.

Tres meses y medio después de convocado un primer Tribunal de Arbitramento (agosto 12 de 2021) que definiría la terminación anticipada del contrato de concesión ante la configuración de una de las causales previstas en el mismo, y después del trabajo realizado por Covimar durante más de 6 años, finalmente la licencia ambiental del proyecto quedó en firme el 23 de noviembre de 2021 con varios requerimientos que en su momento impedían el inicio de obras.

No obstante, no haberse reconocido la terminación Anticipada del Contrato, el Tribunal en el laudo de abril de 2023 sugirió que la demora de 7 años en la obtención de la licencia ambiental afectó gravemente el equilibrio económico del contrato por circunstancias ampliamente explicadas a la ANI, entre las que se destacan el incremento de los costos tanto de operación como de capital muy por encima de la inflación, así como la pérdida de valor de los aportes ANI.

Como demostración del interés por parte de Covimar de ejecutar este importante proyecto para el país, se han tenido múltiples reuniones en los últimos cuatro años con la ANI, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda; y con los entes de control, pues representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República participaron directamente en algunas de estas mesas de trabajo.

Es así como durante el primer semestre del año 2022, la ANI y Covimar llevaron a cabo más de 40 reuniones con el fin de llegar a un acuerdo para poder desarrollar el proyecto, con base en los resultados de un informe técnico elaborado por una firma independiente previamente aprobada por la ANI, y de un informe financiero elaborado por un perito definido por dicha entidad, quien trabajó de manera confidencial sobre el modelo de estructuración del proyecto.

Estos informes demostraron de manera contundente el desequilibrio del contrato por el tiempo transcurrido desde la firma del contrato, por causas ajenas a la voluntad de la concesionaria, que motivaron exageradas demoras, mayores incluso al plazo total establecido en el contrato para la ejecución de la obra contratada, y la necesidad de aporte de recursos adicionales por parte de la ANI. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le manifestó a la ANI en carta de agosto de 2022 la imposibilidad de aportar estos recursos.

No obstante, dado el interés de varios actores importantes del país por la construcción de esta carretera, en el último trimestre de 2022 Covimar presentó ante el nuevo gobierno los acuerdos que se habían alcanzado con la anterior administración, en múltiples reuniones con el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte y el presidente de la ANI.

El objetivo de estas reuniones era evaluar nuevamente la posibilidad de ejecutar el proyecto con los aportes definidos por los dictámenes periciales contratados. Durante los años 2023 y 2024 han sido innumerables las reuniones que Covimar ha sostenido ante los diferentes ministerios y Presidencia de la ANI para buscar una solución al proyecto.

Como prueba de ello está una nueva comunicación de la ANI de agosto 14 de 2024 en la que su presidente le solicita al Ministerio de Hacienda recursos adicionales para poder desarrollar el proyecto, con base en un escenario muy básico propuesto por la misma ANI. En respuesta a dicha comunicación el Ministerio de Hacienda expresa: "...por lo cual, el Ministerio de Hacienda no cuenta con recursos adicionales para asignar a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".

Covimar se permite reiterar que mantiene su firme decisión de colaborar con la ANI para la ejecución de las obras, y que para esto ha venido cumpliendo todas sus obligaciones contractuales con aportes de capital de los socios que han sido usados para los temas ambientales, compra de predios, consultas con las comunidades, pagos de la interventoría designada por la ANI, elaboración de estudios y diseños, incluido el estudio de impacto ambiental, fondeo de las subcuentas ANI, entre otros, que hoy superan el monto mínimo establecido en el contrato.

Durante todos estos años hemos buscado el apoyo regional en múltiples reuniones con la Gobernación del Valle del Cauca y los empresarios de la región, donde hemos demostrado que tenemos todo el interés de solucionar los problemas, y buscar el equilibrio económico del contrato después de la demora exagerada e inusual.

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, no encontramos que se cuente con la disponibilidad fiscal y política para el restablecimiento económico del contrato.

Covimar manifiesta una vez más su mayor disposición y voluntad para lograr los acuerdos que permitan la reactivación total del contrato en el menor tiempo posible, o buscar una solución que le permita al Valle del Cauca contar con la ejecución de este proyecto tan importante para el país.

Cordialmente,

Adriana Fawcett Vargas

Gerente general