'Lo que están haciendo es quitar la fase judicial a la expropiación': SAC

La palabra “seguridad” es una de las expresiones que posiblemente sintetiza mejor la necesidad de enfrentar riesgos y amenazas.

En Colombia, “tutela” es el equivalente a derecho de amparo, como se conoce en otros estados y es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de cada persona. Es la figura más popular que creo la constitución del año 91 y significa la “seguridad” de que el reclamo al reconocimiento de sus derechos será atendido por las autoridades respectivas.

Toda la normatividad requiere, sin excepción, seguridad jurídica. Y es que, precisamente, la falta de seguridad, en todas sus acepciones, es una de los más preocupantes problemas que enfrenta nuestro país.

El presidente de la sociedad de agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, en diálogo con este cronista para EL TIEMPO, critica la efectividad de los decretos dictados para hacer frente a los graves problemas de seguridad que atraviesan zonas como el Catatumbo, como Norte de Santander, como Cauca y Arauca. El alto funcionario, es master en política pública de Harvard University, John f. Kennedy school of Government Cambridge; magister en economía.

Bedoya da al comienzo su opinión sobre las medidas dictadas por el gobierno para enfrentar la grave crisis que afronta la zona del Catatumbo. Afirma Bedoya:

"Lo primero que hay que decir es que la situación de Catatumbo no se va a resolver con esos decretos. Alla lo que hay es un problema muy serio de seguridad", asegura.

Dicen analistas, que una de las medidas contenidas en un decreto de conmoción, revive la llamada 'expropiación exprés'… ¿Le parece?

-Toda esta crisis, no se va a resolver tampoco por la vía de los decretos que han sacado en materia de la autorización de la expropiación administrativa.

¿Por qué? 

Porque, pues, tenga usted presente que la gente necesita tierra, la gente necesita crédito, pero para gozar de esos derechos, lo primero que se requiere es la condición de seguridad. Y lo segundo: el decreto establece que es, “para finalizar, procesos de adquisición directa en curso en los municipios en donde se está desarrollando la emergencia”. Hay que aclarar en dónde es que se van a hacer las expropiaciones por vía administrativa para el cumplimiento de lo que pretende el Gobierno. Pero le reitero, para nosotros abordar esta situación solo bajo la lógica de la expropiación, no es consecuente con la realidad del territorio.

En EL TIEMPO, la representante Katherine Miranda, comentó que “lo que no hemos pasado en el congreso, ahora lo quieren pasar por conmoción interior...”

Pues, evidentemente lo que están haciendo es quitar la fase judicial por la vía de la expropiación administrativa. Porque de acuerdo a lo que dice la Ley 15 23 de 2012, esta expropiación sería decretada directamente por el representante de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces aquí están quitando de plano la fase judicial para procesos de expropiación enmarcados en la declaratoria de la conmoción interior. Eso es así tal cual. Lo más importante, es que haya seguridad física en el territorio, Inversión, carreteras, salud, educación Y eso no se resuelve decretos de conmoción

¿Los procesos agrarios deben tener fase judicial?

Yo creo que el gobierno debería ser absolutamente claro si va a seguir insistiendo en que los procesos agrarios no tengan fase judicial para que ya el Congreso y en este caso la Corte Constitucional, le haga una serie de revisión a los decretos de la conmoción interior donde se incorpora la expropiación por la vía administrativa.

El gobierno en la jurisdicción agraria si estaba dejando que la expropiación tuviera la fase judicial, pero aquí lo que está haciendo es quitarle la fase judicial a la expropiación, hacer una venta forzada, así sea para la situación que hoy se presenta en el Catatumbo. Y por eso yo me pregunto será que entonces nos vamos a llenar de situaciones similares en las zonas donde lo que se debe estar haciendo es combatiendo a los grupos terroristas, como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y restaurar el orden público que tanto se ha deteriorado.

Entonces, ¿el derecho a la propiedad privada está en riesgo en este momento?

En el Catatumbo. Evidentemente aquí se está vulnerando el tema de lo que hace parte de la fase judicial para la expropiación, porque esta es una situación específica para el Catatumbo, para los procesos de los que lleva la Agencia Nacional de Tierra en este momento, los procesos de adquisición directa en curso, pero pues obviamente usted entenderá que eso le genera una gran preocupación al resto de las zonas de producción agropecuaria de nuestro país.

Y se trata de una medida que pone en riesgo el control judicial y la legítima defensa de la propiedad privada

Sí, porque ya no habrá lugar a que el propietario decida si la quiere o no vender, sino que será una venta forzada. Eso sí, es como el espíritu verdadero de esa expropiación que decretaría la Agencia Nacional de Tierras sin la participación de un juez. Y evidentemente, como lo hemos dicho desde el principio, frente al tema de los procesos agrarios, es una gran inconsistencia por parte del Gobierno que se le quite la fase judicial a los mismos, así sea en el marco de la conmoción interior.

El concepto de algunos expertos y comentaristas sobre este tema es que los decretos de conmoción reabren el debate de la expropiación de tierras. ¿Usted qué opina? ¿Es así?

Es el tema de debate. Y empieza nuevamente en el congreso, el trámite del proyecto de Jurisdicción Agraria. Yo aquí aprovecho y le hago un llamado al Congreso de la República para que en lo que falta del debate de la jurisdicción agraria se garantice que todos los procesos agrarios mantengan la fase judicial.

¿Los decretos pueden colocar en peligro la propiedad privada de algunas tierras?

Pues en este caso para la zona del Catatumbo. Lo que está haciendo el Gobierno es quitar la fase judicial y buscar a través de la conmoción interior, simplemente hacer unas ventas forzadas. Yo creo que para quienes hoy están en procesos de adquisición directa en curso, sin duda alguna, esto genera alertas y si esto lo van a replicar en el resto del territorio, pues evidentemente genera preocupación. Pero a propósito del debate que vuelve a iniciar de la jurisdicción agraria, el Congreso tendrá una gran responsabilidad para garantizar que no nos vayan a meter por la puerta de atrás la eliminación de la fase judicial para los procesos agrarios.

Entonces, ¿la Sociedad de agricultores de Colombia, SAC, se opone a la medida?

Se lo digo muy claramente, La SAC se opone a que se le quite la fase judicial a los procesos agrarios, porque sería una gran inconsistencia del Gobierno que dice defender el acuerdo de paz y que los procesos agrarios tienen la fase judicial a través del decreto Ley 902 del 2017 y también es una gran inconsistencia del Gobierno quitar la fase judicial a procesos agrarios, cuando a la vez está creando una jurisdicción agraria; crear justicia agraria y crear jueces agrarios para quitarles funciones, es una gran inconsistencia y aquí lo que están haciendo es destapar nuevamente una discusión que va a generar mucho debate en el trámite que le resta a la jurisdicción agraria en el Congreso de la República.

¿Qué piensa hacer la Sociedad de Agricultores, doctor Bedoya en forma oficial?

Lo primero: nosotros advertiremos de esta situación de la manera que corresponda a la Corte Constitucional, a quien le pediremos que confirme que la aplicación de esta expropiación no puede extenderse a nuevos procesos de compra. Lo segundo. Pediremos al Congreso de la República que tenga un gran cuidado a la hora de la discusión de lo que queda del trámite de la jurisdicción agraria para insistir en lo que hemos dicho desde el principio, que todos los procesos agrarios deben mantener la fase judicial y obviamente entendiendo que esta es una situación puntual para una zona específica de nuestro país.

-Los comentaristas dicen que el tema ha revivido un viejo debate sobre esta figura que ha sido rechazada en varios proyectos de este Gobierno, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo. “Lo que no hemos aprobado en el Congreso, ahora quieren hacerlo por conmoción interior. Quieren volver a meter la expropiación exprés eliminando el debate. Sin el debido proceso. La falta de control judicial y la legítima defensa de la propiedad privada", dicen miembros del congreso. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?

-Pues lo primero es que hay que entender que esto solo aplica para las zonas de los municipios que están en los decretos, pero indiscutiblemente revive un debate.

- El decreto obviamente se circunscribe al Catatumbo, pero eso genera obviamente una gran discusión frente a lo que queda del trámite en plenaria de la jurisdicción agraria en el Congreso de la República. El Gobierno Nacional, en el debate de la jurisdicción agraria, siempre dijo que se mantenía la fase judicial para la expropiación y así está consignado en el proyecto de ley. Pero el Gobierno pretendía quitarle la fase judicial al resto de procesos agrarios. Fue gracias al papel de los congresistas que se logró que la extinción de dominio, por ejemplo, mantenga la fase judicial igual que otros procesos agrarios. Por eso el llamado que le hacemos al Congreso de la República es : mucho cuidado! Hay que estar alertas en lo que se viene en las plenarias, porque aquí lo que se debe garantizar es que se mantenga la fase judicial para los procesos agrarios, como lo establece el decreto Ley 902 del 2017 y como debe ser lo lógico a la hora de crear una justicia agraria. ¿Para qué crear jueces agrarios si se le van a quitar competencias en materia de procesos agrarios? Hoy lo que el Gobierno nacional, por más bien intencionado que pueda llegar a ser en materia de tierras en el Catatumbo, sí genera una alerta de lo que puede llegar a ser el trámite final de la jurisdicción agraria en el Congreso de la República.

Alerta que podría incluir un debate sobre la propiedad privada…

Claro, Yamid. Es que la jurisdicción agraria es tal vez el corazón del debate sobre la seguridad jurídica para la propiedad de nuestro país. Porque quitarle la fase judicial a procesos agrarios y dejar todo en manos de la Agencia Nacional de Tierras con la excusa de que se quiere que sea más ágil, pues evidentemente es un contrasentido. Si usted va a crear una jurisdicción agraria y va a contratar o va a tener nuevos jueces, pues a eso debería el gobierno darle celeridad. Pero usted lo que no debe hacer es quitarle las garantías de los procesos judiciales a los agentes económicos y dejar todo en cabeza de una entidad del Ejecutivo como la Agencia Nacional de Tierras.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO