Los alfiles del presidente Petro envueltos en casos de corrupción y en procesos con la justicia

La mención de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, en el primer consejo de ministros televisado de este Gobierno desató una tormenta política y judicial que reavivó el debate sobre la estrecha relación de algunos de los alfiles del presidente Gustavo Petro con conductas controvertidas, las cuales, en la mayoría de los casos, han dado lugar a investigaciones formales.

Este episodio, que tiene en el ojo del huracán al jefe de despacho Armando Benedetti debido a que fue vinculado con una supuesta reunión con el ‘zar del contrabando’ en España, encuentro que él niega, se suma a otros casos que involucran a otras figuras clave del entorno político del primer mandatario como Laura Sarabia, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Sandra Ortiz, Olmedo López y su hijo, Nicolás Petro Burgos.

Nicolás Petro

Solo siete meses después de su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Petro enfrentó el primer gran golpe para su administración, uno proveniente de un flanco inesperado: su hijo mayor. Gracias a los testimonios de Day Vásquez, la entonces nuera del mandatario, el país y la Fiscalía se enteraron –en febrero de 2023– de que el exdiputado había recibido jugosas sumas de dinero por debajo de la mesa de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Marlboro’, a nombre de la campaña a la presidencia.

Dichos fondos se destinaron a la compra joyas, vehículos de alta gama, mansiones y otros lujos que hoy tienen a Nicolás Petro, de 38 años, al borde de un juicio público por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su propio padre le pidió a la Fiscalía que lo investigara. Y aunque, en su defensa, algunos aseguran que se trata de un caso que tan solo configuraría una estafa, su expediente está encadenado a otro que, de prosperar, podría sacudir los cimientos del propio Gobierno: la financiación de la campaña Petro Presidente.

Pedro Flórez y Agmeth Escaf

El exdiputado del Atlántico también señaló a dos importantes congresistas del Pacto Histórico: Pedro Flórez y Agmeth Escaf, este último cercano a Verónica Alcocer. Ambos parlamentarios están siendo investigados por su papel en la presunta financiación irregular y violación de topes de la campaña del presidente. 

Cabe mencionar que el hijo mayor del presidente los mencionó ante la Fiscalía como supuestas piezas clave en la recepción de recursos para la campaña de su padre. Petro Burgos declaró ante la Fiscalía que Escaf habría sido el supuesto enlace con el empresario barranquillero Christian Daes, mientras que Flórez actuaba como emisario del empresario Euclides Torres, quien, según su versión, enviaba dinero para financiar diversos eventos organizados en la campaña en la costa Caribe, incluyendo el evento de la ‘P’ de Petro en Barranquilla.

Ricardo Roa

En medio del proceso contra Petro Burgos, salieron a la luz audios y testimonios que revelan el presunto ingreso de millonarias sumas de dinero no registradas en los libros contables entregados por Ricardo Roa Barragán —gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol— a las autoridades electorales. Una de las líneas de investigación apunta directamente a Benedetti y al contratista Euclides Torres, quien admitió haber realizado aportes para la logística durante la etapa de la precampaña de Gustavo Petro.

Hay que recordar que el pasado 8 de octubre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y contra Roa por la presunta violación de topes electorales en una cuantía superior a los de 5.355 millones de pesos. Por este caso, la Procuraduría ya le había abierto una investigación disciplinaria. Roa también ha sido foco de cuestionamientos por la influencia que tendría su pareja, Julián Caicedo, en los negocios de Ecopetrol.

Olmedo López

Aunque inicialmente se creyó que el caso de Nicolás Petro iba a ser el escándalo que marcaría estos cuatro años de Gobierno, ninguno ha afectado tanto la gobernabilidad, capital político y favorabilidad del presidente Petro como la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El principal protagonista de este episodio es Olmedo López, exdirector de la entidad y vieja ficha de la izquierda. El principio del fin de la carrera del hoy imputado comenzó en febrero de 2024 con las revelaciones periodísticas sobre los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira. Los contratos, que no cumplían con los requisitos legales y técnicos, terminaron con la pérdida de los recursos.

Las revelaciones dieron paso a una denuncia penal del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, contra López, y a la divulgación de más detalles sobre la controvertida gestión del exfuncionario, que incluía la contratación irregular de maquinaria amarilla en varias regiones del país.

Sandra Ortiz

El episodio de los carrotanques fue solo la punta del iceberg de un escándalo mayor. Las denuncias de corrupción dentro de la entidad escalaron luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, confesó el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, a cambio de impulsar las reformas sociales del Gobierno.

Una pieza clave en todo el entramado fue Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y quien siempre estaba presente en los eventos organizados por el presidente Petro fuera de Bogotá. La exfuncionaria, imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, es señalada como la intermediaria para el pago de los millonarios sobornos.

Ortiz, según López y Pinilla, entregó 3.000 millones de pesos a Name que habrían ido a parar supuestamente a la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del expresidente del Senado. Los 1.000 millones restantes fueron entregados por el exsubdirector de la entidad a Calle en octubre de 2023, en Montería.

Carlos Ramón González

Durante la audiencia de imputación de cargos contra la Sandra Ortiz, que culminaron en la decisión de un juez de enviar a la cárcel a la exfuncionaria el pasado 18 de diciembre, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, fue señalado como uno de los cerebros detrás del pago de coimas. En las diligencias judiciales, la fiscal María Cristina Patiño indicó que fue en la oficina del exdirector del Dapre y del DNI, y además pieza clave en la campaña de Petro, se habría coordinado todo para facilitar el saqueo la unidad.

“Usted (Ortiz) en presencia de este (Carlos Ramón González) le solicitó a Olmedo López adicionar en 11.000 millones de pesos a un contrato que la UNGRD tramitaba en el departamento del Atlántico. En esta reunión, Carlos Ramón González le indicó a usted presentar a Name con Olmedo, para lo cual debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó”, dijo la fiscal durante la audiencia.

González, exmiembros del M-19 y cofundador de la Alianza Verde, ya aparece en los organigramas de la Fiscalía y, como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el ente acusador busca que Ortiz corrobore su versión para poder proceder a la imputación. “El caso sigue en preliminar. Hemos legalizado ante el Tribunal Superior de Bogotá elementos materiales probatorios para comprobar su inocencia”, le dijo Iván Cancino, su abogado, a este diario.

Ricardo Bonilla

Un testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, así como las declaraciones de López y Pinilla, han sido clave para entender el rol que habría tenido el exministro Ricardo Bonilla.

Según los confesos corruptos, Bonilla ejercía un control absoluto sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y les habría pedido gestionar de manera urgente tres contratos que sumaban 92.000 millones de pesos para proyectos relacionados con obras en varias regiones del país, incluidas una serie de obras para evitar las inundaciones en Saravena, Arauca, una zona bajo control del Eln, lo que planteó sospechas sobre la posible implicación de la guerrilla en el esquema de corrupción.

La presión sobre la UNGRD para gestionar estos contratos habría comenzado en diciembre de 2023, cuando Bonilla ordenó acelerar el proceso para cumplir con compromisos políticos, específicamente con congresistas, a cambio de apoyo en la aprobación de créditos internacionales. Esta urgencia coincidió con las aprobaciones de créditos por parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Entre los parlamentarios salpicados aparecen Wadith Manzur (conservador), Julián Peinado (liberal) y Karen Manrique (curul de paz), entre otros.

Benavides, por su parte, habló del papel del ministro Bonilla en el direccionamiento de los contratos y confirmó la participación en el entramado de Jaime Ramírez Cobo, exasesor Dapre. Según su testimonio, el exjefe de la cartera de Hacienda estaba al tanto de todos los detalles y autorizaba cada paso del proceso. Del plan también estarían al tanto el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la exjefe de la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Luis Fernando Velasco

Otro de los salpicados tras las revelaciones de López y Pinilla es el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien, según el testimonio del exdirector de la UNGRD, habría estado presente en un cónclave con altos funcionarios del Gobierno que reseñó la Fiscalía, y allí habría hablado sobre la entrega de 80.000 millones de pesos en contratos para asegurar votos en el Legislativo.

Velasco, quien estuvo en la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024, ha negado las acusaciones y retó a los imputados a presentar las pruebas de sus afirmaciones. “Estoy esperando que presente sus mentiras para demostrar el fraude procesal que le quiere hacer a la justicia. Hasta ahora lo que hace es dejar dudas, pero no ha presentado absolutamente nada”, dijo Velasco en una entrevista con este diario.

El exfuncionario, hay que recordar, declaró ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 7 de enero en medio de las investigaciones contra Name y Calle. Allí, Velasco desmintió su asistencia a un desayuno el 25 de septiembre y dijo no estar al tanto del supuesto “cónclave” de altos funcionarios de noviembre de 2023.

Armando Benedetti

La semana pasada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Benedetti por el delito de tráfico de influencias por su presunta participación en el entramado corrupto ligado a la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Con la decisión de la Sala, es la primera vez que el actual jefe de Despacho de la Presidencia de la República enfrentará juicio por uno de los siete casos que tiene en esa alta Corte. En cuatro de ellos, ya se ha avanzado a la apertura formal, mientras que otros tres siguen en indagación

A Benedetti lo señalan de direccionar la contratación de Fonade, por más de 1.000 millones de pesos, a favor de la empresa Certicámaras a cambio de coimas, cuando era senador. Una red criminal, en la que se les vincula junto a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, ambos condenados.

Su polémica más reciente tiene que ver justamente con las declaraciones de Augusto Rodríguez, el jefe de la UNP, durante el consejo de ministros. En ese espacio, el funcionario señaló: “el señor Benedetti no ha sido condenado (...) No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones, pero comenzaron con él el tema del señor Pitufo, y no sé dónde van a terminar. En la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Lo puedo sostener porque me lo dijeron".

Con esto quiso dar a entender que Benedetti habría tenido algún vínculo con alias Papá Pitufo durante la campaña del año 2022, a lo que Benedetti respondió en las horas siguientes al consejo de ministros con una denuncia por injuria y calumnia.

Laura Sarabia

Laura Sarabia, la hoy mano derecha del presidente Petro, pasó a ser parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del mencionado Benedetti, a ostentar el cargo más relevante de la política exterior del país. Antes de ocupar ese cargo, fue directora del Dapre, del DPS y jefa de gabinete, cargo del que salió en junio de 2023, luego de que su exniñera Marelbys Meza denunció que fue obligada a una prueba de polígrafo tras la pérdida de un maletín con dinero en efectivo de la casa de Sarabia.

Ante la Fiscalía, Laura Sarabia negó haber ordenado el uso del polígrafo, hecho por el que el coronel Carlos Alberto Feria ya fue imputado. El caso escaló cuando la Fiscalía reveló que Meza y Fabiola Perea, otra empleada de Sarabia, fueron víctimas de interceptaciones luego de que el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredi Morales presentaron informes falsos para sustentar estas acciones.

Por este caso, la Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia de conciliación para el próximo 31 de marzo, con el objetivo de discutir la indemnización millonaria que Fabiola Perea exige debido a los daños sufridos tras ser señalada como integrante del ‘clan del Golfo’

Además, Sarabia ha sido mencionada en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Todo arrancó con la divulgación de unos audios que Benedetti envió, presumiblemente, a Sarabia en los que se insinúa la comisión de delitos durante la campaña. 

En este caso, en el que no hay un proceso formal en su contra, Sarabia declaró bajo juramento ante la Corte Suprema que solo participó en la etapa de la consulta interpartidista y que se ausentó tanto en la primera como en la segunda vuelta debido a su embarazo.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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