Lo que hay detrás del deterioro que están teniendo las finanzas públicas de Colombia y qué riesgos hay

Cada vez hay más alertas sobre el deterioro que están teniendo las finanzas públicas. Al presupuesto desfinanciado por 12 billones de pesos que tendrá que sacrificar para el próximo año la inversión se suman los anuncios de un alto riesgo de entrar en default, es decir, que el Gobierno no pueda pagar sus obligaciones financieras y que el déficit fiscal acumulado hasta junio sea el mayor de los últimos 20 años. 

En medio de un contexto fiscal apretado, en parte debido al bajo recaudo tributario de la Dian y al menor flujo de caja por los 6,7 billones de pesos que se esperaban por la no deducibilidad de las regalías que la Corte tumbó y los 10 billones de pesos por el proyecto de ley de arbitramento de litigios que nunca llegó, el Gobierno se vio a finales de junio en la necesidad de hacer un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto de este año.

Con ese ajuste, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, admitió que el déficit fiscal alcanzaría en el 2024 el 5,6 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que representa 1,4 puntos más que lo reportado en el 2023 (4,3 por ciento) y sería la mayor cifra desde el 2021 (7 por ciento), pero que les permitiría cumplir con la regla fiscal gracias a que en los dos años anteriores sobrecumplieron la metas.

Poco más de un mes después, a finales de julio, el Gobierno radicó ante el Congreso su propuesta de presupuesto para el 2025 por un monto de 523 billones de pesos, de los cuales 12 billones de pesos eran y siguen siendo inciertos pues dependen de que se apruebe una nueva reforma tributaria. 

Esta sería la segunda del gobierno de Gustavo Petro —la primera fue la que aprobaron a finales del 2022 y que tuvo la meta más ambiciosa de la historia con la obtención de 20 billones de pesos— y contempla obtener 6 billones de pesos con nuevos impuestos y otros 5,6 billones de pesos vendrían de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025.

Entre otros, el Gobierno está proponiendo un IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar y a los vehículos híbridos, el incremento de la tarifa del impuesto al carbono, cambios en el tributo al patrimonio y en la operatividad de la Dian, entre otros. Adicional a ello, plantea una serie de incentivos tributarios como el de bajar de manera gradual la tarifa de renta que pagan hoy en día las empresas del 35 al 30 por ciento y que la de las pequeñas sea de 27 por ciento. Eso sí, las petroleras y mineras estarían excluidas.

El problema es que como algunos congresistas, en especial del Senado, no quieren pasarle al Ejecutivo su presupuesto con una tributaria incluida le negaron la semana pasada el monto, algo nunca antes visto, y quieren aprobarlo con uno menor. Entre tanto, el ministro Bonilla dice que no hay tal negación y que seguirá su curso normal. Sin embargo, si esta situación sigue igual de aquí al 20 de octubre al Gobierno le tocaría sacarlo por vía decreto.

Golpe a la inversión

De los 523 billones de pesos contemplados en el presupuesto del 2025, 327,9 billones de pesos irían a gastos de funcionamiento, lo que representa un 6 por ciento más que este año; 112,6 billones de pesos se destinarían para el pago de la deuda, un 19 por ciento más; y 82,4 billones de pesos se utilizarían para inversión, lo que supone una caída de 17 por ciento

Según las palabras del propio viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, esta situación es “un gran sacrificio” para el Gobierno en busca de demostrar responsabilidad económica. “Este presupuesto implica un gran sacrificio, pero somos responsables y queremos seguir cumpliendo y demostrando la responsabilidad económica”, opina.

Por el lado concreto de la inversión, según el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, 125 de 183 entidades sufrirían un recorte en el 2025 por un monto agregado de 24 billones de pesos. Las que más perderían serían el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), donde los recursos caerían 5,1 billones de pesos; la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría 3,4 billones de pesos menos; y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), otros 1,7 billones.

Después aparecen el Ministerio de Hacienda (-1,5 billones de pesos), el Fondo de las TIC (-1,4 billones de pesos), el Ministerio de Deporte (-0,9 billones de pesos), el Instituto Nacional de Vías (Invías) (-0,9 billones de pesos), el Ministerio de Minas y Energía (-0,5 billones de pesos) y el Ministerio de Educación (-0,5 billones de pesos). “Preocupa la reducción del presupuesto de inversión en entidades como Invías, Fonvivienda y la ANT, que tienen un gran potencial de encadenamientos y de impulsar la reactivación económica”, dice el informe.

Riesgo de ‘default’

En medio de estas discusiones, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, aseguró esta semana que la Nación se encuentra en alto riesgo de no poder pagar sus obligaciones financieras. “El país se encuentra en un alto riesgo de entrar en default al no tener la capacidad de seguir honrando los créditos que tiene, en especial, con la banca multilateral”, aseguró.

Esta situación se da porque la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, salpicada hace unos meses en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), debe siempre tener un concepto previo (ya sea positivo o negativo) y no vinculante de cada crédito. Sin embargo, esta no ha logrado armar quorum.

“Hasta por seis ocasiones se le ha puesto en consideración la necesidad de permitirle al Gobierno Nacional la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de créditos de banca multilateral que se necesitan para seguir honrando el pago de crédito y servicio de deuda”, reclamó Acosta.

No obstante, algunos congresistas de la Comisión como Saray Robayo, de ‘la U’, aseguraron que el Gobierno no solo está buscando los recursos para pagar la deuda, sino para el gasto público. “Esta Comisión está dispuesta a aprobar lo relacionado para cubrir con los compromisos exclusivamente para pago de deuda, pero no entendemos por qué en los documentos que nos presentan incluso buscan recursos para financiar temas de género, y menos cuando los ministerios responsables no cumplen con la ejecución del presupuesto”, sostuvo.

Adicional a ello, en los últimos días también se conoció que el déficit fiscal del Gobierno fue de 55,7 billones de pesos en el acumulado del primer semestre, lo que representa 3,3 por ciento del PIB y, según la firma especializada en análisis económico y legislativo Dapper, se configura como el peor de ese periodo de los últimos 20 años, incluso superior a las cifras presentadas en la pandemia.

“La senda del alto déficit fiscal que tenemos es altamente preocupante. Implica otra reforma tributaria, recortar gasto social y de inversión o emitir más deuda”, sentenciaron los analistas.

Alerta de la Ocde

Álvaro Pereira, economista en jefe de la Ocde.

Foto:Milton Díaz. El Tiempo

En los últimos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó un informe sobre Colombia en el que sostuvo que la economía sigue en su proceso de recuperación pero necesita una política fiscal prudente, así como elevar los niveles de inversión y llevar a cabo una serie de reformas que sean realmente estructurales, lo que implica poner a pagar más renta a las personas naturales, algo que no hace la última tributaria.

“Colombia necesita revitalizar la inversión para impulsar la productividad y desbloquear su potencial para un crecimiento fuerte y sostenible a largo plazo”, indicó Álvaro Santos Pereira, economista en jefe del organismo, quien resaltó que esta se desaceleró en los últimos meses debido a los altos costos de endeudamiento, criterios más estrictos para otorgar préstamos como consecuencia de una política monetaria más restrictiva y la baja confianza empresarial.

Y añadió: “es importante hacer una verdadera reforma integral. Colombia ha implementado 21 tributarias en las últimas dos décadas, pero los ingresos siguen siendo bajos. Muchas veces solo se hacen pequeños ajustes”.

Agro jalona pero industria y comercio van lentos

La economía arrancó el tercer trimestre en positivo. En julio del 2024, según el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) que mide el Dane, la actividad presentó un crecimiento anual de 3,68 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en lo corrido del año (de enero a julio), el aumento ha sido de 1,89 por ciento. Si bien los grandes jalonadores fueron el agro y el sector público, todavía hay un lento avance en actividades claves como la industria manufacturera y el comercio.